Carlos Pérez Vaquero

Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

Esta pequeña república del Sudeste asiático es una próspera isla que alcanzó su independencia de Gran Bretaña en 1963 y del resto de la vecina Malasia en 1965. Desde entonces, la Ciudad de los Leones (Singapur, en sánscrito) ocupa un privilegiado lugar entre los países del mundo con mayor Índice de Desarrollo Humano (en los informes de la ONU de 2011, la sitúan en el puesto 26º; tres por detrás de España); pero si esta Ciudad-Estado –que guarda ciertas similitudes con Mónaco– se ha hecho famosa en todo el mundo, desde el punto de vista jurídico, ha sido por la severidad de algunas de sus normas como la conocida Smoking (Prohibition in Certain Places) Act, de 1992, que prohibió fumar en diversos locales y vehículos con multas que podían alcanzar hasta los 1.000 dólares singapurenses (al cambio, unos 630 euros); y, sobre todo, por su curiosa ley que prohibió la importación y venta de chicles.

 

Desde finales de los años 60, los policías de Estados Unidos leen la famosa Declaración Miranda a todos los detenidos: Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a consultar a un abogado y a tenerlo presente cuando sea interrogado por la policía. Si no puede permitirse contratar a un abogado, le será asignado uno de oficio para representarle…Pero, ¿qué ocurre en España? El Art. 17.3 de la Constitución establece que Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 

El Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de enero, creó este órgano jurisdiccional concibiéndolo sobre el modelo de las clásicas Audiencias, en cuanto órganos colegiados de la Administración de Justicia, y sin más diferencia que la de su ámbito territorial, pues mientras éstas ejercen su jurisdicción sobre una parte del territorio nacional, aquélla la extiende a la totalidad de él; con la finalidad de dedicarse al conocimiento de nuevos modos de delincuencia, de extensión e intensidad desconocidas hasta hace poco tiempo. Unas modalidades delictivas para cuya investigación y enjuiciamiento resulta inadecuada una Administración de Justicia organizada en Juzgados y Audiencias de competencia territorial limitada, por lo que se decidió establecer en Madrid un único tribunal centralizado y especializado para el conocimiento de determinadas materias establecidas por la Ley (actualmente, son las atribuciones previstas en los Arts. 62 a 69 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Hasta que Anders Breivik mató indiscriminadamente a 77 personas en Oslo y la isla de Útoya, en 2011, el Caso Orderud fue el crimen más famoso y mediático que había ocurrido en la crónica negra de este tranquilo país nórdico: el 22 de mayo de 1999, la secretaria del Ministro de Defensa de Noruega, Anne Orderud –que ya había sobrevivido a un intento de atentado con coche bomba el 15 de julio de 1998 y era viuda del diplomático Per Paust– fue brutalmente asesinada junto a sus octogenarios padres (Marie y Kristian) en la finca que la familia poseía al norte de la capital. Dos años más tarde de que se cometiera el triple asesinato, del 18 de abril al 15 de junio de 2001, los cuatro responsables de aquella masacre se sentaron en el banquillo del juzgado de distrito de Nes: un hombre (A), que era hermano e hijo, respectivamente, de las víctimas; su esposa (B), la hermanastra de ella (C) y un amigo de ésta (D). El proceso fue tan mediático que el tribunal tuvo que habilitar una sala de prensa para que los periodistas pudieran seguir las sesiones del juicio. Finalmente, A, B y C fueron condenados a 21 años de prisión y D a dos años y medio.

Cuando se regula la comprobación del delito y la averiguación del delincuente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (enunciado que no puede ocultar su origen decimonónico, porque en la LECr española aún conviven normas de tres siglos distintos) se dedican cinco artículos al careo de los testigos y los procesados (Arts. 451 a 455 LECr). El primero de ellos establece que cuando los testigos o los procesados entre sí o aquéllos con éstos discordaren acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que interese en el sumario, podrá el Juez celebrar careo entre los que estuvieren discordes, sin que esta diligencia deba tener lugar, por regla general, más que entre dos personas a la vez.

