Carlos Pérez Vaquero

Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

La palabra hurto procede del latín furtum y significa acción de hurtar, que se define como tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. El Diccionario de la RAE también nos da su propia acepción jurídica como el delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño, sin que concurran las circunstancias que caracterizan el delito de robo. En cuanto a este segundo delito –la acción y efecto de robar– llegó al castellano del latín vulgar raubare y éste del germánico raubôn (saquear, arrebatar) que deriva del alemán antiguo roubôn; de donde proceden las actuales voces rauben, en alemán, y reave, en inglés. La RAE también lo define, jurídicamente, como el delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas.

Para el diccionario de la RAE, el término estrago tiene dos acepciones: 1. Daño hecho en guerra, como una matanza de gente, o la destrucción de la campaña, del país o del ejército. 2. Ruina, daño, asolamiento. Hoy en día, nuestro Código Penal lo tipifica dentro de los delitos contra la seguridad colectiva –en los Arts. 346 y 347– estableciendo que los que, provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva, causaren la destrucción de aeropuertos, puertos, estaciones, edificios, locales públicos, depósitos que contengan materiales inflamables o explosivos, vías de comunicación, medios de transporte colectivos, o la inmersión o varamiento de nave, inundación, explosión de una mina o instalación industrial, levantamiento de los carriles de una vía férrea, cambio malicioso de las señales empleadas en el servicio de ésta para la seguridad de los medios de transporte, voladura de puente, destrozo de calzada pública, perturbación grave de cualquier clase o medio de comunicación, perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental incurrirán en la pena de prisión de 10 a 20 años, cuando los estragos comportaran necesariamente un peligro para la vida o integridad de las personas.

El Derecho Penal español ha ido incorporando a nuestro ordenamientojurídico la incriminación de diversas figuras relacionadas con elacoso u hostigamiento en distintos ámbitos: laboral (mobbing), escolar (bullying), inmobiliario (blockbusting) y cibersexual a menores (childgrooming) pero no ocurre lo mismo con el denominado stalking (acecho,en inglés); una figura de origen anglosajón que empezó a serconsiderada delito en los Estados Unidos a finales del siglo pasado yque, en lo que llevamos del siglo XXI, ya se ha tipificado en otrospaíses de nuestro entorno como los Países Bajos, Bélgica, Irlanda,Austria, Malta, el Reino Unido o Italia.

Gracias a las películas de romanos y a las series de televisión sobre gladiadores, parece que todos conocemos el significado de mostrar un pulgar hacia arriba o hacia abajo: perdonar la vida o condenar a muerte a quien haya perdido un combate en la arena del Circo, respectivamente. Lo curioso es que este símbolo, tan aceptado en nuestra cultura occidental, originalmente tenía justo el sentido contrario: si el dedo pulgar (pólice, del latín pollex) señalaba al cielo, lo que la multitud quería indicar es que se enviara allí el alma del que iba a morir; es decir, el pollice verso (pulgar hacia arriba) condenaba a muerte a la víctima, no la salvaba. En cambio, el gesto de que este dedo señalara al suelo o se metiera en el puño de la otra mano, significaba envainar la espada y perdonar. ¿Cuándo surgió este error? En 1872, un gran cuadro al óleo del pintor francésJean-Léon Gérôme (1824-1904), realizado con su habitual realismo, fue el causante de popularizar este equívoco hasta la actualidad. Hoy en día, este magnífico lienzo se conserva en el Art Museum de Fénix (Arizona, EE.UU.).

En los años 70, el especialista del FBI Robert K. Ressler acuñó el concepto de asesino en serie (serial killer); pero el cine ya nos había mostrado los crímenes de Franz Beckmann cuarenta años antes. El director alemán Fritz Lang y su esposa, la escritora Thea von Harbou –autores de la maravillosa visión de un futuro llamado Metrópoli– se inspiraron en el caso real de los asesinatos cometidos por Peter Kurten y en el trabajo de investigación del periodista Egon Jacobson para crear el personaje de ficción interpretado por el actor Peter Lorre, en el clásico M (por la letra inicial de la palabra asesino –mörder– en alemán), de 1931, al que enEspaña se le añadió el elocuente subtítulo de El vampiro de Dússeldorf.

