Carlos Pérez Vaquero

Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

Hoy se cumplen 64 años de aquel 10 de diciembre de 1948, cuando la 183ª Asamblea General de la ONU adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En relación con los menores de edad, el texto de la DUDH sólo se refiere a ellos en un único precepto (el Art. 25.2) al  afirmar, de forma genérica, que tanto la infancia como la maternidad tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Para ampliar este ámbito de actuación, el conjunto de órganos y organizaciones que conforman el denominado Sistema de las Naciones Unidas ha venido desarrollando desde entonces un conjunto de reglas, directrices y observaciones de carácter mínimo –de modo que sean válidas para la pluralidad de sistemas jurídicos que coexisten en el mundo– que deben aplicarse a la hora de exigir la responsabilidad penal a los menores que hayan cometido un hecho delictivo.

Para el Diccionario de la RAE, un retrato robot es la imagen de una persona dibujada a partir de los rasgos físicos que ofrece quien la conoce o la ha visto. Desde el punto de vista de la criminalística, la primera ocasión en que se utilizó esta técnica se documentó el 4 de julio de 1881, cuando el diario británico Daily Telegraph insertó un cartel de búsqueda de Scotland Yard ofreciendo una recompensa de 200 libras esterlinas por el periodista Percy Lefroy Mapleton, acusado de ser el Asesino del ferrocarril (Railway murderer) que cubría el trayecto entre Londres y Brighton.

El 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza dejó un rastro de 27 cadáveres: mató a su madre de un disparo en la cara y acribilló a 20 niños y 6 adultos en la escuela de primaria Sandy Hook, de Newtown (Connecticut, EE.UU.) antes de poner fin a su vida pegándose un tiro. Las masacres escolares y en campus universitarios suelen ocupar el sumario de los informativos con demasiada frecuencia: One L. Goh mató a 7 personas en la Universidad de Oikos (Oakland, California) el 2 de abril de 2012; Eric Harris y Dylan Klebold asesinaron a 12 estudiantes de secundaria y a un profesor, antes de suicidarse, en el instituto de Columbine (Colorado), el 20 de abril de 1999; el mismo camino que siguió Seung-Hui Cho después de asesinar a 32 personas en la Virginia Tech, de Blacksburg (Virginia), el 16 de abril de 2007… y si vamos echando la vista atrás, el ex marine Charles Whitman se encaramó armado en lo alto de la Torre del Reloj de la Universidad de Texas, en Austin, desde donde fue matando a 17 víctimas (además de su mujer y su madre) antes de ser abatido por la policía el 1 de agosto de 1966.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una primera declaración muy genérica –la A/RES/2037 (XX), de 7 de diciembre de 1965– que proclamaba, entre otros principios, los ideales de educar a los jóvenes en el espíritu de la dignidad y la igualdad. Quince años más tarde, la cuarta resolución del VI Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente [Caracas, del 25 de agosto al 5 de septiembre de 1980] se comprometió a elaborar unas normas de justicia juvenil, donde se especificó que dichas reglas tendrían que reflejar el principio básico de que la prisión preventiva se utilizaría solo como último recurso, que no debía mantenerse a ningún menor en una institución donde pudiera recibir la influencia negativa de los reclusos adultos y que siempre debían tenerse en cuenta las necesidades propias de su estado de desarrollo.

El Art. 40.3.a) de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, pidió a los Estados miembros de la ONU que establecieran una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales; pero su petición mantuvo la habitual flexibilidad que caracteriza este ámbito, de modo que no existe ninguna disposición internacional sobre justicia juvenil que establezca, expresamente, cuáles son las edades mínima y máxima entre las que se comprende el indeterminado concepto de “menor delincuente”. Esa indefinición obedece a una razón muy sencilla: se trata de unos principios básicos que el Derecho Internacional ha logrado consensuar para fijar unas reglas mínimas aplicables a la gran diversidad de ordenamientos que existen en todo el mundo. La primera regulación que trató de acotar ese margen de apreciación nacional fueron las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores [conocidas como las “Reglas de Beijing”]. Ese mínimo común se adoptó mediante la Resolución A/RES/40/33, de 29 de noviembre de 1985, en pleno Año Internacional de la Juventud.

