In Albis

Hoy se cumplen 64 años de aquel 10 de diciembre de 1948, cuando la 183ª Asamblea General de la ONU adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En relación con los menores de edad, el texto de la DUDH sólo se refiere a ellos en un único precepto (el Art. 25.2) al  afirmar, de forma genérica, que tanto la infancia como la maternidad tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Para ampliar este ámbito de actuación, el conjunto de órganos y organizaciones que conforman el denominado Sistema de las Naciones Unidas ha venido desarrollando desde entonces un conjunto de reglas, directrices y observaciones de carácter mínimo –de modo que sean válidas para la pluralidad de sistemas jurídicos que coexisten en el mundo– que deben aplicarse a la hora de exigir la responsabilidad penal a los menores que hayan cometido un hecho delictivo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una primera declaración muy genérica –la A/RES/2037 (XX), de 7 de diciembre de 1965– que proclamaba, entre otros principios, los ideales de educar a los jóvenes en el espíritu de la dignidad y la igualdad. Quince años más tarde, la cuarta resolución del VI Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente [Caracas, del 25 de agosto al 5 de septiembre de 1980] se comprometió a elaborar unas normas de justicia juvenil, donde se especificó que dichas reglas tendrían que reflejar el principio básico de que la prisión preventiva se utilizaría solo como último recurso, que no debía mantenerse a ningún menor en una institución donde pudiera recibir la influencia negativa de los reclusos adultos y que siempre debían tenerse en cuenta las necesidades propias de su estado de desarrollo.