Carlos Pérez Vaquero

Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

El caso Rojas y la huella de sangre pioneraCuando llegó la policía, encontraron la única habitación de la casa cerrada a cal y canto; las ventanas tenían los pestillos echados y la puerta estaba atrancada con el mango de una pala. Lograron forzar la entrada a patadas y encontraron el suelo de barro cubierto de sangre y los cuerpos de los niños –Ponciano Caraballo, de 6 años, y su hermana Felisa, de 4– degollados sobre la cama, al lado de su madre, Francisca Rojas, que sangraba abundantemente por una herida abierta en el cuello pero a salvo para inculpar a su vecino, Ramón Velázquez.
 

La respuesta del Tribunal Supremo ha sido muy explícita. La sentencia 992/20101, de 8 de enero, afirma que El Estado de Derecho nunca debe abdicar, obviamente, de sus más elementales esencias, como lo es sin duda el respeto a la dignidad del ser humano, en aras de un relativismo cultural que aloje el fundamento de la decisión penal en las creencias, opiniones o costumbres de un determinado grupo, con el grave riesgo que ello por añadidura supondría para la adecuada protección de las víctimas, como titulares últimos de tales valores básicos. Esta sentencia puso fin a un proceso que se inició cuando se produjeron los hechos, en junio de 2007.

altEn 2004, la policía holandesa detuvo a un hombre en la ciudad de Utrecht por mantener relaciones sexuales con el pony de su vecino; pero como la normativa de los Países Bajos no tipificaba el bestialismo como delito –igual que sucede hoy en día en España y en otros países– el detenido fue puesto en libertad. La noticia generó tal revuelo social que, finalmente, en febrero de 2010 el Senado holandés aprobó la prohibición de cometer actos indecentes con los animales así como distribuir, exhibir, fabricar, importar, exportar o transmitir en cualquier soporte actos lascivos en los que estén involucrados seres humanos y animales, con un ajustado margen de 39 votos a favor frente a 34 en contra.

Antes de que la policía noruega detuviera a Anders Bering Breivik –autor confeso de la masacre de más de 70 personas en Oslo y la isla de Utøya, el 22 de julio de 2011– mientras la información era todavía algo confusa, una noticia de alcance del diario The New York Times atribuyó la autoría del coche bomba que estalló en el centro administrativo de la capital noruega a la desconocida organización islamista Ansar al-Jihad al-Alami que, al parecer, lo habría reivindicado mediante un comunicado. Aquel titular, procedente de los Estados Unidos, corrió como la pólvora y se coló en todos los informativos.

¿Fue un pintor el asesino más famoso del mundo?Walter Sickert (1860-1942) fue un pintor inglés fascinado por los bajos fondos que consiguió extraer la belleza de los rincones más sórdidos de Londres. Cuando el 11 de septiembre de 1907 apareció el cadáver de la prostituta Emily Elizabeth Dimmock, retrató el crimen en diversos lienzos: El asesinato de Camdem Town, What Shall we do about the Rent? y L'affaire de Camden Town. Lo más sorprendente llegó 60 años después de su muerte, en 2002, cuando la escritora PatriciaCornwell publicó su libro Retrato de un asesino: un detallado estudio en el que no dudó en considerar que este pintor fue uno de los asesinos más peligrosos y odiados de todos los tiempos; nada más y nada menos que Jack el Destripador. Sean ciertas o no sus teorías, la verdad es que uno de los cuadros de Sickert más conocidos es, precisamente, el que se titula El dormitorio de Jack el Destripador.
 

Durante la segunda mitad del siglo XVII –mientras la Europa continental aún temblaba por el avance de los turcos del Imperio Otómano– Inglaterra restauró la monarquía de Carlos II, poniendo fin al breve régimen republicano de Cromwell; pero no logró la plena estabilidad constitucional hasta que Jacobo II, su sucesor, huyó a Francia y su hija, María II, accedió al trono con su esposo, el príncipe holandés Guillermo III de Orange-Nassau. A partir de ese momento, se instauró una monarquía parlamentaria y el país alcanzó una gran prosperidad económica que le llevaría a convertirse en la primera potencia mundial de su tiempo.

En ese contexto histórico de la llamada Restauración, un grupo de jóvenes londinenses tomó como referencia a los fieros indios Mohawks que habitaban al Este de la región de los Grandes Lagos entre Canadá y Estados Unidos, para agredir sexualmente a mujeres y desfigurar la cara de los hombres (generalmente, cortándoles la nariz y haciéndoles rodar después por las aceras para que se desangraran); atacando en grupo, de noche y de manera indiscriminada, en aquel Londres de comienzos del XVIII. Fueron la banda de los Mohocks.

Hoy en día, se cree que esta violenta pandilla callejera fue, en un primer momento, una invención del poeta John Gay que, en 1712, publicó su primera obra (la breve, irónica, satírica y poco conocida The Mohocks; donde los delincuentes proclaman en la escena III: nuestra voluntad es la Ley) pero, lamentablemente, unos aristócratas ociosos parece que decidieron convertirla en realidad. Otros célebres escritores –como Jonathan Swift (autor de Los viajes de Gulliver) y Daniel Defoe (el novelista de Robinson Crusoe)– se hicieron eco de sus ataques en Diario para Stella y Moll Flanders, respectivamente.