El primer Conde de Romanones, el madrileño Álvaro de Figueroa y Torres (1863-1950), fue abogado, escritor, empresario y –sobre todo– un político liberal que alcanzó las más altas instancias del Estado porque llegó a presidir el Consejo de Ministros durante el convulso reinado de Alfonso XIII (monarca que no solo reinaba sino que gobernaba) y a ser presidente de ambas cámaras legislativas, tanto del Congreso como del Senado; además de diputado a Cortes, ministro en varios departamentos (incluyendo Justicia) y alcalde de Madrid. Como jurista, Figueroa se había licenciado en Derecho en la antigua Universidad Central (antecedente de la actual Complutense) y obtuvo el doctorado en Bolonia (Italia) antes de regresar a España para colegiarse como abogado en la capital donde, al poco tiempo ya había logrado –como él mismo reconoció en sus Memorias– una clientela numerosa, pero poco lucida defendiendo a toda clase de procesados: por robo, violación, estafa, adulterio, homicidio, asesinato (…) delitos de imprenta (…) y sólo dos causas de notoriedad. Una de ellas fue la defensa del francés Hillairaud por intentar matar al mariscal Bazaine en Metz [Romanones alegó la eximente de locura y el estado de los espíritus en Francia; pero, finalmente, el acusado fue condenado a cumplir 9 años de reclusión en el presido de Cartagena (Murcia)]; y la otra causa perdida de antemano fue uno de los procesos más mediáticos de finales del siglo XIX: el llamado Crimen de la Guindalera, de 1886.

Las enumera el Art. 130 del Código Penal español. Junto al polémico indulto –esa medida de gracia que se concede discrecionalmente y de la que ya tuvimos ocasión de hablar en otro in albis para distinguirlo de la amnistía– existen otros seis motivos: los dos primeros (la muerte del reo y el cumplimiento de la condena) son evidentes pero nuestro legislador también prevé otros cuatro supuestos: la remisión definitiva de la pena (es decir, conforme al Art. 85.2 CP, el juez puede acordar su fin si ha transcurrido el plazo de suspensión que se había fijado para ejecutar las penas privativas de libertad, el sujeto no ha vuelto a delinquir y ha cumplido, en su caso, las reglas de conducta que estableció el tribunal); el perdón del ofendido (sólo es válido en aquellos supuestos que estén previstos por la Ley; por ejemplo, en el descubrimiento y revelación de secretos del Art. 201.3 CP; en los casos de calumnia o injuria, del Art. 215.3 CP; o en los daños causados por imprudencia grave, regulados en el Art. 267 in fine); y, por último, la responsabilidad también se extingue por la prescripción, tanto del delito como de las penas o de las medidas de seguridad.

El segundo fundamento jurídico de la sentencia 50/1998, de 2 de marzo, del Tribunal Constitucional, no puede ser más didáctico: El derecho a mostrarse parte en un proceso penal mediante el ejercicio de la acción popular, manifestación de la participación ciudadana en la Administración de Justicia, cuenta con un profundo arraigo en nuestro ordenamiento. Ya fue objeto de un expreso reconocimiento en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882. En esta misma línea, la Constitución de 1978 quiso reforzar dicho derecho y para ello le dio carta de naturaleza en el Título VI, dedicado sistemáticamente al Poder Judicial (Art. 125). Este precepto de la norma fundamental del Estado al que se refiere la sentencia establece que: Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. De este modo, según el TC, la acusación popular se configura como una institución reconocida en la Constitución lo que supone el desempeño privado de la función pública de acusar.

En los Arts. 37 a 46 del primer Código Penal de la historia de España –el que decretaron las Cortes el 8 de junio de 1822– se detallaba el minucioso modo de ejecutar la pena capital. Tras notificar la sentencia al condenado a muerte –cuarenta y ocho horas antes de proceder a su ejecución– se ponían carteles para anunciar al público el día, hora y sitio en que tendría lugar, con el nombre, domicilio y delito del reo que, en todo caso, sufriría el garrote, sin tortura alguna ni otra mortificación previa de la persona. La ejecución siempre era pública y tenía lugar entre las 11h00 y 12h00 de la mañana, pero nunca en domingo ni en día feriado, fiesta nacional o día de regocijo de todo el pueblo. La pena se ejecutaba sobre un cadalso de madera o de mampostería, pintado de negro, sin adorno ni colgadura alguna en ningún caso y colocado fuera de la población; pero en sitio inmediato a ella para que pudieran presenciarla muchos espectadores.

En 2006, el artista canadiense Jeffrey Swartz organizó una exposición en Vic (Barcelona) sobre uno de los fraudes más habituales que se cometen por internet –el timo 419– calculando que, por este medio, se estafan al año unos 3.000.000.000 de dólares a personas que, sencillamente, han sido engatusadas por medio de un correo electrónico, enviado desde Lagos (Nigeria), en el que alguien que se presenta como delegado de una entidad bancaria local le comunica que ha sido autorizado a repartir una gran cantidad de dinero –suele hablarse de millones de dólares americanos que proceden de las cuentas corrientes de contratistas extranjeros– entre los que se pongan en contacto con él, rápidamente, indicando sus datos personales, dirección, teléfono, estado civil y profesión, junto con una copia escaneada de algún documento oficial que lo identifique. De esta manera, la víctima accede a facilitar sus datos a cambio de la promesa de recibir una parte de aquella ingente cantidad de dinero.