En la reciente sentencia 2156/2012, de 12 de marzo, del Tribunal Supremo, se condenó a ocho años de prisión a uno de los miembros de una organización dedicada a la introducción y posterior distribución de grandes cantidades de cocaína en territorio nacional procedente de Sudamérica. En su recurso de casación, el narcotraficante había alegado la vulneración del Art. 24 de la Constitución española por infracción al derecho fundamental del derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías por infracción de la ruptura de la cadena de custodia (…) aduciendo que los tripulantes del barco arrojaron la droga al mar y por lo tanto las Fuerzas de Seguridad no tuvieron a la vista la mercancía ni la controlaron hasta que la aprehendieron cuando flotaba extraviada en el mar.