Aunque sé que las comparaciones son odiosas, creo que esta puede ser muy didáctica: Francia, 1789 – Japón, 1866. Existe cierto paralelismo entre la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, que puso fin al absolutismo del Antiguo Régimen, y el Japón del emperador Meiji que –casi un siglo después de la toma de la Bastilla– también acabó con toda una época: la de los guerreros samuráis, el poder de los shogunes (auténtica cúspide político-militar a la sombra del poder testimonial que ejercían los emperadores) y el feudalismo nipón, propiciando la capitulación del último shogunato Tokugawa, la restauración del poder imperial (que se trasladó de Kioto a Edo, actual Tokio) y, finalmente, la apertura del país a Occidente que, desde 1639, con el edicto de Fronteras Cerradas, se había aislado del mundo exterior y sancionaba duramente cualquier contacto internacional. Todo ello propició que en 1889, un grupo de expertos –en lugar de una asamblea constituyente– otorgase a Japón su primera Constitución (y la primera de todo Oriente).

Paulo (Iulius Paulus) fue uno de los juristas romanos más importantes de su época, el siglo III d.C.; uno de los más prolíficos escribiendo, con más de 300 obras que, desafortunadamente, se han conservado sólo en fragmentos; y, junto a Ulpiano, el autor que más influyó en el contenido del Digesto del emperador Justiniano, en el siglo VI. En una de sus Sententiae –la 5, 17, 2– Paulo menciona cuáles son los tres mayores suplicios de su tiempo: Summa supplicia sunt: crux, crematio, decollatio; es decir, la crucifixión, la hoguera y la decapitación. Para otros delitos existían penas inferiores como el exilio (exilium) o lo que ahora llamaríamos servicios sociales (opus publicum).

Según la lacónica definición del diccionario de la RAE, un cadáver es –simplemente– un cuerpo muerto. Sobre el origen etimológico de esta palabra corren verdaderas leyendas urbanas que lo relacionan con un acrónimo creado por las primeras sílabas de una frase en latín que los romanos –presuntamente– utilizaban en las sepulturas: caro data vermibus; es decir, carne entregada a los gusanos. Esta anécdota es falsa: el término procede del verbo cadere (caer) y debemos entenderlo en el sentido de “caído”, en contraposición con los que están vivos (firme: de pie) o a medio camino entre ambos estados (in-firme: enfermo). Además, los romanos preferían incinerar los cuerpos que inhumarlos.

En España, los delitos contra la seguridad vial se regulan, actualmente, en los Arts. 379 a 385 ter del Código Penal de 1995, según la redacción y modificaciones que introdujeron dos leyes orgánicas posteriores, de 2007 y 2010; pero, ¿cuáles fueron sus antecedentes? ¿Desde cuándo se tipifican los delitos relacionados con el tráfico?

Antes de nada, la primera pregunta es evidente: legalmente ¿a quién se considera víctima? Según el Art. 1 de la Decisión Marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001 (DOCE del 22), relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal –en adelante DM– se trata de la persona física que haya sufrido un perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por un acto u omisión que infrinja la legislación penal de un Estado miembro. A continuación, esta norma europea regula cuáles son estos derechos:

 
¿Qué es la política criminal?A grandes rasgos, es el conjunto de medidas que un Estado adopta con el objetivo de hacer frente a la criminalidad. Podríamos decir que sus principales notas características son:

1) Abarca muchos aspectos de nuestra vida (jurídicos, sociales, económicos, laborales…) porque no se trata -por ejemplo- de limitarse a encerrar a los narcotraficantes en una cárcel, sino de solucionar el problema de las drogas, ayudar a los afectados y a sus familias, crear centros de asistencia, contratar personal, habilitar partidas presupuestarias, etc.
Página 4 de 4