Mientras la policía actúa bien pero sin obtener resultados; las bandas callejeras de la ciudad deciden perseguir al asesino de niños porque la presencia de tantos agentes en las calles está interfiriendo en sus negocios. La consigna está clara, perseguido por ambos bandos, la policía no tiene pistas para dar con Beckmann y el hampa quiere apagarlo, como una vela. El resultado es una obra maestra del séptimo arte que se rodó con más imaginación que medios en aquella oscura Alemania de entreguerras, anterior al auge de Hitler y el nazismo, para mostrar por primera vez el retrato cinematográfico de un asesino en serie

Con 47 años, este médico londinense se convirtió en el primer perfilador criminal de la Historia y lo hizo entrando por la puerta grande al analizar, nada más y nada menos, que a Jack el Destripador; así que, como diría el asesino de Whitechapel, vayamos por partes. El Dr. Bond nació en Somerset en 1841, estudió medicina en Southampton y Londres antes de servir al ejército británico en el frente de la guerra con Prusia. De regreso a la capital del Támesis, fue nombrado cirujano de la Policía Metropolitana en Wéstminster y se encargó de algunos de los casos más famosos de su época, como el del camarero francés De Tourville que, en 1875, fue acusado de cometer diversos crímenes para introducirse en la Alta Sociedad; el médico demostró que la suegra del detenido no murió fortuitamente al mirar los cañones de una escopeta y accionar el gatillo por accidente sino que falleció como consecuencia de un disparo que recibió por la espalda.

Trece años más tarde, el célebre Jack comenzó a matar mujeres. El 25 de octubre de 1888, uno de los responsables de aquella investigación, sir Robert Anderson (1841-1918), escribió al médico pidiéndole que examinara post-mortem uno de los cuerpos de las víctimas para analizar los posibles conocimientos quirúrgicos del hábil asesino. El 10 de noviembre de aquel mismo año, el Dr. Bond le respondió explicándole que, en su opinión: (…) No dudo que los cinco asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En los primeros cuatro las gargantas parecieran haber sido cortadas de izquierda a derecha, mientras que en el último caso, debido a la considerable mutilación, es imposible señalar en qué dirección se hizo la cortada, aunque se hallaron rastros de la sangre arterial sobre la pared en forma de salpicaduras, muy cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Todas las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres fueron asesinadas cuando se encontraban recostadas y, en todos los casos, la garganta fue cortada en primer lugar. El asesino, en su apariencia externa, es muy probable que sea de aspecto inofensivo. Un hombre de mediana edad, bien arreglado y de aire respetable. Puede tener el hábito de llevar capa o abrigo porque si no, la sangre de sus manos y ropas hubiera llamado la atención a los viandantes.

En 1901, aquejado de fuertes dolores, el Dr. Bond se suicidó arrojándose a la calle desde la ventana de su casa en Wéstminster, en un tercer piso. El mito de Jack el Destripador le sobrevivió y continúa hoy en día tan vivo como en 1888.

Según el diccionario de la RAE, secuestrar es retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines; mientras que raptar se refiere a secuestrar, retener a alguien en contra de su voluntad, por lo general con el fin de conseguir un rescate. Leyendo el diccionario, ambos términos parecen sinónimos, pero no lo son; al menos, desde un punto de vista jurídico. Los Arts. 163 a 172 del Código Penal español de 1995 regulan los delitos contra la libertad: detenciones ilegales, secuestros, amenazas y coacciones. En ese título se establece que encerrar o detener a otra persona, privándole de su libertad, se castiga con una pena de prisión de 4 a 6 años; secuestrar a alguien exigiendo alguna condición para ponerla en libertad (matiz que diferencia al secuestro de la detención ilegal, donde no se exige nada a cambio de la liberación) conlleva de 6 a 10 años de reclusión.

