La política criminal española de las últimas dos décadas se ha caracterizado por un incremento continuo de las penas y por la criminalización de nuevas conductas. Es decir, por el populismo punitivo, ese tipo de política criminal en el que los gobernantes reforman el Código Penal cada poco tiempo para obtener beneficios electorales. Además de un error de cálculo, porque los ciudadanos españoles en realidad no apoyan mayoritariamente estas política de mano dura, esta forma de legislar en materia penal está produciendo un continuo incremento de la población penitenciaria en nuestro país. España es uno de los países con una menor tasa de criminalidad de Europa y es de los que tiene en prisión a un mayor porcentaje de la población. Pero el populismo punitivo no es un invento nuestro, sino una tendencia que se ha extendido de Estados Unidos a Europa y América Latina desde los años ochenta.