La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la rueda de reconocimiento en los Arts. 368 a 370 bajo la denominación de diligencia de reconocimiento; señalando que quienes tengan un cargo contra una determinada persona, deberán reconocerla judicialmente, a fin de que no ofrezca duda dequién es la persona a que aquéllos se refieren. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, su fin es la determinación del imputado como sujeto pasivo del proceso.

En la regulación española de los delitos relativos a la prostitución, el Art. 188.1 del Código Penal tipifica, según la redacción dada a este precepto en 2003, que el que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.

En 2009, la prestigiosa firma PricewaterhouseCoopers (PwC) realizó una macroencuesta internacional, a 3.000 empresarios de 54 países, sobre los delitos económicos y el fraude empresarial y –por lo que respecta a España– los más habituales fueron la apropiación indebida de activos (28%), los sobornos y la corrupción (13%) y la manipulación contable (11%). Son los denominados delitos de guante blanco (en Iberoamérica, los denominan de cuello blanco en alusión al término anglosajón: white collar crimes) que, como tales, no se tipifican en nuestro Código Penal, sino que abarcan a muchas situaciones delictivas donde existe una apropiación del patrimonio ajeno sin hacer uso de la violencia sino de ciertas habilidades y artimañas, sin mancharse las manos.

La pequeña Mary Ellen –hija de Francis y Thomas Wilson– nació en el violento barrio de Hell´s kitchen (la cocina del infierno), ubicado junto al río Hudson, en Manhattan, Nueva York (EEUU) en 1864; un lugar conocido en los ambientes literarios por ser las calles donde Mario Puzo situó la infancia de Vito Corleone en El Padrino y Lorenzo Carcaterra el drama autobiográfico de aquellos niños maltratados en Sleepers.

El derecho fundamental a la igualdad (art. 14 de la Constitución Española) ha pasado una auténtica prueba de fuego en el Tribunal Consitucional en la resolución de las diversas cuestiones de constitucionalidad palanteadas respecto a las normas penales incluidas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Protección Integral contra la Violencia de Género y que reformaron diversos preceptos del Código Penal otorgando un trato privilegiado a las mujeres que tengan o hayan tenido pareja masculina respecto al resto de las personas.

El 5 de julio de 2000, Francia, Italia, Portugal y España firmaron en Roma un tratado por el que se establecía el Estatuto de la Fuerza Multinacional Europea, la denominada EUROFOR. Una fuerza que nació para reforzar la identidad europea de seguridad y defensa. Siete años más tarde, el 26 de octubre de 2007, los cuatro países suscribieron un nuevo acuerdo de seguridad para la protección de la información clasificada (ratificado y publicado en el BOE de 2 de octubre de 2010) en el que se define qué se entiende por dicha información –para salvaguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad– y se establece la clasificación de seguridad.

En Estados Unidos y Canadá se llama John o Jane Doe a los cuerpos de hombres y mujeres, respectivamente, que llegan sin identificar al depósito de cadáveres. Esta denominación tiene un origen muy antiguo que se remonta a la Inglaterra del rey Eduardo III –a mediados del siglo XIV– donde, legalmente, ya se daba este nombre a los restos de personas anónimas. Por similitud, en el ámbito hispanohablante se suele decir Juan Nadie, Juan Pérez o Fulano de Tal; así como las iniciales NN, del latín nomen nescio (nombre desconocido) y que, en castellano se suelen traducir como ningún nombre y, en inglés, no name.

Aunque nos hemos acostumbrado a asociar la piratería con la descarga de música en internet, utilizar el ordenador con programas de dudoso origen o comprar películas en un “top manta”, lo cierto es que los piratas existen y –como los de antaño que ondeaban la bandera de las tibias cruzadas bajo una calavera (la famosa Jolly Roger)– actualmente son una amenaza real en muchos rincones de la Tierra donde –igual que entonces– continúan asaltando barcos al abordaje. Según el IMB Piracy Reporting Centre –órgano de la Oficina Marítima Internacional (IMB) que vigila la piratería desde su sede en Kuala Lumpur (Malasia)– se recomienda navegar a más de 200 millas de la costa somalí, pero también de otros lugares donde se producen estos ataques, como Callao (Perú), las Antillas, Indonesia, el estrecho de Malaca, el mar de China o los golfos de Adén, Guinea o Bengala.

El 13 de enero de 1996, la niña Amber Hagerman –de tan solo 9 años– estaba montando en bici con su hermano Ricky cuando el niño decidió regresar a casa de sus abuelos, en Árlington (Texas, EEUU), donde la familia estaba pasando el fin de semana, mientras ella se alejó un par de manzanas más para jugar en el aparcamiento de un almacén abandonado; fue allí donde un hombre la secuestró, metiéndola en su furgoneta. Cuatro días más tarde, el cadáver de la pequeña apareció degollado en una acequia y, a pesar de las investigaciones que llevaron a cabo la policía local y el FBI, nunca se pudo encontrar a su asesino.

La detención del antiguo director y gerente del Fondo Monetario Internacional –el político francés Dominique Strauss-Kahn– hace unos días, acusado de varios delitos de agresión sexual, se convirtió en un espectáculo mediático que puso de nuevo en primera plana el llamado perp walk; una práctica muy habitual en los Estados Unidos donde la policía, literalmente, pasea (walk, en inglés) al presunto autor responsable de los hechos (perpretrator) ante la prensa y los medios de comunicación, con una puesta en escena de cadenas y grilletes, digna de la peor justicia penal que en Europa comenzó a desaparecer a finales del siglo XVIII, cuando se juzgaba y hacía ejecutar lo juzgado en el interior de las prisiones, sin recurrir a truculentos escarnios personales a pie de calle.