Luis Alberto Vergara Cisterna

Luis Alberto Vergara Cisterna

Abogado. Universidad La República. Cursando programa de Magister en Derecho Penal de la Universidad de Chile, fue Jefe Departamento de Reinserción Social en el Medio Libre de Gendarmería de Chile. Consultor de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ para asuntos penitenciarios y comisionado en el Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal para Chile de 2006, entre otros. En el Servicio Penitenciario desempeñó funciones de distinta índole por más de 20 años. Ha publicado artículos académicos sobre ejecución de la pena y el Libro, “Manual Penitenciario: Bases para el trabajo carcelario y su transformación”, de Diciembre de 2007.

Son muchos los ciudadanos chilenos que residen en el exterior y que en estos días hacen sentir con más fuerza su voz para participar del proceso eleccionario que se desarrolla en nuestro país. Muchos de ellos llevan años lidiando con un Estado sordo que les impide ilegítimamente ejercer sus derechos políticos, a pesar de que la Constitución Política de la República se los reconoce. Otros se suman con el vigor y la fuerza del que emprende una lucha justa de la cual no puede salir sino victoriosos. Ninguno se representa siquiera abandonar, por el contrario, todos unidos generan una fuerza común potente que convoca y compromete a quienes hemos escuchado sus voces, reconociendo en la justicia de su petición una evidente fisura democrática del sistema político, que debemos corregir.

Rememorar hechos que impactan en la vida, no resulta de gran dificultad, salvo cuando el impacto es de tal envergadura que dicha capacidad se pierde y por más esfuerzo que hacemos, solo logramos salvar algunos, los más importantes, aquellos que marcan y  remecen nuestro ser. Algo de esto ocurre con los momentos posteriores al fatídico incendio, ocurrido día 08 de diciembre de 2010, en la Cárcel de San Miguel. Ningún recuerdo llega integro y solo extractos de esas múltiples escenas post tragedia, en que el sufrimiento se instala como el patrón de todas ellas.

Hoy a 40 años del inicio de las desapariciones, torturas y muertes de muchos chilenos a manos de los aparatos estatales con que el régimen autoritario comandado por Pinochet quiso aniquilar a toda persona que estuviera contra sus ideas dictatoriales, la televisión en un acto tardío, nos muestra las imágenes ayer vedadas. El horror y la indignación las une en un vínculo indeleble, con independencia de los programas en que se insertan y del énfasis temático que cada director ha intentado con ellas. Todas proyectan la barbarie desatada, como si obedecieran a un guión de fondo, de un historiador anónimo que desea describir de forma gráfica, los cruentos hechos provocados por el golpe de Estado, a través del cual se pisoteo la institucionalidad. Muchas son difusas, pero tienen la valía de rescatar partes de un mosaico terrible, en que sobrecoge el desprecio por lo humano.

En el último tiempo diversas columnas de opinión y varios artículos han poblado nuestros periódicos y redes sociales, vertiendo un gran número de argumentos respecto del voto de los encarcelados.  Muchos de ellos atiborrados de razonamientos que dan con justicia en el blanco del problema; dotar de más o menos contenido, al reconocimiento que el Estado hace del privado de libertad como sujeto de derechos (al menos como declaración de principios). La discusión se generó por el contenido de la Resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 23 de agosto de 2013, en que se ordena a la administración, generar las condiciones materiales para que ciertos reclusos ejerciten su derecho a sufragio en las próximas elecciones[1].