Tomás Montero

Tomás Montero

 

Segovia (Castilla y León | España 1965).

 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.

Profesor de derecho Penitenciario en la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid desde 2002.

Experto en derecho penal juvenil y derecho penitenciario.

Miembro del Comité de Expertos de la Revista Infancia, Juventud y Ley.

Vocal y miembro fundador de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa.  

Experto de la Unión Europea en misiones de corta duración en Venezuela (2003), Polonia (2005) y El Salvador (2010).

Colaborador habitual en publicaciones, jornadas, seminarios y cursos.

Libros publicados:

- “La justicia penal juvenil en España: legislación y jurisprudencia constitucional”, Editorial Club Universitario, Alicante 2006.

- “Compendio de legislación y jurisprudencia penitenciaria”, Editorial Club Universitario, Alicante 2008.

- “La justicia juvenil en España: comentarios y reflexiones”, Editorial La Ley, Madrid 2009.

- “Legislación penal juvenil comentada y concordada”,  Editorial La Ley, Madrid, 2011.

Los “ninis” están de moda. Algunos estudios que en las últimas fechas se han publicado alertan y alarman de esta realidad social que pone, injustamente todo hay que decirlo, en tela de juicio a nuestra juventud.

Pero este artículo no pretende llevar a cabo ningún análisis, ni ninguna valoración de este fenómeno, y si apuntar algunos efectos negativos derivados de medidas legislativas con pretensiones resocializadoras, que se están convirtiendo en un problema personal para quienes son beneficiarios de las mismas y, en ocasiones, además en un problema familiar.

El pasado día 24 de agosto publicaba en este mismo medio unas rápidas reflexiones sobre la progresión a tercer grado de tratamiento del etarra José María  Uribechevarria Bolinaga, en las que defendía que su clasificación en tercer grado no era un imperativo legal, algo que el Ministro de Interior defendió vehementemente en los días siguientes, afirmando de forma tajante, no insinuando, que otra decisión hubiera supuesto una prevaricación.

En mis notas manifestaba que si bien la progresión podía sostenerse legalmente, existían tantos o más motivos para, con la ley en la mano, defender la solución contraria, por lo que nos encontrábamos ante una decisión de marcado cariz político más que jurídico, y que la misma se insertaba en la estrategia del gobierno en esta materia.

La concesión del tercer grado de tratamiento, como antesala a la concesión de la libertad condicional, al miembro de ETA Iosu Uribetxeberría, está levantando un importante revuelo en la sociedad española, encontrándose en los medios de comunicación opiniones diversas sobre la decisión adoptada por el Ministerio del Interior.

Unos, los que provienen del entorno gubernamental, defienden la decisión como una “decisión debida por imperio de la ley”. Junto a ellos se suman otras fuerzas políticas que siempre han querido dejar la puerta abierta, aún a riesgo de que se escaparan, para favorecer un proceso de fin de violencia.

Desde el año 1990 la población penitenciaria española ha mantenido una progresiva tendencia al alza, pasando de 33.058 internos a último día de ese año a 76.079 a 31 de diciembre de 2009, llegando hasta los 76.951 internos en mayo de 2010, fecha en la que se inicia una inflexión que ha llevado a un descenso del número de personas privadas de libertad, que en diciembre de 2011 se situaba en 70.472.

Una interpretación del caso Urdangarin

La imputación del marido de la Infanta, D. Iñaki de Urdangarín, permite abrir muchos debates, no solo jurídicos, sino también político-sociales (y, por qué no, éticos).

Una conducta, “inapropiada” cuando menos, ha abierto el debate sobre la monarquía en España. Resulta irónico que un vasco afincado en Cataluña pueda haber sido el “causante” del mayor daño a la  monarquía en nuestro país, siempre tan cuestionada desde ámbitos nacionalistas, quizá por lo que significa de unidad, como respetada por todos (incluidos éstos) por su brillante papel en la consolidación de la democracia.

Que la historia se repite es algo más que una frase hecha. Que cada vez que un nuevo gobierno toma posesión sus ministros se presentan ante las Cortes, a petición propia, para exponerles sus intenciones, o como más gusta de utilizar para exponer las líneas generales de la política de su departamento, es una tradición que lleva implícito el anuncio de grandes cambios que permitan atisbar la impronta personal que se quiere dar, impronta que además debe ser coherente con un programa electoral en el que en la mayoría de las ocasiones no han tenido ocasión de participar. Y ahí es donde se inicia el equilibrio en el alambre. Respectar lo escrito en un anuncio medido del que todos guardarán nota para pasar factura si se incumple y para abrir la caja de los truenos buscando cualquier argumento con el que mostrar las “insanas” pretensiones del anuncio.

  •             Tomás Montero nos presenta la primera de una serie de entrevistas realizadas en su estancia en Chile  el pasado mes de abril.

  • Rolando Melo Latorre es el actual Director del Servicio Nacional de Menores de Chile (Sename), cargo en el que lleva escasos seis meses.

Rolando es titulado en la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Católica de Valparaíso, tiene experiencia laboral en la Corporación de Asistencia Judicial de San Miguel, fue fiscal adjunto en la Región de la Araucanía y en 2003 pasó a la Fiscalía Regional de Valparaíso, donde fue fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Local de Viña del Mar.

Tuve ocasión de conocerle personalmente en el mes de abril. Es una persona que transmite confianza y seguridad en lo que hace y siempre parece ir un paso por delante, denotando que sus decisiones no son fruto de las urgencias del momento sino de una pausada y profunda reflexión. Hoy ha accedido a hablarnos de su experiencia al frente del Sename.

Tomás Montero  entrevista a Ricardo Pérez-Luco

 

Ricardo Pérez-Luco Arenas es la cara visible del proyecto “Estrategia ecosistémica especializada de intervención diferenciada para la integración psicosocial de adolescentes infractores de ley” que desde 2008 ha venido gestándose, y que ha tenido en 2011 su gran puesta en escena a nivel internacional, con la organización de dos seminarios en Temuco y Santiago y un workshop en Pucón, consiguiendo juntar en Chile a destacados profesionales de Norteamérica, América Latina y Europa.
Es psicólogo de profesión y está dedicado a la docencia, impartiendo sus enseñanzas desde 1989 en la Universidad de La Frontera (UFRO), una de las cinco Universidades más prestigiosas de Chile.

Pasadas unas semanas de la vorágine que supuso la organización de esos macro eventos, nos hemos sentado con él a recordar y reflexionar sobre el camino que ha seguido el proyecto.

Tomás Montero entrevista a Francisco Estrada

Francisco Estrada es una de las personalidades de mayor prestigio en Chile en el mundo de la justicia penal adolescente, a la que ha dedicado gran parte de su carrera profesional. Conocido, respetado y apreciado, ha sabido siempre anteponer el desempeño profesional a las ideologías políticas, sin necesidad de esconder sus ideales, lo que hizo que el vigente gobierno le nombrara Director del Sename, puesto en el que permaneció durante ocho meses.

Tomás Montero entrevista a Jorge Jouroff 

Jorge Jouroff fue Gerente General del Sistema de Medidas para Jóvenes en Infracción de Uruguay (SEMEJI) desde octubre de 2009 a abril de 2011. Persona pausada, reflexiva, amante de la eficacia y de las decisiones guiadas por el análisis, es un excelente gestor y un experto en temas de seguridad. Ha accedido amablemente a concedernos una entrevista para hablar de la delincuencia juvenil en su país, en unos momentos en que están abiertos algunos debates y donde desde algunas instancias se demandan algunos cambios.