Carlos Pérez Vaquero

Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

Desde 1791, la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas; pero, tras los magnicidios de los hermanos Kennedy, Malcolm X y Martin Luther King en un periodo muy breve de tiempo, entre 1963 y 1968, el presidente Lyndon Johnson puso en marcha una serie de programas –a los que denominó La Gran Sociedad– entre los que figuró la aprobación de una Ley de Control de Armas [The Gun Control Act (GCA)] de 1968, que prohibió la venta de armas a determinadas personas (prófugos de la justicia, drogodependientes, condenados a penas de prisión superiores a un año, enfermos mentales, etc.), limitó la venta en el caso de que el comprador careciera de licencia de armas y residiera en un Estado diferente al del lugar de adquisición y estableció la obligatoriedad de comprar cualquier arma en un distribuidor autorizado.

Gene Sharp (Ohio, EE.UU., 1928) –profesor emérito de ciencias políticas de la Universidad de Massachusetts y fundador de la Institución Albert Einstein– es el autor de un polémico ensayo titulado De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación que, aunque se publicó en 2003, se ha convertido ahora en el manual de cabecera para los revolucionarios de medio mundo, inspirando a muchos de los movimientos de la denominada primavera árabe con sus recomendaciones para establecer sistemas democráticos duraderos que respeten las libertades humanas mejorando la sociedad. Sus propuestas se pueden resumir en tres grandes conclusiones: 1)Es posible liberarse de las dictaduras; 2) Para lograrlo se requiere pensarlo cuidadosamente y planificar una estrategia; y 3) Se necesita vigilar, trabajar duro y luchar con disciplina; a menudo, pagando un alto precio.  A lo que añade: La tan citada frase de “La libertad no es gratuita” es cierta. Ninguna fuerza del extranjero vendrá a traer la libertad al pueblo oprimido que tanto la desea. El pueblo tendrá que aprender por sí mismo cómo liberarse. No será fácil.

Durante un permiso carcelario, el preso Jan Erik Olsson entró en la sede del Banco de Crédito (Kreditbanken), situada en la céntrica Plaza Norrmalmstorg –una de las zonas más comerciales y exclusivas de la capital sueca– el 23 de agosto de 1973 para atracar la sucursal, pero sonó la alarma, acudió la policía y, tras herir a uno de los agentes, el ladrón acabó haciéndose fuerte en el interior de la oficina bancaria con cuatro empleados y otro delincuente, Clark Olofsson, al que las autoridades permitieron entrar para que tratar de que mediara con su amigo. Durante seis días, los atracadores se parapetaron con barricadas dentro del banco, mientras los rehenes –que llegaron a hablar por teléfono con el primer ministro Olof Palme– empezaron a temer por su integridad más por las consecuencias de una rápida intervención policial de rescate que por la reacción de los propios ladrones.

El Art. 18.2 de la Constitución Española de 1978 establece que El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito; es decir, que nuestra Carta Magna admite la entrada o el registro de un domicilio en tres situaciones: cuando lo consienta su propio titular, mediante resolución judicial o en caso de flagrante delito. Para el Tribunal Constitucional español, el contenido del derecho a la inviolabilidad del domicilio es fundamentalmente negativo: lo que se garantiza, ante todo, es la facultad del titular de excluir a otros de ese ámbito espacial reservado, de impedir o prohibir la entrada o la permanencia en él de cualquier persona y, específicamente, de la autoridad pública para la práctica de un registro(STC 189/2004, de 2 de noviembre).

Sultan Khan llegó con su primo al aeropuerto de Mánchester (Gran Bretaña) el 17 de septiembre de 1992, en un vuelo procedente de Pakistán. En la terminal, ambos fueron registrados por los funcionarios de aduanas y su familiar fue detenido al incautársele heroína valorada en casi 100.000 libras esterlinas; mientras tanto, el señor Khan fue puesto en libertad sin cargos. Unos meses más tarde, el 26 de enero de 1993, Sultan fue a Shéffield a visitar a “B”, un hombre que estaba siendo investigado por narcotráfico desde hacía dos semanas, cuando el jefe de policía de South Yorkshire autorizó la instalación en su casa de un dispositivo de escucha. Como los dos sujetos desconocían la existencia de aquellos equipos de vigilancia policiales, durante la conversación, Khan reconoció abiertamente que había participado en el envío de aquel alijo por el que detuvieron a su primo. Con esa grabación, ambos fueron detenidos y juzgados.

El 17 de noviembre de 1718, Felipe V aprobó la Ordenanza prescribiendo las reglas con que se ha de hacer el corso contra turcos, moros y otros enemigos de la Corona, causándoles todos los daños possibles para interrumpir su navegación; donde prohibió a todos sus súbditos tomar despachos ò comisiones de ningunos reyes, príncipes o estados estrangeros, para armar navíos en guerra y correr la mar debaxo de su vandera, sino es que sea con permisso mío, so pena de ser tratados como pyratas.

El Art. 150 de la Ley General de la Seguridad Social –aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio– establece que las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de dicha Ley, serán indemnizadas, por una sola vez, con las cantidades alzadas que en el mismo se determinen, por la entidad que estuviese obligada al pago de las prestaciones de incapacidad permanente, todo ello sin perjuicio del derecho del trabajador a continuar al servicio de la empresa.

En otros in albis hemos conocido algunos anglicismos penales relacionados con el acoso u hostigamiento en diversos ámbitos (stalking, mobbing, bullying, blockbusting y child grooming) hoy vamos a centrarnos en dos conductas delictivas (trafficking y smuggling) que aunque comparten un mismo elemento (el lucrativo negocio de la trata ilegal de personas) tienen sus propias características específicas en cuanto al consentimiento y la explotación del que son objeto sus víctimas.

La demanda de una mujer consiguió que todo un país tuviera que modificar su legislación sobre el aborto; demostrando, una vez más, la trascendental importancia de la jurisprudencia en los Estados Unidos. A comienzos de los años 70, Norma Leah McCorvey (Luisiana, 1947) era una mujer pobre, sin educación, ni cualificada, alcohólica y consumidora de drogas, que ya había entregado a dos hijos en adopción y que se encontraba de nuevo embarazada, tal y como la definen Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner (autores del recomendable libro Freakonomics). En aquel tiempo, el aborto no solo era ilegal en Dallas (Texas) –donde ella residía con su madre– salvo que el embarazo se hubiera producido como consecuencia de una violación o un incesto; sino que en el resto del país, sólo se autorizaba en Hawái, Nueva York, Wáshington, Alaska y California.

En 1793, durante el mandato de William Bradford como fiscal general de Pensilvania, el entusiasmo de los pacíficos cuáqueros que se oponían a la ejecución de cualquier delincuente chocó con las filas de quienes defendían a ultranza la pena de muerte. El debate concluyó con una solución de compromiso: se mantendría la pena capital pero restringiéndola para castigar ciertos delitos (como matar a alguien con premeditación, asesinar a varias personas o acabar con la vida de un rehén) que se consideraron conductas más graves.