Javier Nistal Martínez

Javier Nistal Martínez

Abogado

I.- Planteamiento

El pasado día 11 de enero de 2013, se inauguró  en la sede de la policía europea (EUROPOL) en La Haya, el  Centro Europeo del Cibercrimen (EC3), por sus siglas en inglés, como reacción contra  los actos de grupos del crimen organizado que gozan de una "Era de Oro" en la “Red”. El Centro Europeo del Cibercrimen buscará proteger a empresas, administraciones públicas y usurarios frente a los peligros del mundo virtual de internet, que si bien ofrece conocimientos educativos y recursos de todo tipo, también permite que se cometan a través de él actuaciones ilícitas como el fishing -adquirir información confidencial-, el grooming -conocer a menores con fines sexuales-, o el cyber-bullying -acosar a alguien-, etc.

I.- Introducción.

La Constitución española propugna la libertad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico -artículo 1.1 CE-. De esta forma, la libertad de los ciudadanos en un Estado de Derecho debe de ser  la regla general y no la excepción, reconociendo nuestra Constitución  su importancia cuando la configura, no sólo como un valor superior del ordenamiento jurídico, sino además como un derecho fundamental -artículo 17 CE- vinculado directamente con la dignidad de la persona y cuya trascendencia estriba, precisamente, en ser el presupuesto de otras libertades y derechos también fundamentales.

I.- La prescripción

1.- Concepto

La prescripción del delito es una institución de suma importancia ya que supone una autolimitación o renuncia del Estado al “ius puniendi” por el transcurso del tiempo. Constituye la prescripción del delito una causa legal de extinción de la responsabilidad criminal de las previstas en el artículo 130.6º del Código Penal, a la que podemos conceptuar como una institución jurídica mediante la cual se limita el ejercicio de la potestad punitiva del Estado estableciendo unos plazos legales que, una vez transcurridos, impiden la persecución del delito cometido.

Requisitos y fines

I.- La justificación de la medida de prisión provisional

La prisión provisional constituye un elemento relevante como instrumento del Estado de derecho para dotarse de un conjunto de medidas que garanticen la seguridad ciudadana y la efectividad de la lucha contra la criminalidad. La sociedad democrática no puede consentir  que la comisión reiterada de delitos, aunque no sean especialmente graves, genere un alto nivel de inseguridad ciudadana, por ello, cobra especial relevancia la actuación del sistema jurídico de un Estado de derecho, que puede corregir con especial firmeza esta situación mediante el instrumento de la prisión provisional. En este sentido cobra especial relevancia la figura de la prisión provisional en cuanto medida cautelar de carácter personal que se traduce en una privación del derecho a la libertad y que forma parte del deber estatal de perseguir eficazmente el delito y el de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano. Como ya expresara la STC 41/82, de 2 de julio, y recuerda la Instrucción de la Fiscalía General del Estado nº 4/2005, sobre motivación por el Ministerio Fiscal de las peticiones solicitando la medida cautelar de prisión provisional o su modificación.