Me resulta sorprendente que en pleno siglo XXI haya que explicar a determinadas personas, a las que se les presupone cierto nivel de cultura, que no de inteligencia, la tipología criminal para que dejen de sembrar dudas y rencores que por otro lado es lo que desean para justificar según qué determinadas posiciones, actitudes y decisiones.

Grecia fue escenario de un episodio de la Guerra Fría que enfrentó al bloque soviético con el estadounidense porque el Gobierno de Wáshington apoyó a la dictadura de la llamada Junta de los Coroneles (1967-1974). En ese contexto, un año más tarde, la revista CounterSpy reveló la identidad del agente Richard Welch como jefe de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) en la delegación de Atenas, donde había sido destinado hacía tan solo seis meses. 

“El Consejo General del Poder Judicial aboga por destipificar ciertas faltas penales y apoya una cultura de resolución de conflictos basada en la mediación, conciliación y arbitraje”

Cuando una persona que se dedica a la Justicia Restaurativa y ha sido juez como yo, lee este titular, en un principio puede estar contenta ya que el máximo órgano de los jueces, tiene claro o así lo parece, que no todos los conflictos se pueden resolver de forma más satisfactoria  en los juzgados.

Desde hace varios años a la actualidad, se ha visto un incremento en la comisión de hechos delictivos, no sólo en las grandes urbes, sino también en diversas ciudades más pequeñas del interior de nuestro país.

Lejos de que esto pase desapercibido, los medios masivos de comunicación (radio, periódicos, blogs de noticias, televisión) se han hecho eco de este fenómeno en crecimiento, aumentando el espacio dedicado a estos temas en sus distintas producciones. Tal es así, que este aumento de bombardeo mediático dedicado al fenómeno de la criminalidad, por un lado, da cuenta del crecimiento exponencial que ha sufrido este fenómeno en los últimos años; y por otro lado, da cuenta también de que el problema de la criminalidad es un tema candente en las agendas del Gobierno, sea Central, Regional, o Local.

Adolphe Quételet(1796-1874) nació en uno de los rincones más disputados de la Europa del siglo XVIII –en la hermosa ciudad de Gante (actual Flandes, Bélgica)– que después de ser español, formó parte de los Países Bajos Austriacos hasta que las tropas revolucionarias francesas lo anexionaron a su país en 1794; haciendo frontera por el Norte con la República de Batavia (hoy en día, Holanda) y al Este con una extensa confederación de pequeños estados que, con el tiempo, se convertirían en Alemania. La propia familia de Quételet procedía de dos regiones vecinas: su padre de Picardía (Francia) y su madre de Brabante (Bélgica).

Esa inestable geografía política puede que fuese el motivo que convirtiera al joven Adolphe en un afamado cartógrafo; además de astrónomo, matemático, botánico, sociólogo y creador de la estadística moral y de la idea del presupuesto del crimen destinado a presidios y cadalsos. En su polifacética obra, defendió la teoría de que los crímenes se producían con una regularidad y constancia predecibles y que, por lo tanto, podían ser pronosticados mediante un estudio estadístico que permitiera incidir en aquellos factores que inducían al sujeto a delinquir.

Fruto de estos planteamientos formuló las curiosas leyes térmicas que, básicamente, condicionaban la comisión de determinados actos delictivos con las incidencias del clima, afirmando lo siguiente: 1) Que los delitos contra los bienes y el patrimonio se cometen más en invierno que en verano; 2) Que, al contrario, los delitos contra las personas se producen más en verano; y 3) Que, frecuentemente, en primavera se llevan a cabo más delitos sexuales.

