Carlos Pérez Vaquero

Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

En el Anexo I de la Evidence Act 2008 –Ley Probatoria del Estado australiano de Victoria– se regula el juramento que deben prestar los testigos bajo la fórmula: I swear (or the person taking the oath may promise) by Almighty God (or the person may name a god recognised by his or her religion) that the evidence I shall give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth; es decir, Juro (la persona a la que se toma el juramento puede prometerlo) ante Dios Todopoderoso (o el nombre con el que esta persona designe a la divinidad en su religión) que la prueba que daré será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Este juramento (oath) –que todos conocemos gracias a las películas y series de televisión ambientadas en los tribunales estadounidenses– es la habitual en todo el mundo anglosajón.

Cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier nexo se le pudiera relacionar con la prueba nula, debía ser igualmente, estimada nula; es decir, si la obtención de una prueba no supera un control de legalidad –por ejemplo, si se obtuvo vulnerando el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad del domicilio (Art. 18 de la Constitución)– se convierte en ilegítima y su nulidad insubsanable, (…) arrastrará a todas aquellas otras pruebas directamente relacionadas y derivadas [sentencia 4735/2012, de 21 de junio, del Tribunal Supremo, de acuerdo con una reiterada jurisprudencia]. Esta posibilidad de extender los efectos de una prueba declarada nula recibe el metafórico nombre de la doctrina de los frutos del árbol envenenado; en el sentido comparado de que si un árbol se emponzoña, todos los frutos que den sus ramas también estarán corrompidos.

Las extensas excepciones preliminares del caso Velásquez Rodríguez contra Honduras fueron el primer pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se redactaron en San José (Costa Rica), sede de este tribunal internacional, el 26 de junio de 1987. El origen de esta denuncia se remontaba casi seis años atrás, cuando el 12 de septiembre de 1981, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, fue apresado en forma violenta y sin mediar orden judicial de captura, por elementos de la Dirección Nacional de Investigación (DNI) y del G-2 de las Fuerzas Armadas de Honduras (…) fue llevado junto con otros detenidos a las celdas de la II Estación de la Fuerza de Seguridad Pública ubicadas en el Barrio El Machén de Tegucigalpa, donde fue sometido a "duras interrogaciones bajo crueles torturas, acusado de supuestos delitos políticos"; cinco días más tarde, fue trasladado al I Batallón de Infantería donde prosiguieron con los interrogatorios descritos y que, a pesar de esto, todos los cuerpos policiales y de seguridad negaron su detención.

El 9 de junio de 2011, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional condenó al marroquí Wissam Lotfi como autor criminalmente responsable de un delito de colaboración con organización o grupo terrorista, a la pena de cinco años de reclusión. La sentencia de este órgano consideró probado que el condenado –afín por sus ideas radicales a la ideología Salafista-Jihadista patrocinada por diferentes grupos terroristas (…) que se mueven dentro de la órbita marcada por Al-Qaeda, cuyo objetivo es el establecimiento de un estado islámico universal bajo el amparo de la Sharia– se venía reuniendo, desde el año 2000, con otros individuos de similar ideología, todos ellos musulmanes en una carnicería de Burgos regentada por su amigo Buchaib Maghder, que fue detenido en Marruecos, el 30 de diciembre de 2002, por su participación en los atentados terroristas de Casablanca, de mayo de aquel año.

Aunque muchos pueblos de la antigüedad –como los caldeos, persas, egipcios o hebreos– contaron con figuras semejantes a nuestros abogados e incluso llegaron a tener defensores caritativos que ayudaban a los pobres; fue en Grecia donde la abogacía alcanzó su verdadera entidad y el status de profesión. En Atenas se estableció la primera escuela jurídica y dos de sus más renombrados estadistas destacaron también en la abogacía: Solón, que redactó en el siglo VI a.C. la primera reglamentación de este oficio, aunando aspectos jurídicos y religiosos; y Pericles, el gran político y estratega, al que se suele considerar como el primer abogado profesional.

