Tomás Montero

Tomás Montero

 

Segovia (Castilla y León | España 1965).

 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.

Profesor de derecho Penitenciario en la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid desde 2002.

Experto en derecho penal juvenil y derecho penitenciario.

Miembro del Comité de Expertos de la Revista Infancia, Juventud y Ley.

Vocal y miembro fundador de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa.  

Experto de la Unión Europea en misiones de corta duración en Venezuela (2003), Polonia (2005) y El Salvador (2010).

Colaborador habitual en publicaciones, jornadas, seminarios y cursos.

Libros publicados:

- “La justicia penal juvenil en España: legislación y jurisprudencia constitucional”, Editorial Club Universitario, Alicante 2006.

- “Compendio de legislación y jurisprudencia penitenciaria”, Editorial Club Universitario, Alicante 2008.

- “La justicia juvenil en España: comentarios y reflexiones”, Editorial La Ley, Madrid 2009.

- “Legislación penal juvenil comentada y concordada”,  Editorial La Ley, Madrid, 2011.

El día 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificaba el Código Penal. Fue su vigésimo quinta modificación si las cuentas no me han fallado (y no la última pues volvería a ser modificado por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero) desde su publicación en 1995.

En el primero de esta serie de artículos dedicados a dar a conocer los datos que sobre la delincuencia juvenil ha publicado el Instituto Nacional de Estadística a finales del pasado mes de septiembre, a partir de la información que suministra el registro de sentencias, tuvimos ocasión de ver la evolución de esta delincuencia en España entre 2009 y 2010, y como había aumentado el número de menores condenados y el de infracciones cometidas por estos.

El pasado 27 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los resultados provisionales de la estadística de menores con datos referidos a 2010.

En ella analiza la información recogida en el registro de sentencias de responsabilidad penal de los menores, donde se inscriben las sentencias firmes dictadas por los jueces de menores y que en la actualidad es la única fuente que permite un conocimiento global de la evolución de la delincuencia juvenil en España, pues otras fuentes como la estadística de menores infractores que elabora el Observatorio de la Infancia, a parte de la demora en su publicación, no cuenta con información homogénea del total del territorio nacional, además de contar con importantes lagunas metodológicas que hace que los datos que aporta no sean del todo fiables. Tampoco la información aportada por la Fiscalía General del Estado en sus memorias, ni por el Ministerio del Interior en su informe anual cuentan con el rigor necesarios, si bien si pueden ser indicativos de tendencias.

            El pasado mes de febrero publiqué la primera entrega de esta serie de pequeños artículos que tratan de dar a conocer algunas expresiones propias del mundo penitenciario.

 

Como cada grupo social, la subcultura carcelaria ha generado, con el paso de los años, formas de expresión propias, un lenguaje que permite a sus miembros sentirse parte integrante de un grupo y que de alguna manera contribuyen a distanciarse del personal penitenciario, con el conviven   a diario.

En un artículo publicado en este diario el pasado 18 de junio, titulado “Mentiras y verdades sobre los menores delincuentes”, apuntaba la necesidad de reformar algunos aspectos de la ley reguladora de la responsabilidad penal del menor, la popularmente conocida como ley del menor.

Entre los contenidos a reformar citaba expresamente el artículo 11, que regula el tratamiento en los casos de pluralidad de infracciones.

Ramón Barrios Serrano es un joven de 18 años que el pasado 9 de julio falleció en el Centro Teresa de Calcuta de la Comunidad de Madrid, cuando cumplía una medida de permanencia de fin de semana impuesta al amparo de la popularmente conocida como ley del menor.

Sus causas aún no han sido esclarecidas y en el momento de escribir estas líneas estaba pendiente la petición de la familia de que se llevase a cabo una segunda autopsia, al no mostrarse conformes con que su muerte fuera por causas naturales.

¿Es necesaria una reforma de la Ley?

Leo con detenimiento el artículo de mi compañero en este medio Juan Antonio Carreras, titulado “Menores asesinos”, publicado el pasado 12 de junio. La deformación profesional me lleva a ser un ávido lector de todo lo que tiene que ver con la justicia juvenil.

Algunas ideas para parecerlo


 

Según cuenta Plutarco en sus "Vidas paralelas", un rico patricio romano estaba enamorado de Pompeya, la mujer de Julio César, y aprovechando una fiesta se coló disfrazado en la casa de éste, siendo descubierto, apresado, juzgado y condenado por la doble acusación de engaño y sacrilegio. Como consecuencia de este hecho, César reprobó a su mujer, a pesar de estar seguro de que ella no había cometido ningún hecho indecoroso y que no le había sido infiel, pero afirmando que no le agradaba el hecho de que su mujer fuera sospechosa de infidelidad, porque no bastaba que la mujer del César fuera honesta, también tenía que parecerlo.

El vocabulario del hampa fue el título de un trabajo publicado por Luís de San Eustaquio López en el nº 238 de la Revista de Estudios Penitenciarios que era la primera parte de una trilogía sobre el lenguaje de los marginados. En él recogía y ordenaba alfabéticamente términos habitualmente utilizados por los presos, indicando su significado. Muchos de estos términos son también utilizados coloquialmente por el personal penitenciario, a veces para acercarse más a los presos en sus relaciones cotidianas, otras porque el lenguaje ha calado en las cárceles más allá de los internos.

La necesidad de modificaciones en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores

 

En estas semanas se ha hecho pública la condena de los dos secuestradores del atunero español “Alakrana”, que fueron detenidos y traslados a España.

 

Lejos parece quedar el ridículo que el gobierno podía haber hecho cuando se cuestionó la mayoría de edad de alguno de ellos. En muy pocos casos se ha invertido tanto tiempo y tantos esfuerzos para acreditar que un extranjero indocumentado era mayor de edad. Generalmente, las dificultades científicas para hacer una determinación de edad hacen que la misma se fije dentro de una horquilla, que en su extremo inferior sitúa a la persona por debajo de la minoría de edad y en su extremo superior por encima de dicha edad, considerándose automáticamente a la persona como menor de edad (Circular 2/2006, de 27 de julio, de la Fiscalía General del Estado). En el caso del “Alakrana”, esto hubiera supuesto la imposibilidad de enjuiciarle en España por esos hechos, la obligación de ponerlo en libertad y de repatriarle o acogerle en un centro de protección.