Carlos Pérez Vaquero

Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

Con esta denominación tan coloquial podemos hacer referencia a dos situaciones jurídicas que aunque guardan cierta similitud, en el fondo mantienen sus propias características singulares; por ese motivo, las veremos en dos in albis consecutivos. En el ámbito del Derecho Internacional Marítimo, este curioso nombre es una apropiación literal del inglés Right of hot pursuit que, en castellano, simplemente se conoce como derecho de persecución desde que se reguló en el extenso Art. 111 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar [United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)], firmada en Bahía Montego (Jamaica), en 1982.

En 1985, un tribunal de Baltimore (Maryland, EE.UU.) condenó a muerte al marine Kirk Noble Bloodsworth (1960-) por la violación, asesinato y descuartizamiento de Dawn Hamilton, una niña de 9 años, ocurrido en la cercana localidad de Rosedale, el 25 de julio de 1984, a pesar de que él siempre proclamó su inocencia y de que no existía ninguna evidencia física que lo relacionara con aquel crimen si no, tan solo, una denuncia anónima y el testimonio de cinco testigos que lo situaron cerca del lugar del crimen. Nueve años más tarde, el 28 de junio de 1993, la justicia conmutó aquella pena capital al demostrar que su ADN no se correspondía con el del semen hallado en el cuerpo de la víctima, convirtiéndose en el primer preso del corredor de la muerte que lograba ser liberado gracias a la realización de esta prueba. Posteriormente, en la primavera de 2003, la defensa de Bloodsworth insistió en llevar a cabo un nuevo análisis de restos biológicos pero esta vez del ADN del compañero que había ocupado su celda contigua –el violador Kimberley Shay Ruffner– cuyo resultado fue concluyente: ese hombre había violado [matado y descuartizado] a la niña, por lo que fue condenado por asesinato. El éxito de aquella prueba fue posible gracias a la intervención del denominado Innocence Project que crearon los abogados Barry C. Scheck y Peter J. Neufeld en 1992.

En la primavera de 1862, un turista británico llamado William Dodd viajó en barco desde Barcelona hasta Palma para recorrer Mallorca durante tres semanas; un año más tarde publicó un pequeño libro titulado precisamente así, Three Weeks in Majorca [Londres: Chapman & Hall, 1863], donde recopiló sus recuerdos de aquellos días por la isla balear. En el capítulo V, al hablar de la Guardia Civil –en su opinión: una policía rural encargada de reprimir delitos menores– el autor comentó que en el pasado, y no hace mucho tiempo de eso, [los guardias civiles] solían ser firmes y sumarios en el cumplimiento de su cometido. 

Hace cuatro milenios, entorno al año 2095 a.C., las leyes del rey Ur-Namma proclamaron que si un hombre seguía a la esposa de un gurush –término con el que entonces se designaba a los varones jóvenes– por iniciativa de ella (y) yacía en su regazo, a esa mujer se le daba muerte (y) al hombre se le ponía en libertad [MOLINA, M. La ley más antigua. Textos legales sumerios. Barcelona: Trotta, 2000, pp. 69 y 91]. Aquella primera recopilación normativa escrita con caracteres cuneiformes sobre tablillas de arcilla también reguló la tradicional condena a sufrir la ordalía fluvial, con la que se castigaba a la esposa acusada de mancillar la honorabilidad de su marido, arrojándola al divino río para que el agua la purificase, pereciendo ahogada.

El término terrorismo se incluyó en los diccionarios a finales del siglo XVIII cuando finalizó el reinado de terror que siguió al estallido de la Revolución Francesa. Eugène-François Vidocq lo vivió en primera persona cuando se salvó de que lo enviaran a segar [morir guillotinado] gracias a las instancias de mi madre ante la hermana del terrorista Chevalier que, junto a otros dos terroristas, el antiguo peluquero de mi padre y un limpiador de pozos amontonaban en aquella prisión a los sospechosos y a los aristócratas condenados al último suplicio [VIDOCQ, E. F. Mis memorias. Barcelona: Libros del silencio, 2012, p. 21]. 

