Carlos Pérez Vaquero

Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

El belga Georges Remi (1907-1983) pasó a la historia del cómic con el sobrenombre artístico que ideó siendo joven a partir de la primera letra de su apellido paterno, seguida de la inicial de su nombre de pila; es decir: R, G, que, pronunciándolo de acuerdo con su lengua materna, el francés, era: Hergé. El famoso creador de Las Aventuras de Tíntín y Milú publicó en blanco y negro las primeras tiras de estos personajes en el suplemento infantil Le Petit Vingtième del diario Le Vingtième Siècle (El siglo XX) en 1929 y, al año siguiente, la historieta comenzó a editarse en formato de libro. En 1930 apareció publicado el segundo volumen de sus obras titulado Tintin au Congo (Tintín en el Congo) que se reeditó en color –corrigiendo parte de su contenido– en 1946.

Lograr una sanción individualizada para los jóvenes que han cometido su primer delito, conseguir que participen activamente en la resolución del caso y prestar un servicio en favor de la comunidad en la que viven son los tres grandes objetivos que persiguen los Tribunales de Adolescentes, o Teen Courts, de los Estados Unidos. A ciencia cierta no se sabe cuál fue el primer programa que sirvió de base a los demás, pero la National Association of Youth Courts (NAYC) –una federación que reúne a las ONG que gestionan estos planes en 18 Estados de la Unión– considera que pudieron ser el Youth court que comenzó a trabajar en Horseheads (Nueva York) en 1968, o el Youth jury, de Naperville (Íllinois), de 1972.

Para reconocer la magnitud de la violencia urbana, por quinto año consecutivo, la organización civil mexicana Seguridad, Justicia y Paz ha publicado su informe sobre las 50 ciudades con más de 300.000 habitantes que tienen la tasa de homicidios más elevada de todo el planeta. El objetivo que persigue este polémico ránking es llamar la atención sobre el crecimiento de la violencia en las urbes, particularmente en México y en América Latina, para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los gobernados, de garantizar su derecho a la seguridad pública. El listado lo encabeza San Pedro Sula (Honduras) con una tasa de 169,30 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes; seguida de Acapulco (México), Caracas (Venezuela), Distrito Central (Honduras), Torreón (México), Maceió (Brasil), Cali (Colombia), Nuevo Laredo (México), Barquisimeto (Venezuela) y João Pessoa (Brasil). Cierra el listado de las cincuenta ciudades más violentas, Barranquilla (Colombia) con una tasa de 29,41.

Elmyr de Hory (Budapest, 1906 – Ibiza, 1976) puede que haya sido uno de los mayores falsificadores de arte de toda la Historia aunque él siempre se declaró inocente. Durante dos décadas –entre la postguerra y los años 60– este pintor y aristócrata húngaro consiguió que sus lienzos engañaran a museos, galerías de arte, casas de subastas y coleccionistas privados de medio mundo, cuando sus marchantes [el egipcio Fernand Legros y el canadiense Réal Lessard] lograron vender más de mil de sus excelentes falsificaciones de Picasso, Modigliani, Matisse, Chagall, Monet, Degas, Signac, Derain o Léger como si fueran originales. Si se colgaran mis cuadros en un museo de pintura el tiempo suficiente, se volverían auténticos –le dijo a Orson Welles en el documental F for Fake (Fraude. La gran mentira del arte) de 1974. Aquella estafa multimillonaria acabó convirtiéndose en su lujoso modo de vida, en un estudio de la isla ibicenca, rodeado de glamour, hasta que el 11 de diciembre de 1976 decidió suicidarse con barbitúricos al saber que las autoridades españolas iban a extraditarlo a Francia para ser juzgado allí como falsificador.

A partir del texto de la Declaración sobre la Policía (Resolución 690) que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el 8 de mayo de 1979, el Consejo de Ministros español acordó publicar la Orden de 30 de septiembre de 1981 con los veintiocho principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [Guardia Civil y Policía Nacional] que, como nos recuerda el Art. 104 de la Constitución de 1978, tienen encomendada la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; por ese motivo, los tres primeros principios redundan en esa idea al afirmar que: 

 

En julio de 2012, el INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Información, adscrito al Ministerio de Industria español) definió la identidad digital como el conjunto de la información sobre un individuo o una organización expuesta en Internet (datos personales, imágenes, registros, noticias, comentarios, etc.) que conforma una descripción de dicha persona en el plano digital. En este ámbito, un mes antes, el 21 y 22 de junio de 2012, la Digital Agenda Assembly de la Comisión Europea también analizó los problemas que conlleva esta identidad 2.0 [en inglés, digital identity] a la hora de acceder a cuentas de correo electrónico, la banca on line, el e-comercio, las redes sociales o la administración electrónica y llegó a la conclusión de que, hoy por hoy, no existe ninguna política ni marco normativo común de ámbito internacional sobre esta cuestión, más allá de lo relativo a meros aspectos técnicos (sobre autentificación, gestión de datos personales o privacidad). 

