Carlos Pérez Vaquero

Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

Cuando la segregación racial aún discriminaba a los ciudadanos de EE.UU. por el color de su piel, un joven cartero, negro y tejano llamado Heman Marion Sweatt  (Houston, 1912 – Atlanta, 1982) se interesó por las leyes racistas de su Estado al comprobar que la empresa postal en la que trabajaba no le promocionaba en su puesto, simplemente, porque no era blanco. Sweatt –que ya había participado en diversas campañas reclamando el voto para los negros y realizando cuestaciones para obtener fondos con los que financiar las acciones en pro de sus derechos civiles– decidió matricularse en la única Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en Austin, donde fue rechazado por su rector Teophilus Painter con el argumento de que ese centro universitario no admitía estudiantes negros.

Históricamente, tanto el indulto como la amnistía han sido dos medidas de gracia que se concedían discrecionalmente para que se pudiera extinguir una condena. En el primer caso, el indulto aún se regula en España por las reglas que estableció la Ley de 18 de junio de 1870 (parcialmente modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero). Su Art. 1 señala que los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido; aunque posteriormente exceptúa de esta gracia a los procesados criminalmente que aún no hubieran sido condenados por sentencia firme; los que no estuvieran a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena y los reincidentes en el mismo o en otro cualquiera delito por el que hubieran sido condenados por sentencia firme (curiosamente, la norma también prevé una exclusión a la excepción: salvo que a juicio del Tribunal sentenciador, hubiese razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia).

Francisco de Quevedo menciona la antigua costumbre de acogerse a sagrado en su Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos cuando narra la huida de su protagonista: (…) El alguacil puso la justicia en sus pies y apeló por la calle arriba dando voces. No lo pudimos seguir, por haber cargado delantero. Y, al fin, nos acogimos a la Iglesia Mayor, donde nos amparamos del rigor de la justicia. Quevedo –lo mismo que Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Shakespeare– se refiere a la antigua tradición de conceder asilo dentro de un templo, espacio que se consideraba inviolable, a todos aquellos que fuesen perseguidos por las autoridades civiles; de modo que, en la lucha de poderes entre lo divino y lo humano, la justicia sagrada amparaba a quienes traspasaran el umbral de un recinto eclesiástico frente a la acción de la justicia profana.

Muchos expertos consideran que la elegante catedral de León es la más francesa de las catedrales españolas. El templo gótico dedicado a Santa María de Regla empezó a construirse hacia 1203 por la cabecera, sobre las ruinas de las dos iglesias que la precedieron: la visigoda que Ordoño II mandó construir en el siglo X (destruida por Almanzor en su incursión del año 987) y la románica que se edificó en el mismo lugar a mediados del s. XI; pero la muerte de su principal impulsor (el obispo Pelagio), los problemas a la hora de elegir sucesor en la sede catedralicia y la pérdida de la capitalidad del reino al unirse León definitivamente con la Corona de Castilla motivaron que la construcción se paralizara hasta mediados del siglo XIII cuando Alfonso X el Sabio reemprendió unas obras que se terminaron dos siglos después, al coronarse la aguja de la Torre del Reloj.

El 22 de marzo de 2008, un individuo armado con un palo de madera entró en la Parroquia de Cristo Rey, en Usera (Madrid), en el momento en que el sacerdote impartía el sacramento del bautismo a cinco niños. Ante una numerosa congregación de fieles, empezó a gritar “no creo” al tiempo que realizaba gestos obscenos delante de las imágenes religiosas e insultaba al párroco, obligando a suspender la ceremonia y a que se avisara a la Policía. Cuando llegaron los coches patrulla, el hombre opuso una fuerte resistencia a los agentes, tratando de darles puñetazos y patadas, hasta que pudo ser reducido. Año y medio más tarde, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Valdepeñas (Ciudad Real), una mujer que padecía un trastorno neurótico que alteraba sus cualidades psíquicas, interrumpió la lectura del Rosario el 12 de octubre de 2009, pidiendo dinero a los feligreses, hecho que repitió al día siguiente durante la misa, obligando a que también se suspendiera la eucaristía hasta que llegaron las fuerzas de seguridad del Estado.