Aunque se detuvo a algunos miembros de esta violenta banda, las crónicas de la época cuentan que ninguno llegó a ser juzgado gracias a la notable influencia y el poder de sus familias. Tampoco fueron los únicos; en aquel tiempo, diversas “gangs” aterrorizaron Londres, como los Muns, los Nickers o los Hawkubites. Para combatirlas, Scotland Yard no se llegó a crear hasta 1829. 

Con la trascendental sentencia de 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –ubicada en San José (Costa Rica)– resolvió el llamado Caso Barrios Altos reabriendo la investigación judicial sobre aquella masacre; reparando los daños morales y materiales a los familiares de las víctimas y, sobre todo, derogando la Ley peruana nº 26479 que concedió una amnistía general a personal militar, policial y civil que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones entre 1980 y 1995; así como la Ley 26492 que la desarrolló para entorpecer la labor de la Justicia.

Los hechos ocurrieron la noche del 3 al 4 de noviembre de 1991, cuando 6 individuos fuertemente armados y cubiertos con pasamontañas –miembros de un “escuadrón de eliminación” del ejército– llegaron al vecindario de Barrios Altos, en Lima, montados en dos coches policiales todoterreno; entraron en una casa donde se estaba celebrando una “pollada” (fiesta para recaudar fondos para reparar el edificio), obligaron a los asistentes a tumbarse en el suelo y abrieron fuego contra ellos, matando a 15 personas e hiriendo gravemente a otras 4 antes de huir con las sirenas de sus coches encendidas. Se encontraron 111 cartuchos y 33 proyectiles del mismo calibre procedentes de ametralladoras.

El procedimiento abierto por los tribunales se topó con la jurisdicción militar que reclamó su competencia para procesar el caso; pero, finalmente, el Congreso peruano aprobó en 1995 una Ley de Amnistía aplicable a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias, investigaciones, procedimientos o condenas, o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisión, por violaciones de derechos humanos; lo que supuso el archivo definitivo de las investigaciones judiciales y evitó la responsabilidad penal de los autores de la masacre.

Tras un gran debate interno que enfrentó a los tres poderes del Estado, una jueza, Antonia Saquicuray, decidió no aplicar aquella amnistía en los procesos penales que aún estuvieran pendientes en su juzgado, por lo que el Congreso enmendó la primera ley con una segunda para que ningún juez pudiera pronunciarse sobre su legalidad; el Caso Barrios Altos acabó en la Corte Interamericana gracias a una denuncia presentada el 30 de junio de 1995 por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en contra de Perú por otorgar la amnistía a los agentes estatales responsables de aquellos asesinatos.

Su importante sentencia de 2001 consagró la nulidad de las leyes de autoamnistía así como el fin de la impunidad de los crímenes cometidos por los Estados. El juez Cançado Trindade resumió perfectamente el sentido de esta resolución en su voto particular: No hay que olvidarse jamás que el Estado fue originalmente concebido para la realización del bien común. El Estado existe para el ser humano, y no viceversa. Ningún Estado puede considerarse por encima del Derecho, cuyas normas tienen por destinatarios últimos los seres humanos

Suele decirse que, en algunas ocasiones, la realidad supera a la ficción y es cierto, a veces los hechos reales resultan mucho más sorprendentes que el argumento de una de esas películas que ponen en televisión durante la sobremesa de los fines de semana. Uno de estos casos ocurrió el 7 de febrero de 2007, cuando la recién divorciada astronauta estadounidense Lisa Nowak –que en 2006 había participado en uno de los vuelos tripulados a la Estación Espacial Internacional– fue detenida por intentar secuestrar a la actual pareja (la ingeniera Colleen Shipman) de un astronauta del Discovery (el capitán William Oefelein) con el que Lisa estuvo saliendo.

Nowak condujo su coche desde Houston (Texas) hasta Orlando (Florida) –unos 1.500 km; algo más de la distancia que separa Huelva de Gerona– sin detenerse (llevó puestos los pañales “espaciales” para no tener que ir al baño), armada con una pistola y un cuchillo, un spray de pimienta, guantes, grandes bolsas de plástico, una peluca y una pala; según su testimonio, simplemente para asustar a su rival; aunque parecía evidente que trataba de asesinarla.

Durante el proceso, no se pudieron tener en cuenta las primeras declaraciones de la detenida porque el juez de Florida apreció que no se habían respetado sus garantías a un proceso justo (la famosa Declaración Miranda que ya tuvimos ocasión de comentar en otro in albis) y, finalmente, la acusada se declaró culpable de cargos menores y fue condenada a un año de cárcel; la NASA la expulsó del programa espacial y fue degradada del ejército. Por su parte, los otros dos protagonistas de este triángulo –Colleen Shipman y William Oefelein– se casaron en 2010. En cuanto a la Agencia Espacial norteamericana, a raíz de este suceso redactó un nuevo código de conducta para seleccionar a los candidatos que quieren ser astronautas.

