In Albis

Francisco de Quevedo menciona la antigua costumbre de acogerse a sagrado en su Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos cuando narra la huida de su protagonista: (…) El alguacil puso la justicia en sus pies y apeló por la calle arriba dando voces. No lo pudimos seguir, por haber cargado delantero. Y, al fin, nos acogimos a la Iglesia Mayor, donde nos amparamos del rigor de la justicia. Quevedo –lo mismo que Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Shakespeare– se refiere a la antigua tradición de conceder asilo dentro de un templo, espacio que se consideraba inviolable, a todos aquellos que fuesen perseguidos por las autoridades civiles; de modo que, en la lucha de poderes entre lo divino y lo humano, la justicia sagrada amparaba a quienes traspasaran el umbral de un recinto eclesiástico frente a la acción de la justicia profana.

Antes de que la policía noruega detuviera a Anders Bering Breivik –autor confeso de la masacre de más de 70 personas en Oslo y la isla de Utøya, el 22 de julio de 2011– mientras la información era todavía algo confusa, una noticia de alcance del diario The New York Times atribuyó la autoría del coche bomba que estalló en el centro administrativo de la capital noruega a la desconocida organización islamista Ansar al-Jihad al-Alami que, al parecer, lo habría reivindicado mediante un comunicado. Aquel titular, procedente de los Estados Unidos, corrió como la pólvora y se coló en todos los informativos.

En España, no; pero esta pregunta debemos responderla ubicándola dentro de su contexto. Hablando de la libertad religiosa, la aconfesionalidad de España y la neutralidad del Estado que no debe entrometerse en las creencias de los ciudadanos; estoy de acuerdo con la opinión de algunos autores –como el profesor Lanzas Gámez– cuando dicen que, curiosamente, desde 1978, nuestro ordenamiento ha ido incrementando las diferencias en el régimen jurídico aplicable a las distintas creencias. Por ese motivo, actualmente, en España podemos hablar de dos grandes regímenes:

La Junta Electoral de Igualada prohibió el spot presentado por Plataforma de Catalunya de cara a las próximas elecciones.  La denuncia fue presentada por Solidaridad Catalana por la Independencia. Los miembros de dicha Junta acordaron por unanimidad que el representante de la formación política PxC acudiera a realizar las correspondientes justificaciones de forma inmediata, bajo apercibimiento de los perjuicios que se pudieran presentar conforme a derecho, por lo que han exigido que se retiren inmediatamente dichos videos por contener frases racistas.