En 2008, un ciudadano de Sierra Leona solicitó asilo en España alegando que había huido de su país de origen porque allí fue amenazado de muerte por negarse a pertenecer a una sociedad que practica el canibalismo. Como no se admitió su solicitud, recurrió la resolución ante la Dirección General de Política Interior que, de nuevo, se lo negó, por lo que interpuso un recurso contencioso-administrativo en el Juzgado Central de esta jurisdicción que tampoco prosperó; por último, apeló a la Audiencia Nacional que dictó la sentencia 3000/2010, de 16 de junio, fallando en su contra, desestimando el recurso de apelación e imponiéndole pagar las costas del proceso porque su relato resultó inverosímil y no aportó ninguna prueba pertinente o, al menos, indicios suficientes de las circunstancias que justificarían el otorgamiento del asilo

Cuando miro la televisión y veo a víctimas reclamando penas más duras, no creo ni por un momento que sea porque son muy punitivas. Simplemente, reclaman más castigo porque por regla general, los infractores no reconocen el daño que han causado, y el castigo es la única respuesta que encuentran de la Justicia tradicional (y lo cierto es que las víctimas suelen reclamar precisamente como una necesidad importante: que alguien aparezca como responsable del daño que han sufrido, y esta necesidad rara vez se atiende por la Justicia Penal actual)

Cuando oímos la palabra delito, y más si es grave, enseguida nos viene a la mente el daño que se haya producido como consecuencia de este hecho delictivo. El ser humano, por lo general, sí tenemos de forma natural, cierto grado de empatía que nos hace ponernos en el lugar del que sufrió el delito.

Sin embargo, esta naturalidad que surge en el primer instante, se evapora con la publicidad que los medios de comunicación hacen del delito y con la forma de abordarlo, que tienen los operadores jurídicos y en general el sistema.

Últimamente se oye con frecuencia: “la mediación es un instrumento eficaz y la mejor forma de resolver conflictos de cualquier índole”. Y es aquí cuando me surgen las dudas, ¿están considerando que el delito es un simple conflicto? Si es así,  ahora entiendo por qué muchos “meten en el mismo saco” toda clase de mediaciones y confunden Justicia Restaurativa y mediación.

Quizá entonces la cuestión es si el delito es un conflicto y si es así, si no se diferencia de otro tipo de conflictos.

El Art. 32 del Código Penal español (que fue aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre; aunque su articulado ha sido modificado, añadido y derogado en más de veinte ocasiones desde entonces) establece que las tres penas que se pueden imponer con arreglo a él –tanto con carácter principal como accesorias– son: 1) Las penas privativas de libertad (Arts. 35 a 38 CP): prisión, localización permanente y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa; 2) Las penas privativas de derechos (Arts. 39 a 49 CP): como, por ejemplo, la inhabilitación absoluta, la suspensión de empleo o la privación de la patria potestad; y 3) Las multas (Arts. 50 a 53 CP) que consisten en la imposición de una sanción pecuniaria al condenado, mediante el sistema de días-multa (salvo que la Ley disponga otra cosa).

“El proceso penal no finaliza con el dictado de la sentencia”

1.- Planteamiento general

Cuando se impone una pena como consecuencia jurídica de la comisión de un delito finaliza un proceso con el dictado de la sentencia condenatoria correspondiente y se inicia otro con la etapa denominada de la ejecución penal, que finalizará con el cumplimiento de la pena impuesta.  Esta continuidad requiere de la característica de permanencia en todos los derechos y garantías que el ciudadano ha tenido en la etapa penal y procesal, entre ellas “el derecho a la defensa”, y esto no es una cuestión meramente dogmática, puesto que al considerar que el proceso penal no finaliza con el dictado de la sentencia, nos permite afirmar, que el sujeto condenado conservará todos los derechos y garantías desde el inicio de las primeras actuaciones judiciales con la etapa instructora hasta su regreso a la sociedad cuando obtenga la libertad después de cumplida la condena impuesta, que en definitiva es el objetivo de la etapa de la ejecución penal. 

A comienzos del siglo IX, un fraile llamado Pelayo quedó deslumbrado por unas luces que le guiaron hasta un paraje deshabitado, entre los ríos Tambre y Ulla, donde descubrió el sepulcro de mármol que contenía los restos de Santiago el Mayor. El hallazgo de la tumba del apóstol –que, según la tradición, evangelizó Hispania antes de morir degollado en Jerusalén– se extendió rápidamente por toda la España cristiana, con el apoyo del rey de Asturias, Alfonso II el Casto, y del obispo de Iria Flavia, Teodomiro. El propio monarca acudió a ver el lugar del descubrimiento y mandó construir una pequeña capilla, Antealtares, sobre la cella levantada por los discípulos del apóstol –Anastasio y Teodoro– bajo el ábside de la catedral actual; dando origen a una ciudad a la que se llamó Santiago de Compostela.

En el presente se expondrán diversos temas referentes al control social, la prevención y represión del delito y el tratamiento penitenciario, todos estos deficientes y con alcances pobres en cuanto a su finalidad prometida en las leyes y políticas que les sustentan. También se muestra una pequeña propuesta, la insistencia a la aplicación de determinados postulados.

Palabras clave: Control social, Prevención del crimen, Factores de riesgo, Factores de apoyo, Tratamiento.

“El yerno del rey, Iñaki Undargarin, espera avanzar en los próximos días para negociar una conformidad con el fiscal que implicaría declararse culpables, devolver los fondos malversados y así eludir una pena que implique su ingreso en la cárcel.

La fiscalía de Baleares no aceptará un pacto a la baja ni una oferta blanda dada la magnitud de las partidas de dinero desviado y la carga penal de los delitos.

El pago de 3.5 millones para cubrir la responsabilidad civil por los perjuicios causados es necesario para que se les aplique la atenuante de reparación del daño”

 

Por curioso que parezca, la retirada de puntos del permiso o licencia de conducción, no se encuentra regulada como una pena cuando se comete un delito contra la seguridad vial. Esta práctica de condenar restando puntos del carné al enjuiciado ha sido llevada a cabo por algún que otro juzgado. Sin embargo, ante el recurso del delincuente vial la sentencia ha de ser anulada en este único detalle.

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