Tomás Montero

Tomás Montero

 

Segovia (Castilla y León | España 1965).

 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.

Profesor de derecho Penitenciario en la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid desde 2002.

Experto en derecho penal juvenil y derecho penitenciario.

Miembro del Comité de Expertos de la Revista Infancia, Juventud y Ley.

Vocal y miembro fundador de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa.  

Experto de la Unión Europea en misiones de corta duración en Venezuela (2003), Polonia (2005) y El Salvador (2010).

Colaborador habitual en publicaciones, jornadas, seminarios y cursos.

Libros publicados:

- “La justicia penal juvenil en España: legislación y jurisprudencia constitucional”, Editorial Club Universitario, Alicante 2006.

- “Compendio de legislación y jurisprudencia penitenciaria”, Editorial Club Universitario, Alicante 2008.

- “La justicia juvenil en España: comentarios y reflexiones”, Editorial La Ley, Madrid 2009.

- “Legislación penal juvenil comentada y concordada”,  Editorial La Ley, Madrid, 2011.

Los últimos años el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han venido a  establecer profundos cambios en criterios consolidados sobre la forma de computar los tiempos de cumplimiento de las condenas, modificando de forma sustancial las expectativas de muchos condenados.

 

  Primero fue el Tribunal Supremo quien por Sentencia de 28 de febrero de 2006 vino a establecer la popularmente conocida como “doctrina Parot”, en la que, sin que nadie le preguntara, determinó la forma en que habían de computarse los beneficios penitenciarios en los casos de condenas acumuladas al amparo del artículo 70 del CP de 1973. Este criterio acercaba a los condenados por ese Código a lo previsto en el artículo 78 del nuevo tras la reforma llevaba a cabo por la ley para el cumplimiento íntegro y efectivos de las penas.

Leo con sorpresa, en el diario El Mundo del día 9 de marzo, que muchos eurodiputados tienen por costumbre todos los viernes fichar en el Parlamento a primera hora de la mañana para, acto seguido, dirigirse al aeropuerto y regresar a sus países, lo que les permite cobrar una dieta de 304 euros por trabajar ese día. Entre ellos aparece una eurodiputada del PSOE.

El Boletín Oficial del Estado nº 55, de 5 de marzo de 2011, ha publicado el Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y se reduce el límite genérico de velocidad para turismos y motocicletas en autopistas y autovías.

Uno de los debates más intensos y con menos trascendencia social que vivió la ley penal del menor en nuestro país fue su financiación. Aprobada con el partido popular en el gobierno en el año 2000 fue objeto de críticas por el partido socialista en la oposición   al entender que no se garantizaban los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las labores de «resocialización y reeducación», un aspecto a su juicio imprescindible para que la ley cumpliera su función.

La política criminal en España ha estado presidida, en los últimos años, por el principio de “tolerancia cero”, lo que se ha traducido en un progresivo aumento de la dureza de nuestro sistema penal, fruto de las continuas reformas que ha experimentado el Código Penal, y que se inició con su publicación que vino a suponer una aparente reducción de las penas previstas para los delitos. Y digo aparente porque la minoración de su duración se acompañó, acertadamente, de la desaparición de la redención de penas por el trabajo, cuya aplicación se había ido degenerando con el paso de los tiempos, hasta convertirse en un “café para todos”, perdiendo el significado que en sus orígenes había tenido.

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