El pasado 22 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los resultados provisionales de la estadística de menores con datos referidos a 2015.

Aclaraciones metodológicas

Mis trabajos en el área de educación de adolescentes privados de libertad fueron desarrollados con el múltiple propósito de, por un lado, intervenir en la realidad de los detenidos, es decir, grosso modo, incidir en su conducta y, de ser posible, en la construcción de su subjetividad; y, por otro, realizar un diagnóstico, para poder trazar perspectivas que pudieran ser evaluadas y corregidas regularmente, implementando técnicas propias de la investigación cualitativa, como la observación participante o herramientas de etnometodología. (Garfinkel, 1967) (Agustín Bueno Bueno, 2002).

  • Cualquier adulto en contacto con jóvenes detenidos puede resultar “su Referente, su Otro” e intervenir en forma pedagógica en su vida.
  • No existen razones de fondo que impidan trabajar, al mismo tiempo o de forma integrada, controlando al detenido y estableciendo con él lazos empáticos o de características no represivas.
  • Se entiende que la “seguridad” depende del “vínculo”.

El pasado 26 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los resultados provisionales de la estadística de menores con datos referidos a 2013.

En ella analiza la información recogida en el registro de sentencias de responsabilidad penal de los menores, en el que se inscriben las sentencias firmes dictadas por los jueces de menores y que en la actualidad es la única fuente que permite un conocimiento global de la evolución de la delincuencia juvenil en España.

Hoy se cumplen 64 años de aquel 10 de diciembre de 1948, cuando la 183ª Asamblea General de la ONU adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En relación con los menores de edad, el texto de la DUDH sólo se refiere a ellos en un único precepto (el Art. 25.2) al  afirmar, de forma genérica, que tanto la infancia como la maternidad tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Para ampliar este ámbito de actuación, el conjunto de órganos y organizaciones que conforman el denominado Sistema de las Naciones Unidas ha venido desarrollando desde entonces un conjunto de reglas, directrices y observaciones de carácter mínimo –de modo que sean válidas para la pluralidad de sistemas jurídicos que coexisten en el mundo– que deben aplicarse a la hora de exigir la responsabilidad penal a los menores que hayan cometido un hecho delictivo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una primera declaración muy genérica –la A/RES/2037 (XX), de 7 de diciembre de 1965– que proclamaba, entre otros principios, los ideales de educar a los jóvenes en el espíritu de la dignidad y la igualdad. Quince años más tarde, la cuarta resolución del VI Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente [Caracas, del 25 de agosto al 5 de septiembre de 1980] se comprometió a elaborar unas normas de justicia juvenil, donde se especificó que dichas reglas tendrían que reflejar el principio básico de que la prisión preventiva se utilizaría solo como último recurso, que no debía mantenerse a ningún menor en una institución donde pudiera recibir la influencia negativa de los reclusos adultos y que siempre debían tenerse en cuenta las necesidades propias de su estado de desarrollo.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es uno de los organismos especializados que forman parte de la Organización de los Estados Americanos; su objetivo es promover y proteger los derechos humanos en este continente y, con ese propósito, su informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, de 2011, analizó la situación en los distintos Estados miembros de la OEA. Las principales conclusiones de la CIDH –que no ahorra críticas y, en ciertas ocasiones, reconoce con preocupación graves carencias y ciertas prácticas– fueron en algunos momentos demoledoras. Comienza recordando que este sistema debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes todos los derechos reconocidos para los demás seres humanos pero, además, debe garantizar la protección especial que se les debe suministrar en razón de su edad y etapa de desarrollo, conforme a los objetivos principales del sistema de justicia juvenil: la rehabilitación de los niños y su formación integral y reinserción social a fin de permitirles cumplir un papel constructivo en la sociedad.

Ramón Barrios Serrano es un joven de 18 años que el pasado 9 de julio falleció en el Centro Teresa de Calcuta de la Comunidad de Madrid, cuando cumplía una medida de permanencia de fin de semana impuesta al amparo de la popularmente conocida como ley del menor.

Sus causas aún no han sido esclarecidas y en el momento de escribir estas líneas estaba pendiente la petición de la familia de que se llevase a cabo una segunda autopsia, al no mostrarse conformes con que su muerte fuera por causas naturales.

La necesidad de modificaciones en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores

 

En estas semanas se ha hecho pública la condena de los dos secuestradores del atunero español “Alakrana”, que fueron detenidos y traslados a España.

 

Lejos parece quedar el ridículo que el gobierno podía haber hecho cuando se cuestionó la mayoría de edad de alguno de ellos. En muy pocos casos se ha invertido tanto tiempo y tantos esfuerzos para acreditar que un extranjero indocumentado era mayor de edad. Generalmente, las dificultades científicas para hacer una determinación de edad hacen que la misma se fije dentro de una horquilla, que en su extremo inferior sitúa a la persona por debajo de la minoría de edad y en su extremo superior por encima de dicha edad, considerándose automáticamente a la persona como menor de edad (Circular 2/2006, de 27 de julio, de la Fiscalía General del Estado). En el caso del “Alakrana”, esto hubiera supuesto la imposibilidad de enjuiciarle en España por esos hechos, la obligación de ponerlo en libertad y de repatriarle o acogerle en un centro de protección.