En los últimos días, diversos medios de comunicación españoles nos han dejado perplejos con noticias que llenaban de estupor, incredulidad y vergüenza ajena: El Estado pagó 40.000 euros por viudedad al asesino de su esposa (El País, 09/12/2011); El parricida de Laguna [de Duero, Valladolid] lleva cobrando la pensión de viudedad más de una década (El Norte de Castilla, 15/12/2011)… En ambos casos, dos hombres –condenados mediante sentencia firme por asesinar a sus respectivas esposas– están cumpliendo su condena en prisión y cobrando, al mismo tiempo, la pensión de viudedad causada por la fallecida (que, no olvidemos, murió porque el beneficiario de la pensión acabó con su vida). Si la situación no fuera tan indignante, sería cuando menos surrealista.

El problema es que nuestro ordenamiento jurídico ya previó este efecto, precisamente, para que no sucediera: El Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, reguló el Registro central para proteger a las víctimas de la violencia doméstica, estableciendo un sistema de coordinación entre los secretarios de los juzgados y tribunales y aquellos puntos de coordinación designados por la Comunidad Autónoma para comunicarles las órdenes de protección de estas víctimas.

Aquella norma se modificó un año después con el Real Decreto 513/2005, de 9 de mayo, pero la evolución del fenómeno de la violencia doméstica y de género aconsejó profundizar en la protección de las víctimas; por ese motivo, se aprobó el Real Decreto 660/2007, de 25 de mayo: en primer lugar adoptando las medias necesarias para evitar este tipo de actuaciones y en segundo lugar impidiendo que el maltratador pueda obtener un beneficio directo o indirecto de su actuación. Expresamente, este Reglamento ya señalaba que el intercambio de información y la coordinaciónentre el Registro de protección a las víctimas de violencia doméstica, la Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Hacienda pueden evitar efectos indeseables en la generación de pensiones u otros beneficios sociales.

Con esta última reforma, se dio nueva redacción al Art. 8º.4 de aquel Real Decreto que reguló el Registro central para proteger a las víctimas de la violencia doméstica, en 2004, estableciendo que: El Encargado del Registro central de protección a las víctimas de la violencia doméstica comunicará al menos semanalmente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina y a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a los procedimientos terminados por sentencia firme condenatoria que se inscriban en dicho Registro por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o ex cónyuge o estuviera o hubiera estado ligada a él por una análoga relación de afectividad a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Este es –en definitiva– el texto que nos interesa. La mencionada disposición adicional primera no puede ser más clara: Pensiones y ayudas: 1. Quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o excónyuge, perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del Sistema Público de Pensiones causada por la víctima, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos. 2. A quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o excónyuge, o estuviera o hubiera estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, no le será abonable, en ningún caso, la pensión por orfandad de la que pudieran ser beneficiarios sus hijos dentro del Sistema Público de Pensiones, salvo que, en su caso, hubiera mediado reconciliación entre aquellos.

Es decir, tenemos todos los elementos jurídicos necesarios y la ley está muy clara; sólo resta pedir que esa coordinación administrativa funcione para que no vuelvan a repetirse estas auténticas aberraciones.

Llamar “zorra” a la esposa, no es un insulto según la Audiencia de Murcia, que ha revocado una condena por amenazas a un hombre que entre otros insultos, llamó “zorra” a su mujer y le aseguró al hijo de ambos que “la vería en una caja de pino”. Las razones del juez Juan del Olmo ponente de las sentencia son que la palabra “zorra” no siempre proyecta “desprecio o menosprecio a la dignidad de la mujer” porque tiene otras acepciones como por ejemplo la de persona astuta, y que dicha palabra no es expresiva de una posición de dominio o una exigencia de sumisión.

El derecho fundamental a la igualdad (art. 14 de la Constitución Española) ha pasado una auténtica prueba de fuego en el Tribunal Consitucional en la resolución de las diversas cuestiones de constitucionalidad palanteadas respecto a las normas penales incluidas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Protección Integral contra la Violencia de Género y que reformaron diversos preceptos del Código Penal otorgando un trato privilegiado a las mujeres que tengan o hayan tenido pareja masculina respecto al resto de las personas.

Últimamente me siento preocupada porque cada vez que voy a los juzgados pierdo un poco más la empatía hacia los problemas concernientes a la violencia de género, (este término ya de por si me "espanta"). Quiero en primer lugar afirmar con rotundidad que estoy totalmente en contra de cualquier tipo de violencia y por supuesto que la violencia contra la mujer o/y contra el hombre en su reflejo más grave merece todo el peso de la ley.

Sin embargo, la actual ley ha demostrado en sus años de vigencia que penas más duras no supone una disminución de los delitos y la exagerada discriminación positiva en favor de la mujer no ha tenido reflejo en menos muertes de estas, sino todo lo contrario y además supone para algunos casos un "arma de doble filo" poniendo al hombre en una posición no sólo dificil sino también cuanto menos injusta en ciertas ocasiones. Muchos asuntos realmente graves y preocupantes nunca llegan a los juzgados ni son denunciados mientras que los menos graves abarrotan el sistema de justicia penal.

Evolución de los feminicidios de pareja en España desde la Ley de Violencia de género

Evolución de los feminicidios de pareja en España desde la Ley de Violencia de género

El día de ayer sacó a la palestra una vez más dos posibles casos de violencia de género, uno en Almería y otro en Madrid. Con pocas horas de diferencia, dos mujeres fueron atacadas con arma blanca por parte de su ex-pareja (Almería) y pareja (Madrid) respectivamente. En ninguno de los dos casos existía una sola denuncia previa de maltrato por parte de la mujer. Y esto, aunque parezca sorprendente, suele ser la norma cuando se trata de mujeres asesinadas por su pareja.

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