I.- Introducción.

La Constitución española propugna la libertad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico -artículo 1.1 CE-. De esta forma, la libertad de los ciudadanos en un Estado de Derecho debe de ser  la regla general y no la excepción, reconociendo nuestra Constitución  su importancia cuando la configura, no sólo como un valor superior del ordenamiento jurídico, sino además como un derecho fundamental -artículo 17 CE- vinculado directamente con la dignidad de la persona y cuya trascendencia estriba, precisamente, en ser el presupuesto de otras libertades y derechos también fundamentales.

La respuesta del Tribunal Supremo ha sido muy explícita. La sentencia 992/2010¹, de 8 de enero, afirma que El Estado de Derecho nunca debe abdicar, obviamente, de sus más elementales esencias, como lo es sin duda el respeto a la dignidad del ser humano, en aras de un relativismo cultural que aloje el fundamento de la decisión penal en las creencias, opiniones o costumbres de un determinado grupo, con el grave riesgo que ello por añadidura supondría para la adecuada protección de las víctimas, como titulares últimos de tales valores básicos. Esta sentencia puso fin a un proceso que se inició cuando se produjeron los hechos, en junio de 2007.