Está claro que negarse no puede, pero ¿es un delito? Pues hay disparidad de criterios en ambas direcciones, los expertos no se ponen de acuerdo, unos dicen que si un ciclista se niega a realizar las pruebas de alcoholemia comete un delito y otros dicen que es una infracción administrativa (una multa). Y todo, nuevamente, por mala redacción del Código Penal, porque en el artículo 383, sobre el delito de negativa a realizar las pruebas de alcohol/drogas dice conductor a secas, cuando en los anteriores artículos dice vehículo a motor y ciclomotor. La lógica me dice a mí que la negativa en administrativa ha quedado para ciclistas y peatones, pero una ley mal redactada, con enmiendas de varios partidos políticos, trae problemas. Lo cierto es que el texto inicial que se presenta en el Congreso nada tiene que ver con el que sale finalmente del ‘horno’ parlamentario.

Revilla de 83 años y Urrusolo Sistiaga, uno de los terroristas más buscados durante los años ochenta y parte de los noventa, se reunieron en el interior de la cárcel, según confirmaron fuentes conocedoras de la reunión. Esta se llevó a cabo dentro del marco de los “encuentros restaurativos” organizados por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, durante el Gobierno socialista con la colaboración de la Oficina de  Victimas del Terrorismo del Gobierno Vasco. Los presos no obtienen beneficios penitenciarios. Hasta ahora se han reunido once presos con once víctimas, algunas con un mediador presente y otras sin él”

Este es un extracto de una las pocas noticias que se han ofrecido sobre este tema. También pude escuchar en la televisión los testimonios de un encargado de estos encuentros y de una víctima.

La Bureau of Justice Statistics viene realizando, desde 2007, un estudio sobre el riesgo de victimización que las personas con discapacidad pueden sufrir respecto a las que no sufren ninguna discapacidad. En E.E.U.U esta población representa un 14%, cifra suficientemente elevada como para considerar dicho estudio de interés general. 

A partir de los datos extraidos del censo de la Bureau's American Community Survey (ACS), se estudia la incidencia de los delitos en dicho colectivo, en personas que parten de los 12 años de edad en adelante. 
Los delitos que se tienen en cuenta en dicho analisis son los de violación/agresión sexual, robo, y asalto en sus diversos grados.  

Desde hace varios años a la actualidad, se ha visto un incremento en la comisión de hechos delictivos, no sólo en las grandes urbes, sino también en diversas ciudades más pequeñas del interior de nuestro país.

Lejos de que esto pase desapercibido, los medios masivos de comunicación (radio, periódicos, blogs de noticias, televisión) se han hecho eco de este fenómeno en crecimiento, aumentando el espacio dedicado a estos temas en sus distintas producciones. Tal es así, que este aumento de bombardeo mediático dedicado al fenómeno de la criminalidad, por un lado, da cuenta del crecimiento exponencial que ha sufrido este fenómeno en los últimos años; y por otro lado, da cuenta también de que el problema de la criminalidad es un tema candente en las agendas del Gobierno, sea Central, Regional, o Local.

 

Cuando se habla de Justicia Restaurativa, automáticamente y especialmente en ciertos lugares como nuestro país, se relaciona con mediación y aplicada al sistema penal. Las diferencias entre mediación y justicia restaurativa serán análisis en otra columna porque ahora me gustaría centrarme en justicia restaurativa en sentido amplio para evitar que si la aplicamos solo al ámbito penal,  nos quedemos cortos en el alcance y los beneficios de esta forma de ver y entender la justicia.

“El interés de los Estados en la tutela del orden jurídico”
 

Resumen: Las relaciones entre los Estados que forman parte de la Comunidad Internacional son cada vez más intensas y las delimitaciones geográficas de sus fronteras constituyen cada vez menos barreras en los intercambios de todo tipo entre los distintos miembros de esta comunidad de Estados. El proceso de globalización característico de nuestro tiempo es aprovechado con frecuencia por la delincuencia, principalmente la organizada, para cometer delitos en otros países diferentes a los de su nacionalidad.

La historia de un delito sin autor conocido

 

La decisión del pleno de la sala de lo penal de la Audiencia nacional de considerar que en el denominado “caso faisán” sí que se ha cometido un delito y, en concreto, el de colaboración con organización terrorista, pero al mismo tiempo de revocar el procesamiento a los presuntos autores del mismo, ha sido una decisión salomónica pues, de momento, ha contentado a todos.

