Resumen: Al hilo de un artículo que publica la Revista al respecto de la consideración de domicilio de la celda de un recluso, y sentada ya Jurisprudencia Constitucional de que la misma  no tiene tal consideración, el Autor trata de analizar la validez jurídica de posibles hallazgos o indicios de delito en un registro administrativo, realizado en la misma, de cara a un posible proceso penal.

El Art. 18.2 de la Constitución Española de 1978 establece que El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito; es decir, que nuestra Carta Magna admite la entrada o el registro de un domicilio en tres situaciones: cuando lo consienta su propio titular, mediante resolución judicial o en caso de flagrante delito. Para el Tribunal Constitucional español, el contenido del derecho a la inviolabilidad del domicilio es fundamentalmente negativo: lo que se garantiza, ante todo, es la facultad del titular de excluir a otros de ese ámbito espacial reservado, de impedir o prohibir la entrada o la permanencia en él de cualquier persona y, específicamente, de la autoridad pública para la práctica de un registro(STC 189/2004, de 2 de noviembre).