Con frecuencia oímos a las víctimas  decir que lo único que quieren es que se haga justicia. Pero lo más difícil es concretar y entender qué se quieren expresar con  querer justicia.

La justicia nació por la necesidad de mantener la armonía entre los miembros de la sociedad. Según Ulpiano es la “constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”

Esta definición de justicia está muy relacionada con la Justicia Restaurativa, por cuanto habla de cierta individualización y cercanía, parte de la premisa que la Justicia debe tener en cuenta al ser humano  y sus circunstancias. Por eso, más que Justicia igual para todos, la justicia debería comportarse de forma que pueda satisfacer las necesidades de cada víctima y tener en cuenta las circunstancias personales y sociales de cada infractor. Más que igual debe abordar cada delito como un caso único y tener en cuenta que afecta a seres humanos y no simples números de expedientes, y por eso mismo, cada persona es diferente de la otra y sus necesidades serán también distintas.

Muchos podrán pensar que esta idea de justicia puede resultar incompatible con la justicia en general pero más bien se trataría de coordinar las dos vertientes de justicia.

 

En julio de 2012, el INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Información, adscrito al Ministerio de Industria español) definió la identidad digital como el conjunto de la información sobre un individuo o una organización expuesta en Internet (datos personales, imágenes, registros, noticias, comentarios, etc.) que conforma una descripción de dicha persona en el plano digital. En este ámbito, un mes antes, el 21 y 22 de junio de 2012, la Digital Agenda Assembly de la Comisión Europea también analizó los problemas que conlleva esta identidad 2.0 [en inglés, digital identity] a la hora de acceder a cuentas de correo electrónico, la banca on line, el e-comercio, las redes sociales o la administración electrónica y llegó a la conclusión de que, hoy por hoy, no existe ninguna política ni marco normativo común de ámbito internacional sobre esta cuestión, más allá de lo relativo a meros aspectos técnicos (sobre autentificación, gestión de datos personales o privacidad). 

I.- Planteamiento

Los dos pilares básicos sobre los que descansa todo Estado de Derecho son el principio de legalidad y el de responsabilidad de los poderes públicos. El primero, por cuanto obliga a la Administración a actuar conforme a las exigencias de un ordenamiento jurídico previamente aprobado por quienes ostentan la soberanía popular, evitando con ello la actuación arbitraria de la misma, en los términos previstos en el art. 9.3 de la Constitución Española (CE), cuando dice que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”

I.- Introducción.

La Constitución española propugna la libertad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico -artículo 1.1 CE-. De esta forma, la libertad de los ciudadanos en un Estado de Derecho debe de ser  la regla general y no la excepción, reconociendo nuestra Constitución  su importancia cuando la configura, no sólo como un valor superior del ordenamiento jurídico, sino además como un derecho fundamental -artículo 17 CE- vinculado directamente con la dignidad de la persona y cuya trascendencia estriba, precisamente, en ser el presupuesto de otras libertades y derechos también fundamentales.

Tres años después de heredar el trono de España, los príncipes electores alemanes nombraron káiser del Sacro Imperio Romano Germánico al emperador Carlos I, con el nombre de Karl V (Carlos V). Ocurrió en Fráncfort (Hesse) el 28 de junio de 1519. Por aquel entonces, el territorio de la actual República Federal se encontraba fragmentado en numerosos y pequeños estados bajo una pluralidad de leyes que los jueces aplicaban discrecionalmente de acuerdo con su propio criterio. Para evitar esa falta de imparcialidad, el nuevo monarca recopiló toda aquella normativa bajo un único cuerpo legal al que se conoce con diversos nombres: Carolina, Lex Carolina, Peinliche Halsgerichtsordnung Karls V o, simplemente, CCC, por las iniciales de su denominación en latín: Constitutio Criminalis Carolina, que a pesar de lo que sugiere el nombre, incluyó tanto normas civiles como penales porque, de acuerdo con la tradición germánica, entonces no solía distinguirse entre ambas jurisdicciones.

I.- La prescripción

1.- Concepto

La prescripción del delito es una institución de suma importancia ya que supone una autolimitación o renuncia del Estado al “ius puniendi” por el transcurso del tiempo. Constituye la prescripción del delito una causa legal de extinción de la responsabilidad criminal de las previstas en el artículo 130.6º del Código Penal, a la que podemos conceptuar como una institución jurídica mediante la cual se limita el ejercicio de la potestad punitiva del Estado estableciendo unos plazos legales que, una vez transcurridos, impiden la persecución del delito cometido.

La filosofía penitenciaria trata de explicar lo penitenciario como política del Estado, busca comprender porque existe respecto de toda la vida, no sólo como parte integradora de la actividad del Estado, es decir, tiene especial interés en descubrir que sentido tiene lo penitenciario en la totalidad de lo existente, lo estudia desde  fuera estudiando sus relaciones y diferencias con otros campos de estudio: Derecho, Penología, Criminología y Psicología por mencionar algunas.

En cambio la filosofía del derecho se refiere a la comprensión de la existencia del derecho en la totalidad de la vida, entre sus grandes temas se encuentran: la definición del derecho, el estudio de los conceptos jurídicos y los valores que debe tener el derecho (axiología jurídica).

En el Anexo I de la Evidence Act 2008 –Ley Probatoria del Estado australiano de Victoria– se regula el juramento que deben prestar los testigos bajo la fórmula: I swear (or the person taking the oath may promise) by Almighty God (or the person may name a god recognised by his or her religion) that the evidence I shall give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth; es decir, Juro (la persona a la que se toma el juramento puede prometerlo) ante Dios Todopoderoso (o el nombre con el que esta persona designe a la divinidad en su religión) que la prueba que daré será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Este juramento (oath) –que todos conocemos gracias a las películas y series de televisión ambientadas en los tribunales estadounidenses– es la habitual en todo el mundo anglosajón.

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, revisó el Código Penal español de 1995 para introducir algunos reajustes –según la expresión del propio legislador– en diversas materias como, por ejemplo, el tráfico de drogas, de acuerdo con la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. Por ese motivo, se dio nueva redacción al tipo básico del narcotráfico, el Art. 368 CP: Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370.

La Justicia Penal Internacional

El principio de justicia universal se fundamenta en la idea de que ciertos delitos puedan ser sancionados por cualquier Estado, porque los infractores son enemigos de toda la humanidad y todas las Naciones tienen el mismo interés en su captura y castigo. Esta colaboración en materia penal es ya hoy una realidad palpable, que avanza, cada vez con más fuerza, hacia el objetivo de estrechar,  aún más, los lazos de colaboración entre los Estados con la finalidad de poder llegar, algún día, a un modelo de justicia penal internacional. Un hito importante en el logro de este objetivo lo constituye el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de fecha 17 de julio de 1998.

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