Basado en una investigación de Jorge Ramiro Pérez, Javier Merino, Paula Arnay,  Irene Bachiller, Cristina Domingo,  Joaquín Gamero,  Jorge García, Maddi Suárez y Carlos Mediero[1].

Hoy traigo a Criminología y Justicia un artículo que no está escrito por mí sino por un lector de mis trabajos que es, ya, amigo mío. Pepe Moreno es agente de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). No es nuevo en esto: ingresó en el Cuerpo antes de que este fuese una fuerza civil, por lo que hoy se encuentra, debido a su edad, próximo al final de su carrera policial. Moreno ha trabajado en las ciudades más grandes del país en los momentos más duros del terrorismo de ETA, años que coinciden, además, con etapas de muchas incidencias armadas con delincuentes comunes (atracos diarios). No conozco a Pepe más que de leer sus atentos comentarios en mi blog y de aprender de sus amplios correos electrónicos. Pero a decir verdad ya le he puesto cara: en mayo tuvo a bien realizar varios cientos de kilómetros para estar en la presentación de En la línea de fuego: la realidad de los enfrentamientos armados. Aquel evento, el primer acto de presentación de la obra, se celebró en la Escuela Nacional de Policía, en la academia del CNP. Atentos a lo que hoy nos cuenta Pepe, con quien me hubiese encantado compartir horas de radio-patrulla.

Ernesto Pérez Vera

Tras haber vivido la experiencia del encarcelamiento en su propia piel, el noble inglés John Howard dedicó su vida a abogar por la reforma de las prisiones y la mejora de las condiciones de vida de los presos. Su obra “El Estado de las prisiones en Inglaterra y Gales”, publicado en 1777, constituye una obra clásica y el inicio de una corriente de humanitarismo penal que llega hasta nuestros días. La asociación benéfica inglesa “Howard League for Penal Reform” fue creada en el siglo XIX para continuar el legado de John Howard y continúa siendo hoy en día la más importante organización dedicada a la reforma del sistema penal. Sus tres objetivos principales son lograr “menos crimen, comunidades más seguras y menos gente en prisión”. Para ellos estos objetivos están relacionados ya que “se gasta demasiado dinero  en un sistema penal que no funciona, no hace que nuestras comunidades sean más seguras y no logra reducir la reincidencia.” Reducir el número de personas en prisión es, por tanto, una manera de luchar contra el crimen. Esta organización considera que las personas que han cometido delitos deben arreglar el mal causado y deben cambiar sus vidas, pero creen que la forma de lograr esto no es la prisión sino otras medidas que no segreguen al infractor de la comunidad.

Con las últimas reformas del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ordenanzas Cívicas en algunos ayuntamientos y todo el elenco legal disponible se empeñan en vendernos que así conseguiremos prevenir la delincuencia. Mi contribución en estas líneas será explicar por qué no va a funcionar y comentar brevemente qué es lo que se ha demostrado que puede funcionar desde el conocimiento de la Criminología.

El escándalo de PRISM es solo la gota que ha colmado el vaso.

Obama dijo que no era posible contar con un 100% de seguridad y un 100% de privacidad. Pero lo que está en la mesa sigue sin garantizar la seguridad, y deja la privacidad en un 0%. Debates políticos supuestamente discutidos sobre la importancia del secreto de las comunicaciones se han saltado a la ligera. Internet ha sido un azote para los gobernantes que siempre han querido apropiarse de ella (y  lo han hecho) conscientes de que era algo que escapaba a su control. Se ha conseguido magnificar a tales niveles la importancia de la seguridad nacional y la obsesión por el control que se han generado gobiernos de neuróticos capaces de saltarse cualquier normativa legal apelando a quién sabe qué amenaza. Estados Unidos es el caso más paradigmático, capaz de espiar hasta a su propia sombra con tal de guardarse ante cualquier ataque.

Para reconocer la magnitud de la violencia urbana, por quinto año consecutivo, la organización civil mexicana Seguridad, Justicia y Paz ha publicado su informe sobre las 50 ciudades con más de 300.000 habitantes que tienen la tasa de homicidios más elevada de todo el planeta. El objetivo que persigue este polémico ránking es llamar la atención sobre el crecimiento de la violencia en las urbes, particularmente en México y en América Latina, para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los gobernados, de garantizar su derecho a la seguridad pública. El listado lo encabeza San Pedro Sula (Honduras) con una tasa de 169,30 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes; seguida de Acapulco (México), Caracas (Venezuela), Distrito Central (Honduras), Torreón (México), Maceió (Brasil), Cali (Colombia), Nuevo Laredo (México), Barquisimeto (Venezuela) y João Pessoa (Brasil). Cierra el listado de las cincuenta ciudades más violentas, Barranquilla (Colombia) con una tasa de 29,41.

Hace unos días me preguntó un conocido que si los controles de tráfico que hacían los agentes de la Policía Local (PL) de su ciudad eran legales. Dijo que eran una molestia para los ciudadanos de orden. Al parecer lo entretuvieron unos treinta segundos en las inmediaciones del Corte Inglés, cuando él circulaba en dirección a su domicilio. Dice que solamente le pidieron el permiso de conducir (mal llamado carné de conducir) y que tras mostrarlo le dijeron que podía continuar. Lo normal: el ciudadano respondió bien al legítimo requerimiento de un agente de la autoridad, no presentaba caracteres sospechosos en su persona o vehículo y por eso se pasó al “gracias, señor, puede usted continuar”. Al parecer ni en la zona de registro lo llegaron a meter. Intuyo que habría poco tráfico y que el policía que hacía funciones de selección hizo la somera comprobación de indicios.

A partir del texto de la Declaración sobre la Policía (Resolución 690) que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el 8 de mayo de 1979, el Consejo de Ministros español acordó publicar la Orden de 30 de septiembre de 1981 con los veintiocho principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [Guardia Civil y Policía Nacional] que, como nos recuerda el Art. 104 de la Constitución de 1978, tienen encomendada la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; por ese motivo, los tres primeros principios redundan en esa idea al afirmar que: 

Se considera al poder político como responsable directo de mantener la seguridad pública, empero, no es sólo responsabilidad única de éste, la sociedad ha olvidado que las personas que actualmente ostentan dicho poder, son servidores de la sociedad, que en ocasiones actúan de manera irresponsable contra la criminalidad, la sociedad por medio de sus instituciones ha dejado de ejercer su función en la formación de sujetos, que se inspiren en la vida y no en la muerte para alcanzar sus logros, sujetos que carecen de  toda empatía hacia sus semejantes, los delincuentes son “hijos de la sociedad”, hijos que no han tenido la debida atención temprana y que se convierten en sujetos nocivos de su propio origen: la sociedad.

El número de septiembre del journal Criminal Justice Review[1] (uno de los más prestigiosos en el mundo sobre criminología) trae un artículo curioso. Dos destacados autores (Farrington y Cohn) entregan una nueva versión del Quién es quién en la criminología mundial, que en este caso quiere decir la anglosajona.  El paper cuenta quiénes fueron los autores más citados el año 2005 en 20 revistas criminológicas norteamericanas e internacionales, que ahora quiere decir Europa más Australia. Luego, el trabajo compara este ranking con las versiones de 1990, 1995 y 2000. Una de las constataciones adicionales que realizan se refiere al impacto en las políticas públicas que han tenido los autores más citados. Enumeran diferentes iniciativas en distintos países del mundo que tuvieron su origen en estas investigaciones.

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