En la literatura francesa del siglo XIX, a la época romántica –tan alejada de los problemas cotidianos por su exaltación de la sensibilidad [representada por autores como Víctor Hugo (Nuestra Señora de París), Alexandre Dumas (Los tres mosqueteros) o Prosper Mérimeé (Carmen)]– le siguió un movimiento de signo contrario, el realismo, que puso su énfasis en las costumbres y en el comportamiento de los hombres [Honoré de Balzac (Comedia humana), Stendhal (La cartuja de Parma) y el protagonista de este in albis, el autor de Madame Bovary]. Gustave Flaubert (Ruán, 1821 – Croisset, 1880) abandonó sus estudios de Derecho para convertirse en un concienzudo escritor, poco prolífico por su minuciosidad a la hora de retratar el aspecto psicológico de sus personajes. En 1856 comenzó a publicar su obra cumbre, Madame Bovary, en tres entregas sucesivas que se distribuyeron mensualmente con una revista parisina: La Revue de Paris. Un año más tarde se editó el libro.

El Art. 32 del Código Penal español (que fue aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre; aunque su articulado ha sido modificado, añadido y derogado en más de veinte ocasiones desde entonces) establece que las tres penas que se pueden imponer con arreglo a él –tanto con carácter principal como accesorias– son: 1) Las penas privativas de libertad (Arts. 35 a 38 CP): prisión, localización permanente y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa; 2) Las penas privativas de derechos (Arts. 39 a 49 CP): como, por ejemplo, la inhabilitación absoluta, la suspensión de empleo o la privación de la patria potestad; y 3) Las multas (Arts. 50 a 53 CP) que consisten en la imposición de una sanción pecuniaria al condenado, mediante el sistema de días-multa (salvo que la Ley disponga otra cosa).

Tres años después de heredar el trono de España, los príncipes electores alemanes nombraron káiser del Sacro Imperio Romano Germánico al emperador Carlos I, con el nombre de Karl V (Carlos V). Ocurrió en Fráncfort (Hesse) el 28 de junio de 1519. Por aquel entonces, el territorio de la actual República Federal se encontraba fragmentado en numerosos y pequeños estados bajo una pluralidad de leyes que los jueces aplicaban discrecionalmente de acuerdo con su propio criterio. Para evitar esa falta de imparcialidad, el nuevo monarca recopiló toda aquella normativa bajo un único cuerpo legal al que se conoce con diversos nombres: Carolina, Lex Carolina, Peinliche Halsgerichtsordnung Karls V o, simplemente, CCC, por las iniciales de su denominación en latín: Constitutio Criminalis Carolina, que a pesar de lo que sugiere el nombre, incluyó tanto normas civiles como penales porque, de acuerdo con la tradición germánica, entonces no solía distinguirse entre ambas jurisdicciones.

El 31 de octubre de 2012, el Congreso de Argentina sancionó la Ley de Ciudadanía (Ley nº 26.774) por la que se modificó el Art. 7° de la Ley 346, que ha quedado redactado de la siguiente manera: Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República. Esta medida supondrá, en la práctica, reconocer el derecho al voto de más de un millón de jóvenes. Hasta entonces, la anterior redacción de la Ley de Ciudadanía y Naturalización establecía ese momento en los 18 años (como sucede actualmente con la regulación española: los Arts. 2 y 6 de la Ley Orgánica 2/1985, del Régimen Electoral General, reconocen los derechos de sufragio activo y pasivo a los españoles mayores de edad; remitiéndose al Art. 12 de la Constitución: Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años). Más allá de la polémica que ha generado la decisión del Gobierno de Buenos Aires –en España, el programa de juventud de Izquierda Unida también lo propuso en 2011– esta iniciativa legislativa ha reavivado el viejo debate sobre las diferentes edades legales previstas por los ordenamientos jurídicos.

Para hablar de este tipo de cárceles no hace falta que nos remontemos a los tiempos de los galeotes. Cuando hablamos en otro in albis de la fundación de Australia como una tierra de convictos, tuvimos ocasión de comentar que uno de los primeros colectivos occidentales que se asentó en aquella isla-continente fueron los presos a los que se les ofreció la posibilidad de conmutar su reclusión en Inglaterra, e incluso la pena de muerte, por la deportación a esta colonia penal, situada en el otro extremo del mundo; pensando, erróneamente, que se les trasladaba a una Tierra Prometida, de verdes prados y colinas llenas de bosques. Muchos de aquellos condenados aceptaron la propuesta de las autoridades sólo por huir de las insalubres cárceles flotantes donde se les estaba encerrando en Londres desde finales del siglo XVIII, porque los presidios británicos estaban tan hacinados que se tuvo que confinar a los criminales en viejos barcos-prisión anclados en el Támesis o en el puerto de Portsmouth, en unas condiciones que hoy en día consideraríamos como infrahumanas.