 

En los últimos días, diversos medios de comunicación españoles nos han dejado perplejos con noticias que llenaban de estupor, incredulidad y vergüenza ajena: El Estado pagó 40.000 euros por viudedad al asesino de su esposa (El País, 09/12/2011); El parricida de Laguna [de Duero, Valladolid] lleva cobrando la pensión de viudedad más de una década (El Norte de Castilla, 15/12/2011)… En ambos casos, dos hombres –condenados mediante sentencia firme por asesinar a sus respectivas esposas– están cumpliendo su condena en prisión y cobrando, al mismo tiempo, la pensión de viudedad causada por la fallecida (que, no olvidemos, murió porque el beneficiario de la pensión acabó con su vida). Si la situación no fuera tan indignante, sería cuando menos surrealista.

El problema es que nuestro ordenamiento jurídico ya previó este efecto, precisamente, para que no sucediera: El Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, reguló el Registro central para proteger a las víctimas de la violencia doméstica, estableciendo un sistema de coordinación entre los secretarios de los juzgados y tribunales y aquellos puntos de coordinación designados por la Comunidad Autónoma para comunicarles las órdenes de protección de estas víctimas.

Aquella norma se modificó un año después con el Real Decreto 513/2005, de 9 de mayo, pero la evolución del fenómeno de la violencia doméstica y de género aconsejó profundizar en la protección de las víctimas; por ese motivo, se aprobó el Real Decreto 660/2007, de 25 de mayo: en primer lugar adoptando las medias necesarias para evitar este tipo de actuaciones y en segundo lugar impidiendo que el maltratador pueda obtener un beneficio directo o indirecto de su actuación. Expresamente, este Reglamento ya señalaba que el intercambio de información y la coordinaciónentre el Registro de protección a las víctimas de violencia doméstica, la Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Hacienda pueden evitar efectos indeseables en la generación de pensiones u otros beneficios sociales.

Con esta última reforma, se dio nueva redacción al Art. 8º.4 de aquel Real Decreto que reguló el Registro central para proteger a las víctimas de la violencia doméstica, en 2004, estableciendo que: El Encargado del Registro central de protección a las víctimas de la violencia doméstica comunicará al menos semanalmente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina y a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a los procedimientos terminados por sentencia firme condenatoria que se inscriban en dicho Registro por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o ex cónyuge o estuviera o hubiera estado ligada a él por una análoga relación de afectividad a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Este es –en definitiva– el texto que nos interesa. La mencionada disposición adicional primera no puede ser más clara: Pensiones y ayudas: 1. Quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o excónyuge, perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del Sistema Público de Pensiones causada por la víctima, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos. 2. A quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o excónyuge, o estuviera o hubiera estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, no le será abonable, en ningún caso, la pensión por orfandad de la que pudieran ser beneficiarios sus hijos dentro del Sistema Público de Pensiones, salvo que, en su caso, hubiera mediado reconciliación entre aquellos.

Es decir, tenemos todos los elementos jurídicos necesarios y la ley está muy clara; sólo resta pedir que esa coordinación administrativa funcione para que no vuelvan a repetirse estas auténticas aberraciones.

Para el filósofo griego Aristóteles (s. IV a.C.) la monarquía, la aristocracia y la democracia eran las tres formas de Gobierno puras que buscaban el bien común en función de si quien ejercía el poder era una única persona, unos pocos o todo el pueblo; a su vez, esta clasificación aristotélica se podía corromper, respectivamente, en tiranía, oligarquía y demagogia, cuando degeneraban y ya no perseguían el bienestar de la sociedad. En ese contexto histórico, pero casi dos siglos más tarde, debemos situar a uno de esos personajes que se mueven en el limbo de leyenda que separa la fantasía de la realidad: el rey Falaris, el tirano que gobernó la ciudad griega de Ákragas (actual Agrigento, en la isla italiana de Sicilia) durante la primera mitad del siglo VI a.C.