Otro autor que tuvo en cuenta la influencia de las variaciones meteorológicas en la comisión de los delitos fue su coetáneo el francés André-Michel Guerry (1802-1866). Este abogado de Tours llegó a las mismas conclusiones que el estadístico flamenco (en verano priman los delitos contra las personas mientras que en invierno sobresalen los del patrimonio) pero al analizar las tasas de criminalidad de Francia, concluyó que al Norte de su país (donde se concentraba la riqueza), los delitos patrimoniales duplicaban a los personales; mientras que, al Sur (más empobrecido) ocurría exactamente lo contrario; lo que, según este autor demostraba que las tasas de criminalidad se incrementaban al mismo tiempo que se elevaba el nivel de vida. En 1829, realizó un extenso ensayo sobre la relación entre el clima, los ingresos hospitalarios y las tasas de suicidio.

Primer índice de seguridad ciudadana de la  Universidad Camilo José Cela

Este año, después de meses de trabajo, el Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela,  a través del Proyecto de Investigación “Ángeles Custodios”,se honra en presentar el Primer índice de Seguridad Ciudadana con el que se quiere ayudar a empresas, personas, entidades, fuerzas políticas y ciudadanas  en general,  a la hora de determinar si España es más segura este año que el anterior, o  lo es menos, para que se tomen las decisiones pertinentes.

Según los indicadores, de una forma por primera vez científica e independiente, criminólogos profesionales analizan los datos de la criminalidad. Extraen consecuencias y proyectan sus indagaciones en cada uno de los apartados elegidos como futuros indicadores del índice queprecisa el establecimiento de  un AÑO CERO, que será  el presente, que a partir de ahora será el de referencia. También facilita la opinión de una serie de analistas contra la violencia de entre los líderes sociales.

“Una forma peculiar de camuflar como bromas lo que son verdaderos delitos”

Estamos en el mes de octubre y con él da comienzo un nuevo curso universitario, que viene acompañado, inexorablemente, de las habituales novatadas. Rituales por los que tienen que pasar los recién llegados al campus universitario. Este año el “acontecimiento” llega acompañado de cierta polémica por la constitución de asociación de padres para erradicar estas prácticas, que pide expresamente la posibilidad de contemplar estos rituales como delitos.

Ser consciente de la “real” situación penitenciaria en nuestro país no es tarea fácil. Todos los días nos informan en los medios de comunicación de noticias concernientes a procesos penales sobre diversos tipos delictivos que en la mayoría de los casos la sanción que llevan aparejados estos delitos es la prisión. Lo que no nos paramos a pensar, y tampoco se nos informa de forma taxativa en estos medios son las consecuencias que tal aumento de población penitenciaria está llevando consigo. No somos conscientes de que dicho aumento está provocando el desbordamiento de las instituciones penitenciarias españolas. No hay capacidad suficiente para encerrar a tanta población penitenciaria.

Como policía tengo la obligación cumplir y hacer cumplir las leyes; como estudioso de la criminalidad mi obligación es estudiar la ley y proponer soluciones para eliminar esos delitos o, por lo menos, disminuir las conductas criminales.

    Pocas leyes han generado tanta polémica en España como la Ley Integral de medidas contra la Violencia de Género (en adelante, LIVG). De hecho, se han presentado contra ella más de doscientas cuestiones de inconstitucionalidad realizadas por diferentes juzgados e instituciones.

    La LIVG lleva en vigor en España siete años y, aunque está concebida desde el punto de vista criminológico –digo criminológico porque es una de las pocas leyes existentes que ha intentado atajar un tipo delictual desde muy diferentes aspectos– no ataca el problema de forma exclusivamente penal a fin de crear lo que se ha dado en llamar cultura de género#; sin embargo, podemos decir que el principal objetivo de la LIVG –disminuir la cantidad de muertes producidas por hombres a mujeres dentro del ámbito familiar– no se ha conseguido, ya que el número de casos de muertes no solo no ha disminuido, sino que incluso se ha visto aumentado, motivo por el cual podemos hablar de fracaso o de nula efectividad de la Ley.

La Constitución de 1978 atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 104, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, misión que es desarrollada por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la que, en su apartado g, del artículo 11, se encomienda, entre otras misiones, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes.