In Albis

Hoy se cumplen 64 años de aquel 10 de diciembre de 1948, cuando la 183ª Asamblea General de la ONU adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En relación con los menores de edad, el texto de la DUDH sólo se refiere a ellos en un único precepto (el Art. 25.2) al  afirmar, de forma genérica, que tanto la infancia como la maternidad tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Para ampliar este ámbito de actuación, el conjunto de órganos y organizaciones que conforman el denominado Sistema de las Naciones Unidas ha venido desarrollando desde entonces un conjunto de reglas, directrices y observaciones de carácter mínimo –de modo que sean válidas para la pluralidad de sistemas jurídicos que coexisten en el mundo– que deben aplicarse a la hora de exigir la responsabilidad penal a los menores que hayan cometido un hecho delictivo.

El dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre la prevención de la delincuencia juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea, de 15 de marzo de 2006, incluye una interesante reflexión sobre  las causas que pueden llevar a un menor a delinquir. El CESE reconoce que no hay un camino único para garantizar la integración social de los jóvenes infractores, como tampoco hay fórmulas infalibles que garanticen que una persona perfectamente integrada no pueda protagonizar conductas antisociales; partiendo de esa base, concluye que, aunque no existe consenso entre los expertos sobre las circunstancias que pueden originar este comportamiento, sí que puede hablarse de motivaciones basadas en diversos factores económicos y socio-ambientales, entre los que destacan estas ocho causas:

El sistema social pone las normas para que las personas que lo habitamos no traspasemos la barrera entre el bien y el mal. Sabemos que el delito más grave es el que se salda con la muerte de otra persona. No hay nada más atroz que quitar la vida a otro y por eso se castiga con prisión de diez a quince años, que pueden llegar a veinticinco si es asesinato. Pero cuando media imprudencia, la pena es tan ridícula como de uno a cuatro años.

Estas penas se aplican a mayores de 18 años, conforme a lo que establece el Código Penal. Pero cuando el delincuente es menor de esa edad se le aplica la Ley de Responsabilidad Penal de Menores, siempre que tengan más de 14 años claro. El máximo ‘castigo’ que va a recibir el chaval es que sea internado en un centro de menores.

El homicidio es la segunda causa de muerte entre las personas que comprenden la franja de edad de los 15 a los 24 años en Estados Unidos. Un porcentaje importante de estas víctimas vienen directamente provocadas por la generación de bandas juveniles y pandillas existentes en dicho país, y por las cuales se requiere de un análisis muy completo del caso en aras a la prevención de esta lacra.

El Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos publicó hace un par de semanas un interesante estudio comparativo entre los homicidios provocados por bandas o pandillas y el resto de homicidios. Dicho estudio ha recabado datos de victimización de hasta 17 ciudades norteamericanas, durante los períodos de 2003 a 2008. De estas 17, cinco han formado parte del estudio definitivo por la prevalencia de homicidos producidos por pandillas: Los Angeles, California; Oklahoma City, Oklahoma; Long Beach, California; Oakland, California; and Newark, New Jersey.

En el primero de esta serie de artículos dedicados a dar a conocer los datos que sobre la delincuencia juvenil ha publicado el Instituto Nacional de Estadística a finales del pasado mes de septiembre, a partir de la información que suministra el registro de sentencias, tuvimos ocasión de ver la evolución de esta delincuencia en España entre 2009 y 2010, y como había aumentado el número de menores condenados y el de infracciones cometidas por estos.

El pasado 27 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los resultados provisionales de la estadística de menores con datos referidos a 2010.

En ella analiza la información recogida en el registro de sentencias de responsabilidad penal de los menores, donde se inscriben las sentencias firmes dictadas por los jueces de menores y que en la actualidad es la única fuente que permite un conocimiento global de la evolución de la delincuencia juvenil en España, pues otras fuentes como la estadística de menores infractores que elabora el Observatorio de la Infancia, a parte de la demora en su publicación, no cuenta con información homogénea del total del territorio nacional, además de contar con importantes lagunas metodológicas que hace que los datos que aporta no sean del todo fiables. Tampoco la información aportada por la Fiscalía General del Estado en sus memorias, ni por el Ministerio del Interior en su informe anual cuentan con el rigor necesarios, si bien si pueden ser indicativos de tendencias.

Tomás Montero entrevista a Jorge Jouroff 

Jorge Jouroff fue Gerente General del Sistema de Medidas para Jóvenes en Infracción de Uruguay (SEMEJI) desde octubre de 2009 a abril de 2011. Persona pausada, reflexiva, amante de la eficacia y de las decisiones guiadas por el análisis, es un excelente gestor y un experto en temas de seguridad. Ha accedido amablemente a concedernos una entrevista para hablar de la delincuencia juvenil en su país, en unos momentos en que están abiertos algunos debates y donde desde algunas instancias se demandan algunos cambios.