El  derecho penitenciario que en la normativa española -Ley penitenciaria 1/1979- aparece como un derecho individualizado, donde el cumplimiento de la pena privativa de libertad se vincula a la personalidad del autor -principio de individualización científica- se está transformando en un “derecho penitenciario de estatus” para quienes han cometido un delito relacionado con el denominado fenómeno de la “corrupción política, dado que la forma de cumplir la pena los autores de estos delitos se vincula al colectivo al que pertenecen, lo que supone que en el contexto del cumplimiento de la pena, el “derecho penitenciario de estatus” operaría con criterios semejantes al conocido como “derecho penal de autor”.

I.- El fundamento del traslado de personas condenadas

Podemos definir el traslado de personas condenadas, como un instituto por medio de cual se articula una solución jurídica que permite que un Estado ejecute una determinada pena impuesta por otro Estado distinto; que implica la transferencia únicamente para dicha ejecución, obviando la competencia del Estado de condena en aras de la vinculación del penado al Estado de residencia o nacionalidad, y previo consentimiento voluntario y expreso del propio penado.

Alrededor de 2.450 españoles se encuentran detenidos y presos en el extranjero y en torno a un centenar regresa cada año a España para cumplir su condena. La condición fundamental para que pueda solicitarse ese traslado es poseer la nacionalidad española y que exista un convenio firmado por ambos países que permita esa posibilidad. A estos efectos, España ha suscrito el Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas -firmado por alrededor de sesenta países- y más de una veintena de acuerdos bilaterales. La gran mayoría de los presos españoles en el extranjero, más del 80 por ciento, se encuentra en prisión por delitos relacionados con las drogas. 

La Justicia Restaurativa: marco jurídico

La Justicia Restaurativa se presenta como un nuevo paradigma en la resolución de conflictos penales. Sus orígenes se remontan a la década de los setenta del siglo XX, en la que comienzan a proliferar los movimientos que plantean la necesidad de modificar los sistemas penales ante la incapacidad de los mismos para cumplir los fines que socialmente se les exige1. En concreto, comienza a calar la idea de que la prisión no puede ser la única manera de responder al crimen y que son necesarias visiones alternativas sobre la justicia penal. Estos incipientes movimientos ejercieron notable influencia sobre las instituciones internacionales de forma que tanto la ONU como el Consejo de Europa y Unión Europea han elaborado textos recogiendo la  importancia de esta nueva visión.

“El proceso penal no finaliza con el dictado de la sentencia”

1.- Planteamiento general

Cuando se impone una pena como consecuencia jurídica de la comisión de un delito finaliza un proceso con el dictado de la sentencia condenatoria correspondiente y se inicia otro con la etapa denominada de la ejecución penal, que finalizará con el cumplimiento de la pena impuesta.  Esta continuidad requiere de la característica de permanencia en todos los derechos y garantías que el ciudadano ha tenido en la etapa penal y procesal, entre ellas “el derecho a la defensa”, y esto no es una cuestión meramente dogmática, puesto que al considerar que el proceso penal no finaliza con el dictado de la sentencia, nos permite afirmar, que el sujeto condenado conservará todos los derechos y garantías desde el inicio de las primeras actuaciones judiciales con la etapa instructora hasta su regreso a la sociedad cuando obtenga la libertad después de cumplida la condena impuesta, que en definitiva es el objetivo de la etapa de la ejecución penal.