In Albis

¿Siempre que hay absolución debe de haber indemnización?

“Lo esencial es  invisible a los ojos”

1.- Planteamiento general

En el denominado proceso de individualización de la pena y su posterior ejecución se producen varios momentos o fases: la fase legislativa que le corresponde al legislador al determinar la clase de pena que corresponde para cada delito, la fase judicial practicada por los juzgadores que determinarán la pena efectiva a imponer y, sobre todo, su duración nominal y la fase ejecutiva que le corresponde a la Administración penitenciaria, bajo el control del poder judicial. Esta última es la más trascendental, por cuanto en ella se determina la forma de cumplir la pena y hasta su propia duración efectiva en prisión.

Alrededor de 2.450 españoles se encuentran detenidos y presos en el extranjero y en torno a un centenar regresa cada año a España para cumplir su condena. La condición fundamental para que pueda solicitarse ese traslado es poseer la nacionalidad española y que exista un convenio firmado por ambos países que permita esa posibilidad. A estos efectos, España ha suscrito el Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas -firmado por alrededor de sesenta países- y más de una veintena de acuerdos bilaterales. La gran mayoría de los presos españoles en el extranjero, más del 80 por ciento, se encuentra en prisión por delitos relacionados con las drogas. 

I.- Planteamiento

Los dos pilares básicos sobre los que descansa todo Estado de Derecho son el principio de legalidad y el de responsabilidad de los poderes públicos. El primero, por cuanto obliga a la Administración a actuar conforme a las exigencias de un ordenamiento jurídico previamente aprobado por quienes ostentan la soberanía popular, evitando con ello la actuación arbitraria de la misma, en los términos previstos en el art. 9.3 de la Constitución Española (CE), cuando dice que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”

"Instituciones penitenciarias ya confirmó el viernes pasado por la tarde la concesión del tercer grado al preso Uribetxebarria por razones humanitarias y porque entendía que pese a la entidad de los delitos cometidos, entre ellos el secuestro durante 532 días de José Antonio Ortega Lara, resulta indudable que la gravedad de la enfermedad y su previsible evolución mitigan extraordinariamente la peligrosidad del recluso. La decisión obedece a la aplicación del artículo 104.4 del reglamento penitenciario.

La Secretaria General de prisiones condicionaba la libertad condicional del recluso al cumplimiento de varias y estrictas normas de conducta, que se mantenga alejado de sus victimas y familiares, y la prohibición de participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia. Mientras las víctimas de este preso, estudian una huelga de hambre contra la excarcelación”

Señala el artículo 72.1 de la Ley orgánica general penitenciaria (LOGP)  que "las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica…………………….” a la explicación de este concepto se dedican las siguientes líneas de este trabajo.

   

Desde el año 1990 la población penitenciaria española ha mantenido una progresiva tendencia al alza, pasando de 33.058 internos a último día de ese año a 76.079 a 31 de diciembre de 2009, llegando hasta los 76.951 internos en mayo de 2010, fecha en la que se inicia una inflexión que ha llevado a un descenso del número de personas privadas de libertad, que en diciembre de 2011 se situaba en 70.472.

El gobierno central no sólo perfeccionará la vía Nanclares sino que asumirá una de sus medidas más singulares. El plan integral de reinserción de presos de ETA, incluirá un encuentro entre etarras y sus víctimas para que pidan perdón. Las reuniones serán facultativas y solo tendrán lugar a iniciativa de las víctimas….Para interior estas reuniones de “reparación moral” tendrán efectos muy positivos tanto para víctimas como para terroristas”.

Una vez más ha saltado a la actualidad un tema que ya he tratado en varias ocasiones, el plan de reinserción de presos de eta y los posibles encuentros restaurativos con sus victimas. Esta vez es algo más positivo, por varias razones importantes. La primera es que se ha acabado con el secretismo del anterior plan con respecto a este tema, y es que si se quiere beneficiar a las víctimas, conseguir la reinserción de muchos de los presos terroristas y sobre todo que la sociedad no se “eche las manos a la cabeza” es necesario informar. Todas estas medidas deberían contar con el conocimiento previo de las victimas antes de que salgan a la luz pública y no al contrario, porque se trata de temas muy delicados y que generan gran sensibilidad, como es lógico, en las victimas y su entorno.

El día 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificaba el Código Penal. Fue su vigésimo quinta modificación si las cuentas no me han fallado (y no la última pues volvería a ser modificado por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero) desde su publicación en 1995.

El Art. 25.2º de la Constitución española establece que las penas privativas de libertad (…) estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y que el condenado disfrutará de todos sus derechos fundamentales excepto de aquéllos que –como es lógico– se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. Al desarrollar esta normativa, el Art. 10 de la Ley General Penitenciaria [de 1979 (primera norma posterior a la Carta Magna de 1978 que se aprobó por unanimidad)] previó la existencia de establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto, apreciados por causas objetivas en resolución motivada (…) El régimen de estos centros se caracterizará por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos en la forma que reglamentariamente se determine.

Ese desarrollo reglamentario se llevó a cabo en los Arts 89 a 95 del Reglamento Penitenciario (aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero) donde se reguló que el régimen cerrado será de aplicación a aquellos penados que, bien inicialmente, bien por una involución en su personalidad o conducta, sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto (los otros dos tipos de régimen penitenciario que se aplican a los penados clasificados en segundo y tercer grado, respectivamente).

Este régimen cerrado se cumplirá en celdas individuales que, según dónde hayan sido destinados los internos puede ser en departamentos especiales (donde el preso permanece encerrado hasta veintiuna horas al día si se cumple con el mínimo de tres horas de salida al patio, que pueden llegar a ser seis; y, diariamente, se deberá registrar su celda y cachear al interno, pudiéndose recurrir al desnudo integral por orden motivada) o en módulos de régimen cerrado (en donde los internos disfrutarán, como mínimo, de cuatro horas diarias de vida en común); todo el régimen se caracteriza por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos, exigiéndose, de manera especial, el acatamiento de cuantas medidas de seguridad, orden y disciplina elabore el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento.

Al hablar de la clasificación de los penados, el Art. 102.5º de este Reglamento enumera los seis factores que se tendrán en cuenta ponderar, según el Real Decreto– para calificar a un interno en el primer grado: a) la naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial; b) la comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos; c) la pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, mientras no muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas; d) la participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones; e) la comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves, de manera reiterada y sostenida en el tiempo; y f) la introducción o posesión de armas de fuego en el Establecimiento penitenciario, así como la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidad importante, que haga presumir su destino al tráfico.

Actualmente, se calcula que algo más de 1.000 personas permanecen en España encarceladas en este régimen de aislamiento que muchos funcionarios de prisiones consideran imprescindible para lidiar con los presos más peligrosos mientras que algunos sectores de la doctrina, como el magistrado en excedencia Javier Gómez de Liaño, no han dudado en considerarlo como una intolerable situación por sus desórdenes psíquicos perjudiciales (como insomnio, ansiedad, paranoia, agresividad, etc.) y la inviabilidad de readaptar al delincuente. 

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