El 21 de junio de 1985, una cadena de radio danesa emitió un reportaje del periodista Jens Olaf Jersild sobre la creciente ola de desconfianza y resentimiento que sentían algunos de sus compatriotas en contra de ciertas minorías, preguntándose por los motivos que llevaban a algunos colectivos sociales a odiar de aquella forma a los extranjeros. Para documentar su programa, Jersild conversó con tres jóvenes del grupo extremista Chaquetas verdes que, durante la posterior emisión, en diferido, de su entrevista, profirieron algunas consignas xenófobas contra los inmigrantes y en favor de una Dinamarca solo para los daneses. Uno de los oyentes de aquel programa dominical fue el Obispo de Aalborg que, al escuchar sus opiniones racistas, llamó al Ministro de Justicia para quejarse, intervino la Fiscalía y el asunto acabó en un juzgado de Copenhague que abrió diligencias contra la emisora. Finalmente, la justicia danesa condenó a pagar diversas cuantías de multas pero no solo a los tres jóvenes radicales, sino también al jefe de la sección de informativos de la cadena de radio y al propio periodista.

Para el Tribunal Supremo, en un Estado Social y Democrático de Derecho el valor Seguridad Jurídica no puede prevalecer sobre el valor Justicia determinando la inmodificabilidad de una sentencia penal de condena que se evidencia "a posteriori" como injusta; de acuerdo con este criterio, nuestro ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de interponer un recurso de revisión pero, al tratarse de un procedimiento extraordinario que ataca el efecto de cosa juzgada y trata de rescindir sentencias firmes, se concibe como una medida excepcional que solo se admite, únicamente, en aquellos supuestos señalados por la Ley en que se ponga en evidencia la injusticia de una sentencia firme de condena. Con esta premisa, para revisar una resolución judicial es necesario que se cumplan tres requisitos, de acuerdo con el Art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 1º. Debe tratarse de una sentencia (y no, por ejemplo, de un auto), 2º. Tiene que ser firme (y, por lo tanto, irrecurrible ante otras instancias) y 3º. Ha de ser condenatoria. Esto presupone –como señaló el auto 2595/2011, de 21 de febrero, del Tribunal Supremo– la existencia de una sentencia condenatoria válida y vigente; es decir, una resolución condenatoria que se halle vigente en el mundo jurídico y que, en consecuencia, solo pueda ser dejada sin efecto mediante el proceso de revisión.

La Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar (CPM) castiga las acciones y omisiones, dolosas o culposas, que se castigan como delitos militares. Al regular las penas que se pueden imponer a los delitos comprendidos en este Código, el Art. 24 establece que dichas penas principales pueden ser: la prisión (en general, la pena de privación de libertad impuesta a militares oscila, según los delitos, entre los tres meses y un día y los veinticinco años y se cumplen en los establecimientos penitenciarios militares que determine el Ministerio de Defensa), la pérdida de empleo (que produce la baja del penado en las Fuerzas Armadas, con privación de todos los derechos adquiridos en ellas, excepto los pasivos), la inhabilitación definitiva para mando de buque de guerra o aeronave militar, el confinamiento (de seis meses y un día a seis años) o el destierro (de tres meses y un día a seis años). Sorprende descubrir que, en pleno s. XXI, un militar aún pueda ser desterrado.

Hablando con propiedad, el mal llamado robo necesario, miserable o famélico se denomina eximente de estado de necesidad y se regula en el Art. 20.5° del Código Penal español. Este precepto señala que está exento de responsabilidad criminal [lo que no excluye la correspondiente responsabilidad civil (Arts. 118 y 119 CP)]: El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1) Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. 2) Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. 3) Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. En la jurisprudencia española, este concepto del robo famélico sólo aparece en dos únicas resoluciones de todo nuestro amplio repertorio.

Al comentar la sentencia del TEDH que resolvió el caso Kafkaris contra Chipre, de 12 de febrero de 2008, tuvimos ocasión de preguntarnos si la cadena perpetua es o no un trato inhumano. Según el criterio de la Corte de Estrasburgo, ya sabemos que si la legislación nacional del Estado que haya impuesto la cadena perpetua prevé la posibilidad de llegar a revisar, en algún momento, la reclusión de por vida para lograr su conmutación, terminación o la libertad condicional del recluso, con eso bastará para satisfacer el Art. 3 y que la cadena perpetua no sea considerada un trato inhumano o degradante.