Los cronistas de su época nos han brindado una imagen tan distorsionada de él que oscila entre quienes lo consideraron un buen gobernante preocupado por modernizar Ákragas y quienes se quejaban de su excesiva severidad acusándolo de practicar el canibalismo. De un modo u otro, si su fama ha logrado trascender a su tiempo para llegar hasta el nuestro es por culpa de la escultura en bronce de un gran toro –al parecer, obra de Perillo de Atenas– donde el tirano encerraba a los condenados a muerte como si se tratara de un horno: encendía una hoguera bajo la estatua del animal para “cocinar” a la víctima mientras ésta ardía viva en su interior y sus gritos se dejaban oír por la boca-chimenea del astado; de esta forma, el Toro de Falaris se convirtió en uno de los instrumentos de tortura más crueles de la Historia donde acabaron pereciendo ajusticiados tanto el escultor que creó el animal como el propio tirano. 

El Art. 37 del Estatuto General de la Abogacía Española –aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio– establece que: 1. Los abogados comparecerán ante los Tribunales vistiendo toga [traje principal exterior y de ceremonia que usan los magistrados, letrados, catedráticos, etc., encima del ordinario] y, potestativamente, birrete [gorro armado en forma prismática y coronado por una borla que llevan en los actos solemnes los profesores, magistrados, jueces y abogados],sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial, y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia. 2. Los abogados no estarán obligados a descubrirse más que a la entrada y salida de las Salas a que concurran para las vistas y en el momento de solicitar la venia para informar.

De este segundo inciso deducimos, en sentido contrario, que desde que un abogado entra en la sala, donde se va a celebrar una vista, hasta que sale de ella, debe ir descubierto; igual que cuando se dirige al tribunal solicitando la venia. ¿Qué ocurriría entonces si una abogada musulmana vistiera con su habitual pañuelo islámico? ¿Podría defender en un juicio a su cliente? Parece un caso extremo pero, como la vida real suele ir por delante de la ficción, este hecho ya se ha producido. Sucedió el 29 de octubre de 2009 en la Audiencia Nacional.

La abogada Zoubida Barik Edidi –de nacionalidad española y origen marroquí (estudió Derecho en Rabat)– acudió a un proceso que se seguía por terrorismo islamista acompañando a otro letrado (ella no se encargaba de la defensa de ninguna de las partes), vestida con su correspondiente toga y el hiyab, a la Sala de lo Penal presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, quien le recordó que no se puede ejercer la abogacía ante un tribunal español con la cabeza cubierta. La abogada se marchó y presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial –órgano de gobierno del tercer poder del Estado– que fue archivada al no advertirse ninguna responsabilidad en la decisión del magistrado; e interpuso un recurso que, finalmente, resolvió una sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2010 (desestimándola por una cuestión de forma sin entrar al fondo del asunto: la recurrente no ha seguido el camino previsto legalmente para revisar las decisiones adoptadas por quien preside un tribunal de justicia en ejercicio de las potestades de policía de estrados) y un posterior auto del mismo órgano de 31 de enero de 2011, en el que se había promovido un incidente de nulidad de actuaciones (que tampoco hubo lugar y condenó a la abogada a hacerse cargo de las costas).

La demandante declaró a los medios de comunicación que en Ceuta y Melilla no existían este problema con el velo en los órganos judiciales y que aquella decisión vulneraba su libertad religiosa; poniendo como ejemplos comparados el turbante de los abogados sij en el Reino Unido o el de la kipa judía en Estados Unidos. En la fundamentación jurídica del Tribunal Supremo, el auto considera queno parece que la recurrente haya sufrido indefensión pues ha obtenido respuesta a sus pretensiones, aunque, claro está, no fue la que deseaba. Sin embargo, el derecho a la tutela judicial efectiva no comprende el de obtener una resolución favorable sino una resolución fundada en Derecho y debidamente motivada.Por su parte, la especialista en comportamiento ante los tribunales, Purificación Pujol, afirmó en relación con este caso que en aplicación del Art. 37 del Estatuto de la Abogacía y de las normas de buena educación que imperan en nuestra sociedad, si algún abogado entra en Sala cubierto, será el propio juez quien deberá conminarlo a que se descubra.