Carlos Pérez Vaquero

Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

Bajo la extensa rúbrica del Derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad; pena de muerte, no existirá; debido proceso; igual protección de las leyes; menoscabo de contratos; propiedad exenta de embargo, la sección 7 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado [ELA] de Puerto Rico, de 1954, establece que se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo. A pesar del elocuente tenor literal de este precepto –claramente abolicionista– el peculiar marco jurídico de esta isla caribeña ha generado una singular anomalía que permite la ejecución de una persona.

En 2008, un ciudadano de Sierra Leona solicitó asilo en España alegando que había huido de su país de origen porque allí fue amenazado de muerte por negarse a pertenecer a una sociedad que practica el canibalismo. Como no se admitió su solicitud, recurrió la resolución ante la Dirección General de Política Interior que, de nuevo, se lo negó, por lo que interpuso un recurso contencioso-administrativo en el Juzgado Central de esta jurisdicción que tampoco prosperó; por último, apeló a la Audiencia Nacional que dictó la sentencia 3000/2010, de 16 de junio, fallando en su contra, desestimando el recurso de apelación e imponiéndole pagar las costas del proceso porque su relato resultó inverosímil y no aportó ninguna prueba pertinente o, al menos, indicios suficientes de las circunstancias que justificarían el otorgamiento del asilo

Sólo el hecho de plantearse la hipotética privatización de los establecimientos penitenciarios suele generar corrientes de opinión muy dispares, tanto a favor como en contra. 

El Art. 35.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social –a la que suele denominarse Ley de Extranjería– establece que: “En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias.”

El Enano fue el curioso nombre de un popular semanario madrileño de mediados del siglo XIX que se autodefinía como un periódico de ciencias, artes y literatura, y especialmente de loterías y tauromaquia y que salió a los quioscos, los martes por la tarde, entre 1851 y 1858. Actualmente, el contenido de todos sus ejemplares semanales puede descargarse en el portal de la Biblioteca Nacional de España. 

Como el ordenamiento jurídico está sometido a un proceso constante de revisión, el preámbulo de la Ley Orgánica: 5/2010, de 22 de junio –que modificó el Código Penal español de 1995– consideró conveniente tipificar penalmente las conductas más graves de corrupción en el deporte. En este sentido se castigan todos aquellos sobornos llevados a cabo tanto por los miembros y colaboradores de entidades deportivas como por los deportistas, árbitros o jueces, encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva, siempre que estas tengan carácter profesional. Por ese motivo, al castigar la corrupción entre particulares, se introdujo un nuevo Art. 286 bis.4) con la siguiente redacción: Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales.

En 1997, el criminólogo canadiense Kim Rossmo publicó el articulo Geographic profiling en el libro Offender profiling: Theory, reseach and practice –editado por Janet L. Jackson y Debra Anne Bekerian (Nueva Jersey: Wiley)– donde estableció su propia tipología de los asesinos en serie atendiendo al criterio de la movilidad, pero enmarcándola en la llamada perfilación geográfica [una técnica que desarrolló el psicólogo David Canter en Gran Bretaña, durante los años 80, para localizar la guarida de los asesinos]. Por aquel entonces, Rossmo era detective e inspector-jefe de la sección que analizaba estos perfiles en el Departamento de Policía de Vancouver (Canadá) y su clasificación mediante hunting patterns (patrones de caza) acabó convirtiéndose en un clásico. 

Durante el Consejo Europeo de octubre de 1999 que se celebró en Támpere (Finlandia), se hizo un llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea para que creasen, sin demora, equipos conjuntos de investigación, como primer paso para luchar contra el tráfico de droga, la trata de seres humanos y el terrorismo, en el ámbito de la asistencia judicial en materia penal de los Estados miembros [recordemos que, precisamente, uno de los objetivos de la Unión Europea es garantizar un alto nivel de seguridad a sus ciudadanos –el denominado espacio de libertad, seguridad y justicia que se creó con la firma del Tratado de Ámsterdam– y que ese fin debe alcanzarse mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia, estableciendo una cooperación más estrecha entre los cuerpos de policía, los responsables aduaneros y las demás autoridades competentes de los Estados miembros; respetando tanto los principios relativos a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales como el Estado de Derecho (que son los valores de una sociedad democrática en los que se basa nuestra Unión)].

La jurisprudencia del Tribunal Supremo español viene manteniendo un sólido y coherente criterio para responder a esta pregunta. El segundo fundamento de derecho de la sentencia 7681/2012, de 21 de noviembre, estableció que las fotocopias como copias fotografiadas de un original, son documentos no originales, no genuinos y no auténticos y por consiguiente, no hacen prueba por sí solas respecto a su contenido, sino que para que esto ocurra deben ser adveradas o autentificadas de alguna manera, obviándose así cualquier reticencia sobre su autenticidad o falta de genuidad; pero, probablemente, una de sus resoluciones más significativas sobre este asunto fue la sentencia 8139/2004, de 16 de diciembre:

Como ha reconocido la ONU, el terrorismo ha sido uno de los temas que ha formado parte de la agenda internacional desde 1934, cuando la extinta Sociedad de las Naciones dio el primer paso importante para prohibir ese flagelo al analizar un proyecto de convenio para la prevención y el castigo del terrorismo que, finalmente, se aprobó en 1937 pero que nunca llegó a entrar en vigor; a pesar de ello, se le considera el antecedente normativo de los actuales catorce instrumentos jurídicos universales y cuatro enmiendas que la comunidad internacional ha elaborado, desde 1963, para prevenir los actos terroristas