Pablo Castaño Tierno

Pablo Castaño Tierno

Soy estudiante del Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. Siempre me ha interesado el derecho penal, y descubrí la criminología durante un intercambio en la Pontificía Universidade de Rio de Janeiro. Entiendo esta disciplina como una herramienta de estudio y crítica del poder, comprometida con los derechos individuales y colectivos de las personas.

La política criminal española de las últimas dos décadas se ha caracterizado por un incremento continuo de las penas y por la criminalización de nuevas conductas. Es decir, por el populismo punitivo, ese tipo de política criminal en el que los gobernantes reforman el Código Penal cada poco tiempo para obtener beneficios electorales. Además de un error de cálculo, porque los ciudadanos españoles en realidad no apoyan mayoritariamente estas política de mano dura, esta forma de legislar en materia penal está produciendo un continuo incremento de la población penitenciaria en nuestro país. España es uno de los países con una menor tasa de criminalidad de Europa y es de los que tiene en prisión a un mayor porcentaje de la población. Pero el populismo punitivo no es un invento nuestro, sino una tendencia que se ha extendido de Estados Unidos a Europa y América Latina desde los años ochenta.

         La búsqueda de alternativas a la prisión es una tendencia constante entre criminólogos y penalistas debido a la constatación general de que esta pena es cruel y contraproducente. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad es una de las alternativas, ya que es más respetuosa con los derechos de los condenados y presenta una tasa de reincidencia menor que la cárcel[i]. Esta pena ya supone el 25% de las condenas[ii] en nuestro país pero está regulada de forma deficiente y no tiene el efecto resocializador que debería. Veamos si esto tiene solución.

Sócrates fue condenado a beber cicuta por un jurado popular y también fue un jurado el que absolvió a Francisco Camps del delito de cohecho en el llamado caso de los trajes. Ejemplos como estos llevan a muchos a rechazar esta institución. Entre ellos está Alberto Ruiz Gallardón, que pretende limitar drásticamente el ámbito de actuación del tribunal del jurado[i]. ¿Tiene razón el ministro de Justicia?

Para castigar a un hombre es necesario injuriarlo.

Para reformarlo, es necesario mejorarlo. Y los

hombres no son mejorables a través de injurias.

Bernard Shaw

  Es un día cualquiera en Madrid. La gente compra, trabaja, no trabaja, pasea… y los del top-manta corren. Un coche de policía se acerca por la calle Preciados: es hora de echarse la manta al hombro y escapar corriendo. Los ciudadanos honrados suelen dejar pasar tanto a los perseguidos como a los perseguidores. Reina la indiferencia. Mientras esto ocurre, un rutinario control de identidad se desarrolla en el barrio de Lavapiés. Un par de agentes de paisano, en cumplimiento de su deber, pide a varias personas que se identifiquen. La gran mayoría tienen rasgos físicos no europeos: son negros o tienen aspecto árabe u oriental. Algunos de estos ciudadanos son extranjeros sin permiso de residencia en España. Al comprobarlo, los agentes los detienen, acusados de cometer una falta administrativa prevista en la llamada Ley de Extranjería.