La Asamblea General de la ONU aprobó la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios el 4 de diciembre de 1989 (en vigor, desde 2001); su Art. 1 establece su definición legal: un mercenario es toda persona que: a) Haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para combatir en un conflicto armado; b) Tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte en conflicto o en nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte; c) No sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una Parte en conflicto; d) No sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y e) No haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas por un Estado que no sea Parte en conflicto.

Asimismo, también se considera mercenario a toda persona en cualquier otra situación: a) Que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para participar en un acto concertado de violencia con el propósito de: 1) Derrocar a un gobierno o socavar de alguna otra manera el orden constitucional de un Estado, o 2) De socavar la integridad territorial de un Estado; b) Que tome parte en ese acto animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal significativo y la incite a ello la promesa o el pago de una retribución material; c) Que no sea nacional o residente del Estado contra el que se perpetre ese acto; d) Que no haya sido enviada por un Estado en misión oficial; y e) Que no sea miembro de las fuerzas armadas del Estado en cuyo territorio se perpetre el acto.

Toda persona que reclute, utilice, financie o entrene mercenarios –tal y como se definen en ese Art. 1 de la Convención de 1989– cometerá un delito. Los Estados parte de este tratado se comprometen a prevenir estos delitos y a establecer penas adecuadas en sus ordenamientos jurídicos, que tengan en cuenta su carácter grave. Desde entonces, los distintos organismos que forman parte del Sistema de las Naciones Unidas han aprobado más de cien resoluciones condenando el mercenarismo. A día de hoy –según los buscadores del BOE y de Naciones Unidas– España no ha ratificado aún la Convención contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios.

Aunque estos soldados de fortuna han existido desde la antigüedad, sus antecedentes jurídicos más inmediato fueron el I Protocolo Adicional a la Convención de Ginebra (APGC77, de 8 de junio) y la Convención de la Organización de la Unidad Africana adoptada en Libreville (Gabón) el 3 de julio de 1977 para la eliminación del mercenarismo en África; probablemente, el continente más afectado por estos ejércitos privados y empresas de seguridad o de asistencia militar que, también han actuado en Centroamérica, el Cáucaso, Oriente Medio y los Balcanes.

El Art. 25.2º de la Constitución española establece que las penas privativas de libertad (…) estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y que el condenado disfrutará de todos sus derechos fundamentales excepto de aquéllos que –como es lógico– se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. Al desarrollar esta normativa, el Art. 10 de la Ley General Penitenciaria [de 1979 (primera norma posterior a la Carta Magna de 1978 que se aprobó por unanimidad)] previó la existencia de establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto, apreciados por causas objetivas en resolución motivada (…) El régimen de estos centros se caracterizará por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos en la forma que reglamentariamente se determine.

Ese desarrollo reglamentario se llevó a cabo en los Arts 89 a 95 del Reglamento Penitenciario (aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero) donde se reguló que el régimen cerrado será de aplicación a aquellos penados que, bien inicialmente, bien por una involución en su personalidad o conducta, sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto (los otros dos tipos de régimen penitenciario que se aplican a los penados clasificados en segundo y tercer grado, respectivamente).

Este régimen cerrado se cumplirá en celdas individuales que, según dónde hayan sido destinados los internos puede ser en departamentos especiales (donde el preso permanece encerrado hasta veintiuna horas al día si se cumple con el mínimo de tres horas de salida al patio, que pueden llegar a ser seis; y, diariamente, se deberá registrar su celda y cachear al interno, pudiéndose recurrir al desnudo integral por orden motivada) o en módulos de régimen cerrado (en donde los internos disfrutarán, como mínimo, de cuatro horas diarias de vida en común); todo el régimen se caracteriza por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos, exigiéndose, de manera especial, el acatamiento de cuantas medidas de seguridad, orden y disciplina elabore el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento.

Al hablar de la clasificación de los penados, el Art. 102.5º de este Reglamento enumera los seis factores que se tendrán en cuenta ponderar, según el Real Decreto– para calificar a un interno en el primer grado: a) la naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial; b) la comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos; c) la pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, mientras no muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas; d) la participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones; e) la comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves, de manera reiterada y sostenida en el tiempo; y f) la introducción o posesión de armas de fuego en el Establecimiento penitenciario, así como la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidad importante, que haga presumir su destino al tráfico.

Actualmente, se calcula que algo más de 1.000 personas permanecen en España encarceladas en este régimen de aislamiento que muchos funcionarios de prisiones consideran imprescindible para lidiar con los presos más peligrosos mientras que algunos sectores de la doctrina, como el magistrado en excedencia Javier Gómez de Liaño, no han dudado en considerarlo como una intolerable situación por sus desórdenes psíquicos perjudiciales (como insomnio, ansiedad, paranoia, agresividad, etc.) y la inviabilidad de readaptar al delincuente.