La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es uno de los organismos especializados que forman parte de la Organización de los Estados Americanos; su objetivo es promover y proteger los derechos humanos en este continente y, con ese propósito, su informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, de 2011, analizó la situación en los distintos Estados miembros de la OEA. Las principales conclusiones de la CIDH –que no ahorra críticas y, en ciertas ocasiones, reconoce con preocupación graves carencias y ciertas prácticas– fueron en algunos momentos demoledoras. Comienza recordando que este sistema debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes todos los derechos reconocidos para los demás seres humanos pero, además, debe garantizar la protección especial que se les debe suministrar en razón de su edad y etapa de desarrollo, conforme a los objetivos principales del sistema de justicia juvenil: la rehabilitación de los niños y su formación integral y reinserción social a fin de permitirles cumplir un papel constructivo en la sociedad.

Con la trascendental sentencia de 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –ubicada en San José (Costa Rica)– resolvió el llamado Caso Barrios Altos reabriendo la investigación judicial sobre aquella masacre; reparando los daños morales y materiales a los familiares de las víctimas y, sobre todo, derogando la Ley peruana nº 26479 que concedió una amnistía general a personal militar, policial y civil que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones entre 1980 y 1995; así como la Ley 26492 que la desarrolló para entorpecer la labor de la Justicia.

Los hechos ocurrieron la noche del 3 al 4 de noviembre de 1991, cuando 6 individuos fuertemente armados y cubiertos con pasamontañas –miembros de un “escuadrón de eliminación” del ejército– llegaron al vecindario de Barrios Altos, en Lima, montados en dos coches policiales todoterreno; entraron en una casa donde se estaba celebrando una “pollada” (fiesta para recaudar fondos para reparar el edificio), obligaron a los asistentes a tumbarse en el suelo y abrieron fuego contra ellos, matando a 15 personas e hiriendo gravemente a otras 4 antes de huir con las sirenas de sus coches encendidas. Se encontraron 111 cartuchos y 33 proyectiles del mismo calibre procedentes de ametralladoras.

El procedimiento abierto por los tribunales se topó con la jurisdicción militar que reclamó su competencia para procesar el caso; pero, finalmente, el Congreso peruano aprobó en 1995 una Ley de Amnistía aplicable a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias, investigaciones, procedimientos o condenas, o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisión, por violaciones de derechos humanos; lo que supuso el archivo definitivo de las investigaciones judiciales y evitó la responsabilidad penal de los autores de la masacre.

Tras un gran debate interno que enfrentó a los tres poderes del Estado, una jueza, Antonia Saquicuray, decidió no aplicar aquella amnistía en los procesos penales que aún estuvieran pendientes en su juzgado, por lo que el Congreso enmendó la primera ley con una segunda para que ningún juez pudiera pronunciarse sobre su legalidad; el Caso Barrios Altos acabó en la Corte Interamericana gracias a una denuncia presentada el 30 de junio de 1995 por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en contra de Perú por otorgar la amnistía a los agentes estatales responsables de aquellos asesinatos.

Su importante sentencia de 2001 consagró la nulidad de las leyes de autoamnistía así como el fin de la impunidad de los crímenes cometidos por los Estados. El juez Cançado Trindade resumió perfectamente el sentido de esta resolución en su voto particular: No hay que olvidarse jamás que el Estado fue originalmente concebido para la realización del bien común. El Estado existe para el ser humano, y no viceversa. Ningún Estado puede considerarse por encima del Derecho, cuyas normas tienen por destinatarios últimos los seres humanos

El 26 de julio de 1953, el joven abogado cubano Fidel Castro –que con el tiempo sería comandante para unos y tirano para otros– lideró a un grupo de guerrilleros que se oponían al gobierno del dictador Fulgencio Batista, asaltando el cuartel Moncada, situado a las afueras de la ciudad de Santiago de Cuba. La operación fue un rotundo fracaso y terminó con la muerte de casi todos los guerrilleros; exceptuando al propio Fidel que consiguió escapar hasta que, finalmente, fue detenido y juzgado por el asalto, momento en el que dijo al tribunal su famosa frase de la historia me absolverá.

El gaditano Segismundo Moret (1838/1913) fue un prestigioso político liberal, abogado especializado en asuntos financieros y tributarios, escritor, diputado, secretario de la Asamblea que redactó la Constitución de 1869 –el texto más completo y avanzado que tuvo España hasta entonces porque sentó las bases para establecer una auténtica declaración de derechos y libertades– y, finalmente, Ministro de Ultramar en el Consejo presidido por el general Prim.