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Juan Antonio Carreras Espallardo. Policía Local - Criminólogo

Las pruebas aportadas por los detectives privados en el proceso civil han sido históricamente discutidas, sobre todo en la justificación del valor probatorio de las mismas, amén de la naturaleza que hemos de conferirles. Se discute si las pruebas que aportan, sus informes, tienen el valor de documentales, testificales o periciales.

Si partimos de la base, de lo más elemental, nos encontramos con que la Constitución Española es la primera en reconocer el derecho de las partes del proceso judicial a aportar los medios de prueba que consideren pertinentes para defenderse, por eso sí, siempre que sean pertinentes, ya que no es un derecho pleno que reconozca todo tipo de pruebas, y ya estamos pensando en esas que se obtienen de forma ilícita.

Introducción

La evolución de la actividad profesional del detective privado en los últimos años ha sido de gran relevancia. Antes relegado únicamente a las investigaciones referentes a temas de familia y, hoy en día, inmerso en la obtención de información sobre aspectos tan distintos como el blanqueo de capitales, la estafa, el delito urbanístico, el fraude a la Seguridad Social, etc.

Todo esto nos ha llevado a que los requisitos para poder ejercer como detective privado en España se hayan endurecido. Hace unas décadas era suficiente carecer de antecedentes penales y solicitar una autorización administrativa. Actualmente, hay que estar en posesión del Bachiller Superior y superar tres años de estudios en la Universidad.

Esto ha implicado que los detectives privados de hoy en día tienen una mayor formación, siendo incluso, la cualificación de un detective español muy superior a la del resto de sus colegas europeos.