El 2 de noviembre de 1993,  el Estado de Washington –en la costa Oeste de los EE.UU.– aprobó los dos artículos de la breve y pionera Persistent Offender Accountability Act (literalmente: Ley de responsabilidad de los delincuentes reincidentes).

No es extraño escuchar a tu vecino del cuarto, al panadero o los abuelos que se paran horas a mirar las obras del barrio, decir frases como “éste país está lleno de chorizos, las cárceles están más llenas cada día”. Tampoco es algo fuera de lo común que el político populista de turno afirme con rotundidad sentencias como “la delincuencia sigue aumentando, nuestras prisiones se quedan sin espacio”, seguidas por conclusiones precipitadas merecedoras de collejón: “hay que construir nuevos centros penitenciarios”. La primera situación podría ser definida como un problema de falta de información; la segunda como un problema de desinterés interesado con fines populacheros. No quiero ser catastrofista, pero volvemos a estar delante del mismo problema de siempre: la población vuelve a perder y el político vuelve a ganar. El político generará miedo en la población, dirá que hay un grave problema de delincuencia en las calles y será tan osado de decir que él tiene la solución para erradicarlo, aumentar las penas e inventar nuevos delitos. ¿Esto beneficiará al vecino del cuarto, al panadero o a los abuelos? No. La delincuencia no disminuirá, pero la población penitenciaria sí aumentará.

Para castigar a un hombre es necesario injuriarlo.

Para reformarlo, es necesario mejorarlo. Y los

hombres no son mejorables a través de injurias.

Bernard Shaw

“Tras reunirse con el padre de Marta del Castillo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón anunció ayer una vuelta de tuerca más en el código penal para endurecer las penas a los agresores sexuales más peligrosos. El gobierno introducirá una medida que denomina “custodia de seguridad” mediante la cual el tribunal podrá dejar en prisión a un reo hasta diez años más, en función de su peligrosidad”