Carlos Pérez Vaquero

Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

En 1993, el Estado australiano de Nueva Gales del Sur aprobó la Whistleblowers Protection Act (Ley de Protección de Delatores) con el objetivo de facilitar la divulgación, en interés de la sociedad, de la mala administración y el despilfarro en el sector público así como de las conductas corruptas o ilegales en general, proporcionando los medios para llevar a cabo estas revelaciones y dar adecuada protección a los soplones. Estas personas, cuando ofrecen información de interés público a las autoridades, no incurren en responsabilidad civil o penal por hacerlo (inmunidad) y las administraciones públicas tienen la obligación de mantener la confidencialidad sobre la identidad del informante; una obligación que se aplicará aunque cualquier otra norma del ordenamiento jurídico establezca lo contrario.

Los duelos de canciones de los bosquimanos, el Fokonolona malgache, los Tribunales Gacaca ruandeses, la peregrinatio ex poenitentia a Santiago y algunas costumbres de los indígenas maoríes y de los indios norteamericanos son algunos de los métodos alternativos para resolver conflictos; todas estas propuestas, en muchos casos ancestrales, se han convertido en los antecedentes históricos de la justicia restaurativa: una opción alternativa a la vía judicial donde la víctima, su agresor y aquellas otras personas que se hayan visto afectadas por un conflicto se reúnen para enmendar el daño causado, de modo que el infractor asuma su responsabilidad, pida perdón y repare el perjuicio que ocasionó, aportando una solución más efectiva, rápida y sencilla que la justicia retributiva ordinaria gracias a que se favorece la participación de la sociedad en lugar del poder judicial; lo que, a su vez, facilita la reinserción del delincuente en la comunidad. Otro de estos métodos es el denominado Zwelethemba sudafricano; palabra que significa lugar de la esperanza en el idioma xhosa que se habla en la región de Ciudad del Cabo.

El reciente auto 19/2012, de 27 de febrero, de la Audiencia Nacional, ha puesto de manifiesto la complejidad del problema que conlleva ejercer este derecho a ser olvidado en internet. El caso que se planteó fue el siguiente: el 23 de noviembre de 2009, un vecino de El Escorial (Madrid) ejercitó su derecho de oposición –uno de los derechos ARCO sobre tratamiento de datos personales– porque al introducir su nombre en el buscador Google entre los resultados aparecía la referencia a una página del periódico La Vanguardia con enlaces a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social que, según el afectado, ya estaba totalmente solucionado y resuelto desde hace años y carecía de relevancia actualmente.

La Constitución española contempla el deber de colaborar con la Justicia en el Art. 118 cuando señala que Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Asimismo, el Art. 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley. El problema surge cuando los ciudadanos se muestran reticentes a colaborar con la administración de Justicia en determinadas causas penales por miedo a sufrir represalias; temor que conlleva una importante consecuencia: que el proceso se celebre sin contar con su valioso testimonio y prueba, lo que perjudicaría la recta aplicación del ordenamiento jurídico-penal y facilitaría, en su caso, la impunidad de los presuntos culpables.

El 24 de enero de 2003, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebró un pleno no jurisdiccional de unificación de criterios –para las resoluciones que dictasen relativas a los delitos contra la salud pública– en el que acordó dirigirse al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para que fuese este organismo –que depende del Ministerio de Justicia– quien propusiera unos mínimos, científicamente considerados, como exentos de cualquier afectación a la salud de las personas; es decir, establecer el umbral toxicológico en el que las drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas afectan a las funciones físicas o psíquicas de una persona. El 13 de enero de 2004, una Comunicación del Servicio de Información Toxicológica del Instituto entregó al Supremo el cuadro con las dosis mínimas psicoactivas de las principales sustancias tóxicas que son objeto del tráfico de drogas y, seis días más tarde, la sentencia del Tribunal Supremo 126/2004, de 19 de enero, incorporó aquellos criterios en su fundamentación.

Al resolver un caso de violencia de género, uno de los antecedentes de hecho de la sentencia 33/2011, de 5 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mencionó que los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica catalana) realizaron una inspección ocular procediendo a aplicar reactivos químicos (Bluestar) al efecto de poder visualizar si había sangre, dando positivo e informando las médicos forenses que dicha cantidad de sangre era incompatible con la vida. Gracias a las series de televisión –y, en especial, a la franquicia de CSI en Las Vegas, Miami y Nueva York– nos hemos acostumbrado a ver cómo los departamentos de criminalística esparcen cantidades ingentes de luminol como reactivo para hallar restos biológicos de sangre. Entonces, ¿qué es el BlueStar? En el fondo documental del CENDOJ –donde recuerda que puedes consultar, gratuitamente, la jurisprudencia española– esta resolución del TSJ de Cataluña es la única sentencia que lo menciona.

El 23 de septiembre de 1995, la Audiencia Provincial de Alicante condenó a tres procesados por asesinato, robo y delito contra la salud pública; pero, basándose en su derecho a valerse de todos los medios de prueba pertinentes y que sean necesarios para su defensa, uno de los condenados interpuso un extenso recurso ante el Tribunal Supremo. La parte recurrente solicitó (…) que se le tomase declaración bajo los efectos de alguna sustancia que, conocida vulgarmente como el suero de la verdad, facilitase la exploración del subconsciente y ayudase a determinar si ha existido fabulación en las declaraciones prestadas en la Comisaría de Policía y ante el Juez de Instrucción cuando afirma que no ha tenido participación en la precipitación al vacío de [la víctima]. Dicha prueba fue rechazada por la Audiencia Provincial.

Las autopsias clínicas –que en España se regulan por la Ley 29/1980, de 21 de junio, y su posterior desarrollo reglamentario, el Real Decreto 2230/1982, de 18 de junio– son estudios autópsicos clínicos que tienen como finalidad primordial el diagnóstico etiológico, patogénico, histológico y clínico del proceso morboso responsable de la muerte –según la completa definición del portal de MurciaSalud– y que se realizan, según aquella normativa, en una sala con una superficie mínima de veinte metros cuadrados, dotada con una mesa de autopsias, agua corriente fría y caliente, sistema de aspiración, desagüe accesible, mecanismo anterretorno, iluminación eléctrica adecuada, ventilación directa o forzada y, en cualquier caso, extractores de aire directos al exterior; además de refrigeradores de cadáveres (con capacidad para dos cuerpos cada doscientas camas de hospitalización o fracción), aseos, laboratorio histopatológico y archivo de piezas, preparaciones, informes y fotografías.

Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Kofi Annan –que por aquel entonces aún era secretario general de la ONU– se mostró así de elocuente en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional; elacuerdo con el que la comunidad internacional demostró la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial y que se firmó en Palermo –se me ocurren pocos lugares tan adecuados como la capital siciliana– el 13 de diciembre de 2000.

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, revisó el Código Penal español de 1995 para introducir algunos reajustes –según la expresión del propio legislador– en diversas materias como, por ejemplo, el tráfico de drogas, de acuerdo con la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. Por ese motivo, se dio nueva redacción al tipo básico del narcotráfico, el Art. 368 CP: Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370.