Según el Consejo de Europa –organismo ajeno a la estructura de la Unión Europea que se creó en 1949 y que reúne a todos los países del Viejo Continente excepto a la habitual oveja negra: Bielorrusia– el término grooming que en inglés significa, literalmente, acicalamiento, ofrece una segunda acepción en el ámbito penal donde hace referencia a las proposiciones que se realizan a un menor con el fin de abusar de él y de obtener una gratificación sexual. Es el denominado ciberacoso sexual a menores o child grooming.

El primer tratado internacional que reflejó la creciente preocupación por este fenómeno de los abusos sexuales a menores que contactan con adultos mediante los chat de internet o en páginas de juegos on line, citándose posteriormente con ellos, fue el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de niños contra la explotación sexual y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007.

En su Art. 23, se reguló que cada Estado parte del convenio adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño que no haya alcanzado la edad fijada en aplicación del apartado 2 del Art. 18 (cada país determina la edad por debajo de la cual no está permitido realizar actividades sexuales con un niño) con el propósito de cometer contra él cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al apartado 1.a) del Art. 18 (realizar actividades sexuales con un niño que, de conformidad con las disposiciones aplicables del derecho nacional, no haya alcanzado la edad legal para realizar dichas actividades)o al apartado 1.a) del Art. 20 (producción de pornografía infantil), cuando a dicha proposición le hayan seguido actos materiales conducentes a dicho encuentro.

España firmó el convenio en marzo de 2009 y, un año más tarde, adoptó las primeras medidas legislativas. En la exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificó el Código Penal de 1995, el legislador explicó las dos razones por las que introdujo un Capítulo II bis en el Título VIII del Libro II de nuestro texto punitivo:

Primero, porque en los casos de delitos sexuales cometidos sobre menores, resulta indudable que el bien jurídico a proteger adquiere una dimensión especial por el mayor contenido de injusto que presentan estas conductas, que lesionan no sólo la indemnidad sexual (derecho a no verse involucrado en un contexto sexual sin un consentimiento válidamente prestado) sino también la formación y desarrollo de la personalidad y sexualidad del menor; de esta forma, España trasponía a nuestro ordenamiento jurídico la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, con la que la Unión Europea aproximó la normativa de los Estados miembros introduciendo un marco normativo común en este ámbito en materia de tipificación penal, sanciones, circunstancias agravantes, asistencia a las víctimas y competencia; y

Segundo, porque la extensión de la utilización de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación con fines sexuales contra menores ha evidenciado la necesidad de castigar penalmente las conductas que una persona adulta desarrolla a través de tales medios para ganarse la confianza de menores con el fin de concertar encuentros para obtener concesiones de índole sexual. Como indicó expresamente el legislador, el nuevo Art. 183 bis del Código Penal introdujo el internacionalmente denominado «child grooming» –ciberacoso sexual a menores– previéndose además penas agravadas cuando el acercamiento al menor se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. La redacción de este precepto establece que: el que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los Arts. 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

El objetivo de la Ciencia es adquirir conocimientos acerca de la realidad, por lo que elegir el método adecuado para cumplir el objetivo citado deviene fundamental. Así, el método inductivo se asocia generalmente a la investigación cualitativa mientras que el método deductivo se asocia con la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre las variables estudiadas; la investigación cualitativa evita la cuantificación.

Lo que diferencia esencialmente ambas metodologías es que la cuantitativa estudia las relaciones entre variables cuantificadas, mientras que la cualitativa estudia esas relaciones en sus contextos situacionales. La cualitativa se dirige a penetrar en la naturaleza profunda de las relaciones observadas, mientras que la cuantitativa pretende determinar la fuerza de esas relaciones entre variables.

Como policía tengo la obligación cumplir y hacer cumplir las leyes; como estudioso de la criminalidad mi obligación es estudiar la ley y proponer soluciones para eliminar esos delitos o, por lo menos, disminuir las conductas criminales.

    Pocas leyes han generado tanta polémica en España como la Ley Integral de medidas contra la Violencia de Género (en adelante, LIVG). De hecho, se han presentado contra ella más de doscientas cuestiones de inconstitucionalidad realizadas por diferentes juzgados e instituciones.

    La LIVG lleva en vigor en España siete años y, aunque está concebida desde el punto de vista criminológico –digo criminológico porque es una de las pocas leyes existentes que ha intentado atajar un tipo delictual desde muy diferentes aspectos– no ataca el problema de forma exclusivamente penal a fin de crear lo que se ha dado en llamar cultura de género#; sin embargo, podemos decir que el principal objetivo de la LIVG –disminuir la cantidad de muertes producidas por hombres a mujeres dentro del ámbito familiar– no se ha conseguido, ya que el número de casos de muertes no solo no ha disminuido, sino que incluso se ha visto aumentado, motivo por el cual podemos hablar de fracaso o de nula efectividad de la Ley.