El 22 de diciembre de 1997, el Pleno del Ayuntamiento de Garachico –un precioso pueblo de la costa norte de Tenerife– aprobó por unanimidad declarar que Telefónica de Servicios Móviles, S.A. era empresa non grata en aquel municipio y dar traslado de su acuerdo a otras 87 localidades canarias y a los Grupos Políticos del Parlamento regional. La empresa de telefonía interpuso un recurso contencioso-administrativo contra aquella declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, que lo desestimó el 22 de mayo de 2000 porque, frente a lo que sostenía la [empresa] demandante, dicho acuerdo estaba motivado, ya que se justifica en el incumplimiento reiterado por "Telefónica de Servicios Móviles, S.A." de los requerimientos, resoluciones y órdenes dada por el Ayuntamiento en relación con la licencia de obras para la instalación de estación base en el municipio. 

En la reciente sentencia 2156/2012, de 12 de marzo, del Tribunal Supremo, se condenó a ocho años de prisión a uno de los miembros de una organización dedicada a la introducción y posterior distribución de grandes cantidades de cocaína en territorio nacional procedente de Sudamérica. En su recurso de casación, el narcotraficante había alegado la vulneración del Art. 24 de la Constitución española por infracción al derecho fundamental del derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías por infracción de la ruptura de la cadena de custodia (…) aduciendo que los tripulantes del barco arrojaron la droga al mar y por lo tanto las Fuerzas de Seguridad no tuvieron a la vista la mercancía ni la controlaron hasta que la aprehendieron cuando flotaba extraviada en el mar. 

El 24 de junio de 1976, un grupo de militares uruguayos detuvo a la maestra Elena Quinteros Almeida, en su domicilio de Montevideo, por sus opiniones políticas marxistas (era miembro del Partido por la Victoria del Pueblo). La joven permaneció cuatro días incomunicada –a pesar de que el plazo máximo, según la normativa de este país sudamericano, era de 48 horas– hasta que fue conducida a un lugar cercano a la embajada de Venezuela donde pudo escaparse de sus captores y saltar el muro de la residencia diplomática pidiendo asilo, pero los policías vestidos de civil entraron en el recinto, golpearon al personal venezolano y se llevaron de nuevo a Elena. Su madre, María del Carmen Almeida (llamada Tota Quinteros) no obtuvo nunca ninguna información oficial de las autoridades sobre el paradero de su hija ni tampoco se admitió oficialmente su detención.

Desde 1998, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) viene citando el caso Quinteros para afirmar que los familiares allegados (next-of-skin) de las personas desaparecidas también pueden llegar a ser considerados víctimas de los malos tratos. Este criterio extensivo empezó a formar parte de la jurisprudencia europea a raíz del caso Kurt contra Turquía, de 25 de mayo de 1998, cuando la señora Koçeri Kurt denunció al Gobierno de Ánkara por la desaparición de su hijo Üzeyir, en unas circunstancias que comprometían la responsabilidad del Estado en los hechos. 

Como ha reiterado la jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo –por ejemplo, en el caso Salman contra Turquía, de 27 de julio de 2000– desde los años 90, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha realizado diversas visitas a este país euroasiático, a la luz del considerable número de informes recibidos, de una variedad de fuentes,en los que se denunciaban las torturas y malos tratos infligidos, en particular, a las personas que se hallaban detenidas bajo custodia policial. En diciembre de 1992, el CPT enumeró algunos de los graves castigos que se empleaban constantementeen las cárceles turcas: la llamada horca palestina(o Palestinian hanging, que se corresponde con el strapparede la Italia medieval: se descoyuntan las articulaciones del reo al suspenderle en el aire con los brazos atados por la espalda); así como descargas eléctricas, chorros de agua fría a presióno la reclusión en celdas pequeñas, oscuras y sin ventilación.