Siempre que se habla de la Ley Seca, irremediablemente, pensamos en el submundo de Los intocables de Elliot Ness, Al Capone y el tráfico de alcohol clandestino en el Chicago de la época dorada de los gángster. Aquella famosa norma se basaba en la 18ª enmienda de la Constitución de los EEUU que se aprobó el 16 de enero de 1919: 1. Un año después de la ratificación de este artículo quedará prohibida por la presente la fabricación, venta o transporte de licores embriagantes dentro de los Estados Unidos y de todos los territorios sometidos a su jurisdicción, así como su importación a los mismos o su exportación de ellos, con el propósito de usarlos como bebidas. 2. El Congreso y los diversos Estados poseerán facultades concurrentes para hacer cumplir este artículo mediante leyes apropiadas. 3. Este artículo no entrara en vigor a menos de que sea ratificado con el carácter de enmienda a la Constitución por las legislaturas de los distintos Estados en la forma prevista por la Constitución y dentro de los siete años siguientes a la fecha en que el Congreso lo someta a los Estados. 

Históricamente, el desorbitamiento ha sido una de las penas corporales más habituales, desde la Antigüedad y hasta bien entrada la Edad Media, para sancionar ciertas conductas delictivas. En el caso de España, cuando los reyes visigodos eran clementes con los traidores, en lugar de imponerles la pena de muerte, “simplemente” los dejaban ciegos. El castigo consistía, como su nombre indica, en vaciar las cuencas de los ojos al ajusticiado, y solía aplicarse a los delitos relacionados con agresiones sexuales y casos de adulterio. Para la lógica de aquel tiempo (el castigo estaba relacionado con el motivo por el que se cometió el delito), si la lujuria y el deseo carnal le entraban al agresor por los ojos, estaba claro que la vista era el sentido que le había llevado a delinquir, luego la pena tenía que ser cegarle los ojos. Probablemente, el caso más conocido fue el del rey Zaleuco de Locris –una ciudad griega del sur de la Península Itálica (en aquella época formaba parte de las colonias de la Magna Grecia; hoy en día, es la región italiana de Calabria)– que gobernó, al parecer, muy sabiamente, en el siglo VII a.C.

Puede que el contenido de este in albis te recuerde vagamente al argumento del relato El informe de la minoría, de Philip K. Dick (1956), o a su versión cinematográfica, Minority Report, de Steven Spielberg (2002), pero no se trata de ciencia ficción sino de realidad. El Título XI del Código Penal de Cuba –que se aprobó mediante la Ley nº 62, de 29 de diciembre de 1987– regula el estado peligroso y las medidas de seguridad. Su primer precepto, el Art. 72, considera que una persona se encuentra en esta situación cuando se halla especialmente proclive a cometer delitos, demostrando que observa una conducta en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.

El 25 de febrero de 2001, dos hermanos que tenían a su padre muy enfermo –sufría un carcinoma hepático avanzado, con metástasis– se dirigieron a Jerez de la Frontera (Cádiz), al domicilio de una mujer que tenía “poderes” y que –según consta en la sentencia 832/2007, de 2 de febrero, del Tribunal Supremo – les indicó que ella podía curar a su padre pero que (…) el tratamiento era caro pues incluía la compra de unos líquidos en Madrid, de precio elevado, y les explicó que también era necesario sacrificar animales y extraerles los mismos órganos afectados por el cáncer que sufría su padre, tarea para la que precisaba la ayuda de otra persona. Entre febrero y marzo de aquel año, los hermanos extremadamente asustados y desanimados por la situación le entregaron 2.995.000 pesetas y la escultura de un pájaro y también le costearon cuatro traslados desde su “consulta” jerezana hasta la casa familiar del paciente en Ubrique.