En dos pasajes de El Conde de Montecristo, el protagonista de la inmortal novela de Alexandre Dumas menciona la famosa agua-tofana, cuyo secreto conservan en Perusa algunas personas. Este personaje literario se refería al veneno que se vendió tanto en la ciudad italiana de Perugia como en Palermo, Nápoles y Roma; los cuatro escenarios principales donde se desarrolló la actividad criminal de unas célebres envenenadoras a las que, genéricamente, se denominó Tofanas por el nombre de la primera de estas asesinas –Thofania d'Adamo– que actuaron durante los siglos XVII y XVIII, transmitiéndose la composición para crear un veneno muy activo –como lo define el Diccionario de la RAE– insípido e inodoro que, por la sintomatología que ha llegado hasta nosotros parece que [el agua tofana] estaba constituida por arsénico y cantáridas; y que se comercializaba embotellándose en pequeños frascos que mostraban la imagen de algún santo, normalmente san Nicolás de Bari (Repetto, M. Toxicología fundamental. Madrid: Díaz de Santos, 3ª ed., 1997, p. 4). Hoy en día, se ha puesto en duda que entre las distintas Tofanas existiera una relación de parentesco y se defiende la idea de que, simplemente, compartieron sus peculiares conocimientos como aprendices, unas de las otras, para lucrarse con este mortal negocio.

Lejos de la visión idealizada que nos ha dejado el cine, aquel forajido que tenía nervios fríos y la ausencia completa de miedo de los que han aceptado de antemano la muerte fue, según los expertos que lo estudiaron, un tipo inclasificable, linfático, con ojos de comadreja, pecho hundido, hombros caídos y aspecto repulsivo, con una clara apariencia externa de cretino que cometió su primer asesinato con tan sólo 13 años y que, a los 21 –cuando murió en el famoso duelo con el sheriff Pat Garrett– ya había matado a 27 personas sin contar a los indios como se decía, despectivamente, en el siglo XIX.

En anteriores in albis, ya hemos tenido ocasión de comentar algunas de las curiosas plusmarcas de la historia criminal de Gran Bretaña: sólo en el siglo XIX, William Burke inventó en 1827 un método para matar que, en su honor, pasó a la historia forense como el burking; Constante Kent asesinó a su hermanastro de 4 años en 1860, convirtiendo aquel caso en el primer crimen mediático del mundo; Percy LeFroy Mapleton fue el primer fugitivo al que se buscó mediante un retrato robot, en 1881; y el doctor Thomas Bond realizó el primer perfil criminal, a Jack el Destripador, en 1888. Casi un siglo más tarde, este país volvió a ser pionero al identificar por su ADN a un peón llamado Robert Melias, acusado de agredir sexualmente a una mujer enferma.

Hoy en día, cuando hablamos de los establecimientos penitenciarios –como le gusta denominar a las cárceles al legislador español– los Arts. 1 y 8 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria se refieren a los centros destinados a la retención y custodia de detenidos, presos y penados como una institución penitenciaria cuyo fin primordial es la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad. A primera vista, podría parecer que este modelo penitenciario es el que ha existido desde siempre, pero no es así; de hecho, encarcelar a los reclusos en una prisión para privarles de su libertad durante un determinado periodo de tiempo, como consecuencia de haber cometido una conducta tipificada penalmente como delito, fue un criterio de política criminal que se implantó durante el siglo XVIII y, por lo tanto, podríamos decir que se trata de una institución relativamente moderna.

En España, las denominadas Agencias privadas de investigación venían funcionando, legalmente autorizadas, desde la Orden de 17 de enero de 1931 que las encuadró en el Sindicato Nacional de Actividades Diversas; pero, a raíz del IV Congreso Mundial de Detectives Privados que se celebró en Madrid, del 3 al 5 de octubre de 1970, se hizo patente que aquella regulación de los años 30 había quedado desfasada y, por ese motivo, se aprobó una nueva Orden de 7 de marzo de 1972 por la que se reguló la organización y funcionamiento de estas Agencias. En aquel momento, a los detectives ya se les exigía: el título de bachiller superior o equivalente; un certificado de carecer de antecedentes penales; una declaración jurada de no estar sujeto a interdicción civil, ni ser quebrado o concursado no rehabilitado; y un certificado de aptitud expedido por la Agrupación Nacional Sindical de Centros de Investigación Privada. Asimismo, el Art. 7 de esta disposición excluía del ejercicio profesional de detective a los funcionarios en activo de los Cuerpos General de Policía, Policía Armada y Guardia Civil.